Empresas no ven con buenos ojos registro

Los empresarios de Cochabamba no ven con buenos ojos el nuevo Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) al considerarlo innecesario y que sólo busca complicar a las compañías formales, pero dijeron que acatarán el empadronamiento.

El ROE, que requiere entre otros datos la cantidad de trabajadores dependientes, modalidad de trabajo, nivel salarial y otros, fue creado mediante decreto supremo aprobado el 19 de septiembre pasado y reglamentado el 21 del mismo mes.

Las empresas de todo el país tienen hasta el 21 de noviembre para registrarse y si no lo hacen serán multadas.

“Aunque no deja de ser molestoso, los industriales de Cochabamba vamos a empadronarnos en el ROE, aunque creemos que el Gobierno debería priorizar la formalización de los informales, acabar con el contrabando, liquidar la venta de ropa usada y crear ciertos incentivos para este sector productivo, que genera fuentes de trabajo”, dijo Laureano Rojas, presidente de la Cámara Departamental de Industria (CDI).

El Gobierno argumentó que el ROE servirá para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores.

Los privados, sin embargo, creen que se ejercerá un doble control porque ya existe el Registro de Comercio de Bolivia, en el que todas las empresas deben estar matriculadas obligatoriamente. Apuntaron que también presentan planillas a la Jefatura de Trabajo para dejar constancia de pago de salarios y número de trabajadores.

La norma
El decreto supremo 288 indica que todas las sociedades comerciales, empresas unipersonales, sociedades corporativas, asociaciones civiles y entidades públicas deben enviar a las jefaturas de Trabajo todos los datos sociolaborales de sus trabajadores o dependientes a la nueva entidad.

La jefatura regional informó ayer que el ROE se constituye en el único registro público de información sociolaboral y de carácter oficial y, por tanto, la información laboral existente en otros registros en funcionamiento actual y que dependen del organismo ejecutivo deben ser transferidos al ROE en un plazo máximo de 45 días, a partir del 10 de septiembre.

“Toda la información proporcionada por las entidades públicas y privadas en el ROE tendrá la calidad de declaración jurada para los efectos de Ley”, señala el inciso IV del artículo segundo de la norma y agrega que la información presentada debe ser actualizada, al menos, una vez cada semestre.

DATOS REQUERIDOS PARA EL PADRÓN

Los empresarios empleadores deben registrarse en el ROE presentando la siguiente información: nombre de la empresa, cantidad de trabajadores dependientes (tanto en las agencias centrales como en las sucursales), la modalidad de trabajo que desarrollan, generó, edad, nacionalidad, nivel salarial, personas con discapacidad empleadas y grado de formación profesional; así como otros aspectos de interés laboral.


Las empresas deben llenar un formulario de registro y pagar 80 bolivianos en una cuenta a nombre del Ministerio de Trabajo.

Empresas y usuarios quedan huérfanos

Este martes 7 una decena de superintendencias se extinguirán. Algunas pasarán sus funciones al Ejecutivo. Para expertos en el área, la regulación se politizará, perderá eficiencia y se debilitará. Para ex autoridades, Bolivia da un paso atrás en este ámbito.

Considerada en los años 90 como un ejemplo a nivel mundial, el sistema de regulación boliviano se verá afectado desde este martes 7 de abril por la extinción de una decena de superintendencias, tal y como lo estipula el Decreto 29894.

La norma establece que sus competencias y atribuciones serán asumidas por los ministerios correspondientes o por una nueva entidad a crearse por norma expresa. Para autoridades y ex representantes del sector y para operadores de servicios —que coinciden en que el trabajo de las Súper no fue el adecuado—, este hecho terminará por debilitar la regulación y afectará tanto a los operadores como a los usuarios. Además, convertiría al Estado en juez y parte al ser administrador de empresas y al mismo tiempo regular a la competencia de éstas.

“El cierre (de las Súper) representa volver al pasado, cuando no había una cultura de regulación en el país y era el Gobierno el que manejaba direcciones de telecomunicaciones o de electricidad. No regulaban, sino que hacían lo que les ordenaba el Gobierno. Así, ni el usuario ni el prestador de servicio ni el propio Estado tendrán una protección ni alguien que vele por el cumplimiento de la ley”, señala Claude Bessé, uno de los impulsores en 1994 de la creación de la ley que dio vida al Sistema de Regulación Sectorial (Sirese) y superintendente general en esa época.

“Ahora, con la desaparición del Sirese, será más fácil distorsionar la norma que establecía, entre otros, disposiciones antimonopólicas y de defensa de la competencia. Prácticamente todo ello va a desaparecer. En corto plazo, el mayor perjudicado será el usuario”, agrega el experto en el área.

El ex superintendente de Empresas Rolando Morales considera que la decisión del cierre de las Súper parte de una premisa errónea. “Es un paso hacia atrás. Es verdad que las superintendencias nacieron en el periodo neoliberal, pero nacieron con la idea de regular el libre mercado, para evitar abusos de las empresas y defender los intereses del consumidor y de empresas chicas. Fueron creadas para evitar excesos del neoliberalismo. Hoy se supone que se crearon sólo para apoyar al neoliberalismo. En todos los países del mundo hay entidades que norman y regulan las diferentes actividades económicas. La superintendencia vela, por ejemplo, que no suban los precios del agua. Cerrarla y debilitar la regulación es dar un paso atrás”, señaló la ex autoridad en una entrevista realizada antes de su destitución, este mes.

Para Morales, el ciudadano será afectado hasta que no se monte otro sistema fuerte de regulación.

Coincide en este tema el actual superintendente de Transportes, Wilson Villarroel. “Si no proveemos de mecanismos y procedimientos que hagan eficiente la administración pública y las Súper son absorbidas por la administración central, entonces en ese caso vamos a perder eficiencia. La tarea de control y regulación no será lo que esperamos y se debilitará la tarea regulatoria. Y quien ha de salir perjudicado no será la administración, será el usuario”.

Villarroel apunta a que el trabajo de regulación requiere de personal técnico especializado, trabajadores que fueron formados en las Súper desde los años 90 y que ahora, en el caso de las entidades que serán cerradas, no se conoce si pasarán al Ejecutivo.

Para el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Gabriel Dabdoub, “al pasar las Súper a ser direcciones de los ministerios, lo que sucederá es su politización total y la sustitución de personal calificado por simpatizantes políticos. Las Súper eran una instancia de apelación en la vía administrativa y un interlocutor válido para tratar temas muy especializados y complejos. Temas técnicos en materia tributaria, de telecomunicaciones, electricidad y otros. Con la eliminación de ellas tememos que ya no exista una contraparte adecuada para resolver los problemas”.

Otra de las preocupaciones de las empresas privadas es la actuación del Ejecutivo a favor de las empresas estatales. Apuntan a la última resolución que liberó a la estatal BoA de garantías por el ingreso de sus aviones. “Cuando desaparezca la autonomía de la Súper de Trasportes y pase a ser dependencia de un ministerio que controla a la DGAC y al mismo tiempo a BoA, eso será un desastre. Eso es muy peligroso. El Gobierno será juez y parte”, señaló el presidente de AeroSur, Humberto Roca.

ALGUNOS ACIERTOS de la regulación

Consumidor • El ex superintendente general Claude Bessé destaca como uno de los logros del sistema de regulación la creación de las Oficinas de Atención al Consumidor (Odeco). Sólo en las terminales del país, estas entidades registraron un cuarto de millón de casos desde el año 2006.

Recursos • Las superintendencias, en su gran mayoría, no significan ningún costo al TGN. Se financian a través de las tasas de operación, que eran canceladas por las operadoras o prestadores de servicios. Actualmente se desconoce si dichas tasas se mantendrán bajo la nueva estructura.


Entrevista

“Quien será perjudicado no es la administración, sino el consumidor”

WILSON VILLARROEL, superintendente de Transportes, señala que la regulación sectorial requiere de órganos altamente especializados.

Con cerca de una década de trabajo en el sistema regulatorio nacional, el actual superintendente interino de Transportes, Wilson Villarroel, considera que se podría debilitar la regulación sectorial con el cierre de las Súper. Para evitar ello, sugiere mejorar la eficiencia de la administración pública.

¿Fue negativo o positivo el trabajo de las superintendencias?
El modelo en sí mismo, más allá de las connotaciones de si fue positivo o negativo, o si era la expresión más cruda del neoliberalismo, no terminó de establecerse. En especial hablo del Sistema Regulatorio Sectorial (Sirese), que debió acompañarse de dos normas: la ley de la competencia, para establecer las reglas de juego en la que iban a ingresar todos aquellos que participaban en un determinado mercado de servicios, y la ley del consumidor, que tenía que sentar las bases institucionales para que desde el mismo Estado se promueva la organización de asociaciones de consumidores.



Los ministerios absorberán varias de las superintendencias...
En el caso de las superintendencias del Sirese, no parece ser tan sencilla esta solución. Se plantea actualmente un gran debate al interior del Poder Ejecutivo sobre el destino que se les dará.

En este caso son tres grandes grupos de problemas. La regulación en su sentido técnico, ¿quién la va a realizar? El tema financiero y presupuestario, ¿quién estará a cargo del nuevo órgano y qué pasará con la tasas de regulación? Y, finalmente, el orden de especialidad del personal y el conformar todo el entramado jurídico que requiere la regulación del mercado, tarea que supone intervención estatal de carácter administrativo.

¿No será juez y parte?
Ese es un debate relativo. No olvidemos que las superintendencias son también parte del Estado. Pero están bajo un régimen de autonomía de gestión. Nada impide a que finalmente estas tareas retornen a la matriz, al Poder Ejecutivo. Aunque reconozco que no parece que esta sea una opción deseable.

Si bien hace 20 años no habían órganos de regulación y el Estado era juez y parte, eso hoy en día dada la creciente complejización de las actividades en las sociedades, hacen necesarios órganos altamente especializados y que en su caso puedan tener equidistancia con lo que es el epicentro de la actividad política, el poder central y lo que es la prestación de servicios públicos por parte de operadores.

Si no proveemos de mecanismos y procedimientos que hagan eficiente la administración pública, y las superintendencias son absorbidas por ella, entonces en ese caso vamos a perder eficiencia. La tarea de control y regulación no será lo que esperamos y se debilitará la tarea regulatoria. Y quien será perjudicado no será la administración, sera el consumidor.

¿Qué motivó el cierre de las superintendencias?
Es una decisión política, al igual que el establecer órganos con singularidades autárquicas fue una decisión política. Fue una decisión política, lo dijeron los ministros. En el Plan Nacional de Desarrollo que fue el programa de gobierno con el que el Presidente ganó las elecciones, se estableció que las Súper iban a ser extinguidas. Ahora, que solamente esa sea la motivación y no existan otras de carácter técnico para mejorar la eficiencia, a mí me parece que es algo riesgoso.


La regulación sectorial en el país

El sistema boliviano fue un modelo a nivel mundial

En 1994, durante el proceso de capitalización, se inició en Bolivia la regulación sectorial. A través de una ley se creó al Sirese. Sin embargo, el proceso de designación de los superintendentes sectoriales se inició un año después.

“En su momento, el Sistema de Regulación Sectorial fue considerado el mejor sistema regulatorio del mundo. Hubo delegaciones de muchos países de África, de Asia y de América que vinieron al país a empaparse de este sistema. Incluso países como Tanzania copiaron el sistema”, recuerda Claude Bessé, quien trabajó en la elaboración de la ley del Sirese y dirigió la Superintendencia General.

Paradójicamente, según Bessé, fue durante el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada que se inició el debilitamiento del sector regulatorio.

“Creo que el momento en que se empieza a debilitar el sistema de regulación fue cuando se empezó a designar superintendentes interinos. Esto les restó poder porque debían hacer lo que el Gobierno que los eligió, y no (lo que) el Congreso les decía”, asegura.


Cuestionan la legalidad del decreto supremo

El ex superintendente de Empresas Rolando Morales señala que según la nueva CPE la labor de regulación del sector empresarial tiene que ser determinada por ley y no así por decreto, como el que estipula el cierre de superintendencias.

“En consecuencia, si otra entidad (como los ministerios) asume estas funciones, podría ser objetado por los agentes económicos y podrían lograr hacer un planteamiento de denuncia ante el Tribunal Constitucional”. Para la ex autoridad, entrevistada por este medio antes de su destitución, este hecho podría generar un vacío legal y de autoridad en el país.

El presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, Ramiro Monje, señaló que la medida gubernamental es ilegal. “Esta acción es violatoria pues en la anterior y en la actual Constitución se establece una jerarquía normativa; por lo tanto este decreto, inferior a la ley, no puede derogar, abrogar o modificar las mismas, sino mediante ley”, señaló Monje en un comunicado.


Varios proyectos y trámites quedarán truncados

Según el presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, Ramiro Monje, los productores, empresarios, operadores y entidades bajo la regulación de las distintas superintendencias se verán afectados con el cierre de las superintendencias. Monje señaló que se cuentan con trámites y procesos en curso ingresados antes del 7 de abril.

Por su parte, el ex superintendente de Empresas, Rolando Morales, sostuvo que en esta entidad quedará parado un proyecto de adecuación de las normas contables bolivianas a normas de carácter internacional. “Un programa de reforma financiera que nos iba a permitir logros importantes como la uniformidad en la presentación de los estados financieros que permite un control más importante de las empresas”, dijo.

Entre tanto, el ex presidente de la Cámara Forestal de Bolivia Pablo Antelo apuntó a que se pone en riesgo los avances en esta área del país de los últimos 12 años, después de la implementación de la Ley Forestal.

El nuevo Súper de Empresas es Bernardo Corro

Tras la renuncia irrevocable de Marco Méndez a la Superintendencia de Empresas, Bernardo Corro Barrientos fue posesionado en el cargo ayer por la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Patricia Ballivián.

La principal tarea del nuevo superintendente será llevar adelante el proceso de transición para el traspaso de la entidad reguladora al Ministerio de Desarrollo Productivo.

Marco Méndez renunció el jueves, asediado por acusaciones en sentido de que sería propietario del pub Van Gogh, que también funciona como casa de citas.

Tras posesionar a Corro, la ministra lanzó acusaciones contra Rolando Morales, que fue súper de Empresas hasta el viernes 13.

Según Ballivián, los informes preliminares de auditorías realizadas al ente regulador indican que durante la gestión de Morales, se cometió un daño económico de 1,6 millones de dólares. El Gobierno sacó a Morales sin mayores explicaciones.

El Súper de Empresas presenta su renuncia

A menos de una semana de haber sido posesionado, Marco Méndez Gutiérrez, acusado de ser propietario de una casa de citas, presentó ayer su renuncia irrevocable a la conducción de la Superintendencia de Empresas.

La carta de renuncia fue enviada a Patricia Ballivián, ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que el viernes 13 posesionó a Méndez en el cargo, con la misión de llevar adelante la transición del ente regulador hacia esa cartera de Estado.

“A partir de mi función para lograr los objetivos trazados, fui víctima de una serie de ataques destinados a mellar mi honorabilidad personal y dañar mi imagen en el ámbito profesional, aspectos que tuvieron como consecuencia una campaña mediática en mi contra...”, dice la nota.

El miércoles, un medio paceño sostuvo que Méndez era propietario del pub Van Gogh, que también funcionaría como casa de citas. Al respecto, el aludido sostuvo que es dueño del inmueble donde funciona el negocio.

Marco Méndez indicó que la supuesta “campaña mediática” en su contra se realizó “a partir de criterios emanados por personas que se sintieron desplazadas” por su nombramiento, en alusión a Rolando Morales, ex Súper de Empresas, que el miércoles anunció una demanda contra la ministra Ballivián por haberlo sustituido con un “proxeneta”.

A tres semanas de la desaparición de la entidad reguladora, se decidió el cambio de Morales y la intervención de la Súper, sin previo aviso ni explicaciones al entonces superintendente.

Superintendencia de Empresas amonestó a Cervecería Nacional

La Superintendencia de Empresas sancionó a la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) con una amonestación por ejercer conducta de abuso de posición de dominio en el mercado de la cerveza en las ciudades de La Paz y El Alto, a través de la imposición de la venta exclusiva de su producto.
La ‘Súper’ estableció, mediante la Resolución Administrativa SEP 157/2008, que la CBN cambió el producto de la Cerveza Auténtica por el suyo en el mercado paceño y alteño, por lo que conminó el cese inmediato de esa conducta, bajo advertencia de iniciar el proceso para sancionar.
Se multó, también, a la CBN con la suma de Bs 10.000 por haber obstaculizado ‘ maliciosamente’ el procedimiento administrativo iniciado en el marco de la denuncia formulada por la Compañía Cervecera Boliviana (Auténtica).
No fue posible comunicarse con los ejecutivos de la Cervecería Boliviana para conocer su opinión sobre la amonestación impuesta por la entidad reguladora./ANF

Súper investiga a 4 aceiteras y a PIL por práctica desleal

La Superintendencia de Empresas informó ayer que notificó a cuatro aceiteras y a la industria de leche PIL de que les iniciará una investigación por supuestas actitudes anticompetitivas.

Entre las compañías sujetas a ese procedimiento están Industrias Oleaginosas (IOL), Fino, Sao y Crisol.

El superintendente Rolando Morales informó a La Prensa que a partir de la notificación corre un plazo de entre 30 y 45 días, que se cumplirá a fines de julio, para revisar los costos de producción, balances y calidad del alimento, entre otros. Anticipó que se pretende recopilar información documental.

Uno de los objetivos es verificar, por ejemplo, si las empresas aceiteras se pusieron de acuerdo entre sí para fijar, manipular o establecer precios elevados en el mercado local (arriba de 60 bolivianos el galón de cinco litros), o en el caso de PIL, si se justifica el alza del valor de la leche (de 4,20 bolivianos el litro a 5 bolivianos), tomando en cuenta su ganancia neta y sus gastos operativos y en el marco de que es la única proveedora del rubro en Bolivia.

“Nosotros sólo vamos a intervenir cuando haya una presunción de una posición dominante del mercado o una actitud monopólica competitiva”.

El gerente general de PIL, Pablo Vallejos, aseguró que aún no recibió la notificación en ese sentido, sino una referida a la composición accionaria de la empresa. Por este motivo, todavía no se pronunciará sobre el asunto.

En Sao informaron que el Gerente General estaba fuera del

país y que nadie más podía emitir una opinión al respecto. Tampoco se logró conocer la versión de las otras compañías.

De acuerdo con Morales, vencidos los 45 días de investigación de la Superintendencia, las empresas tendrán un mes para presentar sus descargos. Según el reglamento que rige el procedimiento, el plazo probatorio puede ampliarse.

Si la reguladora confirma que hubo irregularidades, las firmas y sus ejecutivos serán sujetos a “multas de hasta el 10 por ciento de los ingresos brutos anuales del año anterior al inicio del procedimiento y sanciones de hasta el doble de la remuneración anual de las personas naturales responsables; también se establece una pena diaria de hasta 30 mil unidades de fomento a la vivienda (UFV), por el incumplimiento de resoluciones de la entidad reguladora a partir de su notificación.

El domingo, en una solicitada, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Gabriel Dabdoub, criticó las pesquisas de la reguladora, a las cuales calificó de “policiacas y de políticas”.

No obstante, la “Súper” aclaró que sus acciones se respaldan en el Decreto Supremo 29519, del 16 de abril de 2008, “que regula la competencia y la defensa del consumidor frente a las conductas lesivas que influyen negativamente en el mercado, provocando especulación en precios y cantidad”.

Además, se basa en la Decisión 608 de la Comunidad Andina (CAN), que norma las actitudes de competitividad en la región, y en las leyes 2427 y 2495, referidas a la misma temática.

El procedimiento para las investigaciones fue aprobado el 25 de mayo en el reglamento que elaboró el Ministerio de Producción y Microempresa y que posiblemente será presentado hoy.

Entre los aspectos que resaltan están, por ejemplo, las cláusulas de confidencialidad, previstas con el fin de salvaguardar los intereses de las compañías, pero también para que la reguladora no difunda aquello que considere que tiene un carácter reservado. El documento no precisa en qué casos se usará esta disposición (ver cuadro).

La norma prevé la confidencialidad

Artículo 9: (Prácticas anticompetitivas). Son los actos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo propósito o efecto sea cualquiera de los siguientes: fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios a otros ofrecidos o demandados en los mercados, o intercambiar información con el mismo objeto o efecto, entre otros.

Artículo 20: (Acceso a la documentación). Los agentes económicos que intervengan en el procedimiento y aquellos que acrediten un derecho o interés legítimo tendrán acceso a la documentación cursante en la Superintendencia. El expediente podrá ser examinado, salvo aquella información que la reguladora califique como confidencial.

Artículo 30: (Solicitud de reserva de la información). Los agentes económicos, objeto de investigación, podrán solicitar a la Superintendencia la reserva de la información, cuando se trate de secretos industriales, comerciales, estratégicos u otros protegidos por leyes especiales, su divulgación lesione indebidamente intereses de agentes económicos o del mercado.

Artículo 31: (Secreto profesional). La información de la reguladora sólo podrá ser usada para el fin para el que haya sido recabada.

Artículo 32: Se levantará la reserva cuando hayan desaparecido las razones por las cuales la información fue calificada como reservada, a solicitud del interesado o de un juez.

Empresas nuevas se dedican a los alimentos

Entre enero y lo que va de este mes se han creado en el país cuatro mil empresas, la mayor parte en el campo de la confección y elaboración de alimentos, informó ayer el superintendente de Empresas, Rolando Morales.
La autoridad indicó que este hecho se debe a que existe confianza en la economía y en el manejo administrativo por parte del Gobierno, a lo que se suma los buenos ingresos de recursos.
Sin embargo, aclaró que estos nuevos emprendimientos son pequeños y que se constituye en un llamado para las autoridades del Gobierno, quienes tienen el deber de fortalecer estas iniciativas.

Hospital de empresas tuvo pésimos resultados

Los resultados del “hospital de empresas” son pésimos, aseguró ayer el superintendente de Empresas, Rolando Morales Anaya, a propósito del programa diseñado en 2003 para recuperar la productividad empresarial en el país.

Ese criterio es un adelanto del informe final que presentará el Superintendente a fines de mes, sobre la auditoría al programa previsto en la Ley 2.495 y el Decreto Supremo 27.187, promulgados en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Según Morales, los 30 millones de dólares estadounidenses condonados a los empresarios para salvar sus empresas, y en consecuencia mantener empleos, no tuvieron ningún resultado, pues la mayoría de las compañías que se beneficiaron con este dinero están actualmente inactivas, otras están igual y el resto peor que antes.

“Este dinero le cuesta al pueblo boliviano, porque se trata de sus impuestos, sin embargo, es bueno precisar que el denominado hospital de empresas no tuvo los resultados esperados”, dijo.

El informe, que está en su redacción final y será presentado hasta fin de mes, establece que se gastó mucha plata para muy pocos resultados.

Las empresas que tenían procesos judiciales, administrativos y arbitrales, de contenido patrimonial, es decir, tenían serios problemas para continuar trabajando, podían acogerse a la Ley 2495, y su decreto reglamentario, y en consecuencia recibir dinero y facilidades para seguir desarrollado su actividad.

El artículo 8 del Decreto Supremo 27.187 precisa que una vez admitida la solicitud de reconversión productiva, la Superintendencia, mediante oficio, comunicará tal determinación a las autoridades que conocen los procesos judiciales, administrativos y arbitrales de contenido patrimonial, iniciados en contra del deudor y de éste en contra de sus acreedores, que hubiere declarado el deudor solicitante del procedimiento, quedando en suspenso todos los procesos en trámite de conformidad con lo establecido el artículo 6 de la Ley 2495.

Las autoridades judiciales, administrativas y arbitrales notificadas, en el día hábil siguiente a la recepción del oficio, dispondrán inexcusablemente y bajo responsabilidad civil y penal, la suspensión de dichos procesos por un periodo de noventa (90) días calendario, computables a partir de la inscripción de la Resolución Administrativa de admisión de la solicitud en el Registro de Comercio, continúa la norma.

Una vez admitida y registrada la solicitud del deudor en la forma establecida, no se podrá adoptar ninguna clase de medida precautoria sobre los bienes del deudor u otra medida que grave los mismos bajo sanción de nulidad, añade el decreto.

Ese procedimiento incluía los créditos con garantía de bienes de terceros, interrumpía la prescripción de los plazos procesales y el pago de intereses, para que las empresas retomen sus actividades productivas, lo que según la auditoría no ocurrió.

La “Súper” revisará ganancias y producción de las empresas

La Superintendencia de Empresas tiene potestad para revisar el proceso productivo y las ganancias de las compañías que operan en el país con el fin de evitar una conducta anticompetitiva en el mercado. Esta atribución está establecida en el Decreto Supremo 29159, emitido el miércoles por el Poder Ejecutivo.

Según la norma, la anticompetitividad se produce cuando una empresa o grupos reducidos de firmas fijan, elevan o manipulan precios de venta o de compra de bienes o servicios en los centros de expendio o restringen la producción.

Para determinar si alguna incurrió en esos hábitos, la reguladora “analizará las ganancias en eficiencia derivadas de la conducta que acredite y que incidan favorablemente en el proceso de competencia”.

El decreto “de Competencia y Defensa del Consumidor” señala que para establecer “las ganancias se tomará en cuenta la introducción de productos nuevos, el aprovechamiento de saldos, la creación de costos producto de nuevas técnicas y la producción de bienes y servicios diferentes con los mismos factores de producción, entre otros.

Las empresas que incurran en conductas anticompetitivas serán sujetas a sanciones penales y otras que van desde una amonestación hasta la cancelación del registro y revocatoria de la autorización, conforme a la gravedad de la infracción, acción u omisión.

El procedimiento de las inspecciones a las industrias y el de las penalidades será establecido por la reguladora y el Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO), encargado del controlar el peso de los productos, en un plazo de 30 días.

La medida tocará a las empresas de los diferentes rubros económicos en general, pero surgen en momentos en que el Gobierno cuestiona a las aceiteras (Industrias Oleaginosas S.A., el Grupo Romero, ADM Sao, entre otras) por no rebajar hasta 11,50 bolivianos el litro de su producto, cuando supuestamente sus réditos óptimos.

Con la nueva disposición, las empresas tendrán que presentar sus costos de operación y producción. Según el superintendente de Empresas, Rolando Morales, esto no es nuevo, ya que conforme al Código de Comercio, todas las compañías tienen que entregar sus estados financieros y sus balances al registro de comercio.

“El decreto, lo único que dispone es que la Superintendencia supervise ciertos y pocos sectores de la economía. Puede ser cualquiera en el que se observe actitudes monopólicas y oligólicas ”.

Un monopolio es cuando una sola compañía controla un determinado mercado y define precios. Por ejemplo, Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), que actualmente es regulada por la Superintendencia del Saneamiento Básico por ser un servicio público.

En cambio, un oligopolio, es cuando pocas empresas manejan un determinado rubro y se ponen de acuerdo para establecer una política comercial, por ejemplo, las azucareras.

“En caso de que se detecten monopolios y oligopolios —explicó Morales—, que son actitudes que están frenando la oferta y la demanda, entonces, en ese caso, el decreto da la potestad a la Superintendencia de regular los precios”.

“En los rubros del arroz, azúcar, aceite hay pocos productores, pero sí, son sectores que ameritan la supervisión para ver si están cobrando los precios que deberían cobrar, obviamente, que les permitan cubrir sus costos y que además les arroje un cierto porcentaje de beneficios, pero sin especular sobre el consumidor”.

Las inspecciones

La Superintendencia aseguró que para detectar las distorsiones en el mercado intervendrá de oficio o bajo una denuncia.

“El procedimiento —precisó Morales— es que iniciaremos las diligencias. Anunciaremos a las empresas que serán susceptibles de investigación que se les va a iniciar una indagación para que muestren sus libros, sus costos de producción, etc. (Luego) averiguaciones en el mercado sobre el tipo de prácticas que están utilizando y sobre esa base, vamos a sacar una resolución de carácter administrativa, ya sea dando cuenta de un acuerdo al que se llegue. Pero si eso no es posible, dando una sanción a los empresarios”.

Morales explicó que con la medida el Ejecutivo no controlará los costos. “No es poner precios a partir del Gobierno, sólo estamos hablando de algunos sectores en los cuales podamos identificar actitudes que van contra el consumidor. No debe entenderse como un intento de controlar todos los precios de la economía, sólo son algunos sectores que ameritan una supervisión especial”.

El funcionario precisó además que sólo Perú y Bolivia son los países que no tenían estos tipos de medidas de defensa del consumidor, previstas en la Decisión 608 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

El director de Ibmetro, Miguel Campos, anticipó que esa organización se encargará de verificar el peso de los productos, por ejemplo, si la bolsa de leche de un litro, pesa evidentemente, un litro o menos.

Bermejo tendrá su ingenio

El Poder Ejecutivo y la Federación de Cañeros de Bermejo concretaron este jueves una alianza para la construcción de un Ingenio Azucarero con su costo que podría superar los 30 millones de dólares.

Según ABI, el presidente Evo Morales en un acto público aseguró que después de revisar el proyecto a diseño final presentado por los cañeros de la región, junto a sus técnicos, consideran que la instalación de ese ingenio podría alcanzar 30 millones de dólares y no los 26 como lo estipula el proyecto presentado.

Aseguró que la iniciativa no tiene el propósito de atentar contra la propiedad privada u otras fábricas de la región, sino que responde a un pedido de los cañeros. "También los pobres tenemos derecho a hacer nuestro propio ingenio. No sólo las familias pueden tener su industria. Vamos a hacer asociaciones y cooperativas, lo cañeros tienen todo el derecho de tener sus propias fábricas".

El disposición que defiende al consumidor

SOBRE LAS COSAS USADAS

Cuando se expenda al público productos con alguna deficiencia, usados, reconstruidos o cuando se hayan utilizado partes o piezas usadas deberá informarse de manera visible alconsumidor. Si no advierte, los bienes se consideran nuevos.

VERACIDAD DE LOS PRODUCTOS

Está prohibida toda información o presentación dque induzca al consumidor a error respecto a la naturaleza, origen, modo de fabricación, componentes, peso, medidas, precios, forma de empleo, características de los productos ofrecidos.

RIESGOS PARA LA SALUD

Cuando luego de la introducción de un producto o servicio en el mercado se estableciera la existencia de riesgos no previstos, defectos o alteraciones que los conviertan en peligrosos para la salud o seguridad, el proveedor está obligado a notificar ese hecho en forma inmediata a la instancia pública correspondiente.

PRODUCTOS DEFECTUOSOS

El proveedor es responsable de los daños causados a la integridad física o la salud de los consumidores o a sus bienes por los defectos de los productos.

Un producto es defectuoso cuando no ofrece la seguridad a que las personas tienen derecho.

CONDUCTA ANTICOMPETITIVA

Cuando las empresas que no son competidoras entre sí y fijen, impongan o establezcan la comercialización o distribución exclusiva de bienes o servicios, “por razón de sujeto, situación geográfica o por periodos determinados, incluidas la división, la distribución o asignación de clientes o proveedores”

Cuando imponga la obligación de no fabricar, distribuir bienes, prestar servicios por un tiempo determinado.

Cuando se impogan precios y condiciones que un distribuidor o proveedor observe al comercializar, distribuir bienes o prestar servicios normalmente.

Empresarios podrán detectar si van rumbo a la quiebra

La Superintendencia de Empresas ha desarrollado un sistema que permitirá evaluar oportunamente la situación financiera y de gestión de las unidades económicas, a fin de prevenir posibles riesgos de quiebra.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Se denomina Sistema de Alerta Temprana (SAT) y fue diseñado por Gustavo Peredo Rojas. El consultor

explica que, además de la prevención de la quiebra empresarial, con este servicio, se apunta a coadyuvar a una mejora integral de todo el proceso de gestión dentro de una compañía.

A través de este mecanismo, empresarios de toda escala podrán acceder a un diagnóstico gratuito y confidencial para conocer la situación en que se encuentra su emprendimiento.

Peredo señala que el único requisito que se precisa para acceder a este servicio es estar inscrito en el Registro de Comercio. Aunque —agrega— para que el diagnóstico sea efectivo y se pueda detectar las áreas donde la empresa podría tener problemas, es necesario que los estados financieros que presente la empresa sean fidedignos.

El especialista precisa que el radar del SAT está estructurado en tres niveles analíticos a partir de los cuales se realiza el Diagnóstico Empresarial Integral.

La primera categoría de análisis tiene que ver con las áreas de la gestión empresarial, y está compuesta por cuatro especialidades: producción, finanzas, recursos humanos y mercado.

En el segundo nivel, se analizan las variables que componen a las cuatro áreas de la empresa. Por mencionar algunas, en finanzas, se verá el retorno esperado y en la especialidad de mercado, se analizará las carteras de clientes y proveedores.

La tercera categoría está conformada por indicadores que constituyen a las variables. Se obtienen a partir de los estados financieros y son cuantificables.

Gustavo Peredo sostiene que los diagnósticos se realizarán por iniciativa de las propias compañías. Indica que el sistema estará disponible en el sitio web de la Superintendencia de Empresas, por lo que no será necesario que los ejecutivos de un emprendimiento del interior vengan a La Paz para solicitar el servicio.

Cifras empresariales en la red

Una nueva fuente de información actualizada y oportuna sobre las actividades empresariales nacionales está disponible en el sitio web de la Superintendencia de Empresas.

Se trata del Sistema de Información Estadística Empresarial (SIEE), desarrollado con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Su principal fuente de información es el Registro de Comercio, explica Porfidia Ajata, consultora del ente regulador encargada del diseño del mecanismo.

La experta señala que los datos que brinda el SIEE son importantes para la toma de decisiones, tanto a nivel empresarial como gubernamental.

Ajata indica que el sistema se constituye en un incentivo a la formalización de las empresas, puesto que los emprendimientos que estén inscritos en el Registro de Comercio podrán acceder a un portal con información para la promoción comercial y la participación en ferias. A diciembre del 2007, el tejido empresarial contaba con 27.870 empresas.

EL SISTEMA

Niveles • El análisis a través del SAT permitirá establecer parámetros de cumplimiento y determinar en qué nivel del diagnóstico se halla la empresa: Esperado, Precaución o Riesgo.



Datos • El tipo de acreencia y monto de deuda de la compañía serán servicios complementarios que ofrece el SAT. Para más información, escribir a sat@superempresas.gov.bo.

La reguladora de empresas lanza un sistema antiquiebras

La Superintendencia de Empresas pondrá en ejecución el “Sistema de Alerta Temprana” para evitar la quiebra de las empresas. El beneficio será gratuito, voluntario y tendrá carácter confidencial.

El consultor encargado del diseño del proyecto Gustavo Peredo explicó que la estrategia permitirá realizar un diagnóstico integral oportuno de la compañía para prevenir posibles dificultades en su desempeño que en el corto, mediano y largo plazo pueda derivar en su cierre.

Para acceder al servicio, las empresas interesadas deberán presentar periódicamente sus estados financieros a la reguladora del sector.

Pueden participar las compañías grandes, medianas y pequeñas y de diferente razón social. Los requisitos son: estar inscritas en el Registro de Comercio de la Fundación para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa), presentar estados financieros anuales.

Peredo aseguró que una vez identificadas las dificultades de gestión, se darán sugerencias para que las empresas puedan corregir sus deficiencias.

El procedimiento

En base a los estados financieros, los técnicos realizarán una evaluación para detectar los problemas que puedan presentarse al interior de cada firma.

Ese examen permitirá verificar si la compañía se encuentra en un nivel esperado (luz verde), de precaución (amarillo) o de riesgo (rojo).

Para calibrar esas variables, la Superintendencia evaluará cuatro áreas: a) finanzas, b) producción, c) mercado y d) recursos humanos.

En el primer nivel se analizará los rangos de solvencia de la empresa: el equilibrio que debe existir entre los activos (bienes y cuentas a favor de la empresa) y pasivos (obligaciones), niveles de endeudamiento, ventas y capacidad de generación de utilidades.

En el caso de los mercados, se medirá la cartera de clientes, proveedores, cumplimiento de obligaciones, gastos de comercialización y ventas, que se debe contra un nivel adecuado. Esto para que la compañía no pase al semáforo amarillo o rojo.

En el tercer nivel se analiza el patrimonio, la inversión, la rotación de inventarios. En materia de recursos humanos se toman como parámetro los gastos operativos de personal, salarios, cargas sociales, seguros contra accidentes laborales y aportes a las Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

Según Peredo, si el personal está mejor “atendido” y motivado, eso generará un mayor rendimiento y coadyuvará a que las otras variables mejoren. Por ejemplo, a que las ventas crezcan, y con ello se obtengan utilidades superiores.

En base a este análisis se identificarán con precisión los problemas empresariales y la Superintendencia de Empresas podrá dar sugerencias para que las compañías interesadas las adopten si así lo quieren.

Según Peredo, además de la alerta temprana, el registro trae beneficios adicionales como la formalización de las empresas y el acceso a financiamiento