Aplicación de más tributos estimula la informalidad

Que el sistema impositivo de Bolivia ocupe el puesto 186 de 190 países evaluados por el estudio Doing Business del Banco Mundial, corrobora lo que, de hecho, perciben las empresas, los emprendedores o los profesionales: agobio por tantos e injustificados impuestos. Eso es lo que considera la Fundación Milenio.

Esa situación, según la institución, también sirve para entender por qué la informalidad en el país ha crecido vertiginosamente.

Para respaldar su afirmación, Milenio se respalda en cifras de la encuesta de hogares que revela que seis de cada diez trabajadores se emplean en la economía informal.


Y es que la informalidad tiene relación directa con la complejidad tributaria y con los riesgos que implica ser ‘formal’. Sobre todo, por las sanciones a las que están expuestas las actividades formales–se llega al absurdo de que sanciones que pueden haberse generado 10 años antes (plazo de prescripción)-, las cuales nunca prescriben, y al ser actualizadas continuamente se hacen impagables, sostiene la organización.

De ahí que la mora tributaria sea enorme y creciente, llegando al 10 por ciento del PIB. Lo insólito es que las autoridades de gobierno quieran arreglar el problema con ‘perdonazos’, que, por cierto, sirven poco o nada para aliviar las aflicciones de los contribuyentes, sentencia Milenio.

Solo unos pocos tributan

De acuerdo con declaraciones realizadas en el pasado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), del total de la población productiva del país, tan solo el 30% paga sus tributos, mientras que el saldo (70%) corresponde a sectores informales y ‘empresarios fantasmas’ que no pagan los tributos que exige el Estado.

Ante esa realidad, la CNC pide que sectores que en la actualidad no tributan sean incorporados al universo de contribuyente, no que se reduzcan los impuestos.

Crece recaudación tributaria

Entre enero y mayo de 2019, la recaudación tributaria del Mercado Interno (MI) creció un 7,9% con respecto al mismo periodo del año pasado, informó recientemente Mario Cazón, presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

El ejecutivo explicó que en los primeros cinco meses del año la recaudación del MI sumó Bs 16.960 millones, mientras que, en ese mismo lapso de la gestión pasada, llegó a Bs 15.720 millones.

Este dato corresponde a la recaudación por principales impuestos a mayo de 2019, que no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) ni el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados MI (IEHD MI).


Entre los impuestos de MI se encuentran el Impuesto al Valor Agregado (IVA MI), Impuesto a las Transacciones (IT), Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), entre otros tributos que el SIN controla, recauda y fiscaliza.

En Bolivia, contribuyentes pagan 15 impuestos más que el promedio de la región

Con nota baja, así calificó el Doing Business al sistema impositivo de Bolivia. El estudio elaborado por el Banco Mundial mide las regulaciones que afectan a 11 áreas de la vida de una organización, es decir, el clima de negocios.

Entre las variables que analiza el Doing Business se encuentra el pago de impuestos. En ese apartado, Bolivia está en el puesto 186 de 190 países evaluados. A escala general, el país se ubica en el puesto 156, cuatro menos que el año anterior.

De forma concreta, el informe del Banco Mundial, que fue analizado por la Fundación Milenio, precisa que en el país los contribuyentes pagan 42 diferentes impuestos durante un año, mientras, el promedio de América Latina es de 27,1 impuestos y de los países desarrollados, 11,2.

“En nuestro país las ‘horas persona’ destinadas al cumplimiento de obligaciones tributarias suman 1.025 en el año, mientras que el promedio en América Latina es de 330 horas, y en los países desarrollados es de 159,9 horas al año. Esa cantidad increíble de horas en Bolivia equivale a 128 jornadas al año de una persona a tiempo completo”, afirma el análisis de Milenio.

Economistas consultados ven la necesidad de modificar la estructura impositiva del país. En contra partida, el Gobierno informó de que el documento tiene errores de apreciación.

El estudio señala también que las empresas pagan en impuestos (nacionales, municipales y otros) el 83,7% del total de las utilidades. “Esta sería la cifra más alta del mundo. Entretanto, el promedio de América Latina como porcentaje de las utilidades pagadas es de 46,7%, al tiempo que los países avanzados cobran 39,9%”, sostiene la institución, al tiempo de preguntarse: ¿si alguien podría dudar que esto configura el peor ambiente para hacer negocios, forjar empresas y crear empleo de calidad?

Gobierno ve errores
En un comunicado, el Ministerio de Economía señaló que el estudio no refleja de manera correcta el sistema tributario nacional, estableciendo datos imprecisos y erróneos de la realidad económica interna de Bolivia.

En primer lugar, el Ministerio, hizo notar que la publicación hace referencia a 42 pagos anuales hecho por los contribuyentes, pero de los cuales solo una parte corresponden al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto a las Transacciones (IT).

“No obstante la realidad operativa refleja que el 99% de los contribuyentes pagan de forma conjunta estos impuestos; es decir, que corresponde a 12 trámites de pago anuales que en un 99% se realizan de manera electrónica”, afirmó esta cartera Estado.

En esa línea, desde el ejecutivo precisaron que el resto de los pagos, que menciona el documento corresponden al ámbito municipal y laboral, es decir, menos del 50% de los trámites corresponden al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

Sobre la carga tributaria, desde el Ministerio de Economía, aclararon que la planteada por el estudio no se asemeja a la realidad.

“El documento determina una carga de 61% al IT siendo que este representa el 1,7% del Producto Interno Bruto (PIB) y que, además, este impuesto puede ser acreditado, en su totalidad, por los pagos que efectúa el contribuyente por concepto de Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)”, precisó el boletín.

En este contexto, el Gobierno aseguró que la presión tributaria en 2018 se situó en 17,7%, “en la línea promedio de la región”. Además, las alícuotas de los principales impuestos se situaron por debajo del promedio regional.

Desde el Centro Boliviano de Estudios Económicos (Cebec), dependiente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz Bolivia (Cainco), coincidieron con el Ministerio de Economía al sostener que la tasa impositiva de 83% pueda ser deducida y bajar la carga al 22%.

Eso se explica porque se supone que la empresa está en su segundo año de operación, donde el margen para la deducción es nulo. En ese sentido, es contradictorio que una tasa baja sea acompañada de trámites burocráticos que implican 1.025 horas al año (128 días hábiles) dedicados al pago de impuestos.

Sin embargo, la institución cuestiona la creciente burocracia que existe en el sistema impositivo del país.

“Es un reflejo de que el entorno de negocios provisto por el Estado debe ser mejorado, puesto que los trámites y contribuciones a los diferentes tipos de gobierno (central, departamental y municipal) no colaboran para que la actividad privada”, dijo el Cebec.

Por su parte, el especialista Jaime Dunn manifestó que debe preocupar que dentro de las variables del Doing Business el país esté en los últimos lugares en cuestión impositiva.

“Afecta de sobremanera ya que el informe tiene como objetivo mostrar el grado de facilidad que se tiene de hacer negocios en un país. Aspecto fundamental para atraer a la inversión extranjera”, señaló Dunn.

El especialista sostuvo que para la mayoría de los países el Doing Business es un documento que se trata con mucha seriedad y que las políticas de Estado se enmarcan en buscar mejorar en ese ranking. “En Bolivia este documento es ignorado por nuestras autoridades de gobierno”, lamentó.

En tanto, el economista Germán Molina precisó que el sistema tributario fue creado en los años 80 y que debe ser actualizado cuanto antes.

A decir de Molina, la reglamentación de Impuestos Nacionales es muy draconiana, ya que sanciona severamente a los contribuyentes que cometen un error, por muy minúsculo que este sea.

Una situación que preocupa, según el también economista José Alberti, es que en la actualidad la mayoría de las recaudaciones realizadas por el SIN, corresponde a los grandes contribuyentes que representan solo el 1% del padrón de contribuyentes. “Se está presionado a un sector muy pequeño”, manifestó Alberti, quien considera que es necesario aplicar una reducción de los impuestos.

LEY Nº 066 - LEY QUE MODIFICA EL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIFICOS (ICE)

LEY Nº 066

LEY DE 15 DE DICIEMBRE DE 2010

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DECRETA:

LEY QUE MODIFICA

EL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIFICOS (ICE)

Artículo 1.

I. Se modifica las alícuotas del Impuesto a los Consumos Específicos, de los productos contenidos en la Tabla 1 del Parágrafo I del Anexo del Artículo 79 de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 27947, de 20 de diciembre de 2004), sustituido por el Artículo 2 de la Ley Nº 3467, de 12 de septiembre de 2006, de la siguiente manera:

“Tabla 1”

PRODUCTO	ALICUOTA PORCENTUAL
Cigarrillos rubios	55%
Cigarrillos negros	50%
Cigarros, tabacos para pipas y cualquier otro producto elaborado de tabaco.	50%

“

II. Se sustituye el Parágrafo II del Anexo del Artículo 79 de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 27947, de 20 de diciembre de 2004), de la siguiente manera:

“II. Productos gravados con alícuotas específicas y porcentuales:

PRODUCTO	ALICUOTA ESPECÍFICA Bs/LITRO	ALICUOTA PORCENTUAL
Bebidas no alcohólicas en envases herméticamente cerrados (excepto aguas naturales y jugos de fruta de la partida arancelaria 20.09)	0,30	0%
Chicha de maíz	0,61	0%
Alcoholes	1,16	0%
Cerveza con 0.5% o más grados volumétricos de alcohol	2,60	1%
Bebidas energizantes	3,50	0%
Vinos	2,36	0%
Singanis	2,36	5%
Bebidas fermentadas y vinos espumosos (excepto chicha de maíz)	2,36	5%
Licores y cremas en general	2,36	5%
Ron y vodka	2,36	10%
Otros aguardientes	2,36	10%
Whisky	9,84	10%

A los productos detallados en el cuadro precedente se aplicará tanto la alícuota específica como la alícuota porcentual correspondiente.

A efectos de la aplicación del impuesto, se consideran bebidas energizantes aquellas que contienen en su composición cafeína, taurina, aminoácidos u otras sustancias que eliminan la sensación de agotamiento en la persona que las consume. No incluye a bebidas re-hidratantes u otro tipo de bebidas gaseosas.

Asimismo, se entenderá como agua natural, aquella que no contiene adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizante.

Las bebidas denominadas cervezas cuyo grado alcohólico volumétrico es inferior a 0,5%, se encuentran comprendidas en la clasificación ‘bebidas no alcohólicas en envases herméticamente cerrados’.

No están dentro del objeto del impuesto, las bebidas no alcohólicas elaboradas a base de pulpa de frutas y otros frutos esterilizantes, de acuerdo a la definición establecida en el Arancel de Importaciones para la partida arancelaria 20.09.

Las alícuotas específicas previstas en el cuadro anterior, se actualizarán por la Administración Tributaria para cada gestión, en base a la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda – UFV ocurrida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de la gestión anterior.”

III. Se sustituye el Artículo 85 de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 27947, de 20 de diciembre de 2004), por el siguiente texto:

“ARTÍCULO 85.- Los bienes alcanzados por el presente impuesto están sujetos a las alícuotas específica y porcentual consignadas en el Anexo al Artículo 79.

El impuesto se determinará aplicando las alícuotas porcentual y específica establecidas en el Anexo del Artículo 79 a la base de cálculo que corresponda de acuerdo al Artículo 84 de esta Ley. En los productos sujetos a ambas alícuotas, el impuesto será determinado por separado, totalizándose en un solo importe.”

Artículo 2. Las recaudaciones de este impuesto generadas por la aplicación de la alícuota porcentual a las bebidas alcohólicas establecidas en el Parágrafo II del Anexo del Artículo 79 de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 27947, de 20 de diciembre de 2004), no están sujetas a coparticipación tributaria y serán destinadas en su integridad al Tesoro General de la Nación para la implementación de proyectos de infraestructura y el desarrollo de actividades deportivas de alcance nacional.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. El Órgano Ejecutivo adecuará el reglamento del Impuesto a los Consumos Específicos de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Las disposiciones establecidas por la presente Ley, entrarán en vigencia a partir del primer día hábil del mes siguiente a la fecha de publicación del reglamento señalado en la disposición final anterior.

Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los ocho días del mes de diciembre del año dos mil diez.

Fdo. René Oscar Martínez Callahuanca, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Andrés A. Villca Daza, Clementina Garnica Cruz, Ángel David Cortés Villegas, José Antonio Yucra Paredes.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los quince días del mes de diciembre de dos mil diez años.

FDO. EVO MORALES AYMA, Oscar Coca Antezana, Luís Alberto Arce Catacora, Nila Heredia Miranda. 

Empresarios Denuncian persecución tributaria

Varios sectores empresariales y pequeños productores expresaron su preocupación ante la persecución tributaria que implantó la administración fiscal en los últimos años, la misma que aplica multas, accesorios, penalizaciones y actualización de los supuestos montos adeudados.

Muchas empresas y profesionales declararon que prefieren pagar los elevados montos impuestos antes que iniciar un proceso contencioso tributario por el costo y el tiempo adicional que ello significa para sus actividades productivas o de servicios.

Esta situación fue analizada en varios seminarios y foros donde se estableció la aplicación de prácticas que no aseguran a las empresas el debido proceso en la recaudación de ingresos para el fisco.

“Con los montos exigidos por la administración tributaria por supuestos errores en las declaraciones juradas, entonces lo que hace es aumentar la recaudación de impuestos, pero en contrapartida genera desincentivos para las empresas privadas, que dificulta su permanencia en el mercado formal”, sostuvo el analista económico, José Gabriel Espinoza.

Esta situación también fue puesta en conocimiento público por la Cámara Nacional de Comercio en la gestión de Fernando Cáceres, quien hoy es parte del directorio de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.

El pasado viernes, el dirigente Jerónimo Ramos de la Federación de Interculturales de La Paz denunció la persecución a las Oecas, organizaciones de productores por parte de la administración tributaria y dijo que muchas están expuestas a desaparecer. “Irán despareciendo por impuestos”, dijo Ramos en la rendición de cuentas que se realizó en el Ministerio de Desarrollo Rural que contó con la presencia de un centenar de representantes rurales.

DESINCENTIVO

“La política tributaria del Gobierno genera desincentivo a las empresas legalmente establecidas y provoca que los emprendimientos se desplacen a la informalidad, lo que causa que las compañías dejen de pagar sus obligaciones fiscales”, manifestó Espinoza.

El Banco Mundial estimó que Bolivia aplica la mayor presión fiscal de la región con 26 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB).

Basado en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Cámara de Industrias de La Paz, (Cadinpaz) señaló recientemente que la presión impositiva en Bolivia, respecto del PIB, alcanza a cerca de 34%, considerando los conceptos de renta, IVA, contribución a la seguridad social y otros, con todo lo cual es el más alto de toda la región.

Al respecto, el viceministro de Política Tributaria, Johnny Morales, salió al paso la semana pasada y dijo que el promedio la presión fiscal en Bolivia fue 19.4 por ciento en los doce años precedentes y que en 2017 llegó a 18.3 por ciento. Sin embargo, no pudo explicar la permanencia del régimen simplificado que la empresa privada pidió abolir.

Citando la Constitución que consagra que “todos son iguales ante la ley”, Morales no pudo dar razones por qué el contrabando y el sector cocalero no contribuyen al erario nacional.

OTROS OBSTÁCULOS

Sumado a la presión tributaria, uno de los datos que reveló el Ranking Doing Bussines del Banco Mundial, son las horas que debe emplear un empresario en Bolivia para cumplir con sus obligaciones impositivas, que están entre 1.000 a 1.500 horas al año, lo que representa, además costos, adicionales.

“Esa cantidad de tiempo es la más alta de la región y significa un costo adicional para las empresas, a esto habría que aumentar que sí en el proceso se cometen errores u omisiones, las multas son desproporcionadas”, sostuvo el economista.

Dirigentes empresariales: “Cerco fiscal” del Gobierno puede destruir empresas

Representantes de entidades privadas demandaron racionalidad en la aplicación de multas que imponen la administración tributaria y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas • Gremiales presentaron a la Asamblea Legislativa un proyecto modificatorio de la Ley 843

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, y el titular de la Cámara Nacional de Comercio, Fernando Cáceres, alertaron ayer los abusos y acciones en que está incurriendo la administración tributaria, lo que en criterio coincidente de ambos directivos puede destruir las empresas legalmente constituidas y el empleo. Roda dijo desde Santa Cruz, que las presiones que ejerce el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) se traducen en excesivas penalidades, que no guardan proporcionalidad con posibles errores en la declaración del pago de impuestos. Por su parte, Cáceres expresó que existe un virtual “cerco fiscal” que se aplica fuera de la racionalidad de la norma.

ADMISIÓN OFICIAL

El presidente Evo Morales admitió que en el Servicio de Impuestos Nacionales se cometen “abusos” y excesos, por parte de algunos funcionarios y directores de esa entidad, por lo que pidió que el Ministerio de Economía asuma medidas ante las denuncias.

SECTORES

Roda señaló la delicada situación en la que se encuentran los sectores productivos y dijo que, cuatro ingenios azucareros, la planta Industrializadora de Leche PIL, además de la Cervecería Boliviana Nacional, enfrentan esas vicisitudes.

GREMIALISTAS

En ese mismo sentido, Mercedes Gisbert, dirigente gremialista, luego de una marcha de protesta de este sector la semana pasada, dijo que en el país Impuestos Nacionales busca imponer una especie de “terrorismo tributario”.

MULTAS

Como se recordará, la CBN fue multada con más de 11 millones de dólares por presuntas acciones monopólicas contra una empresa del mismo rubro localizada en Cobija, Pando. La CBN anunció que apelará la multa en las instancias que correspondan.

GUABIRÁ

En el caso del Ingenio Azucarero Guabirá, sus autoridades señalaron que la administración tributaria busca efectivizar una penalización de Bs 8 millones, además de otra millonaria suma que exige la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas.

En este último caso, cerca de 1.500 trabajadores, productores y accionistas del ingenio determinaron suspender el anunció de sus medidas de presión que debían realizarse este martes en la capital cruceña, tras el compromiso asumido por el vicepresidente Álvaro García Linera, de dialogar con este sector después del referéndum. Roda indicó en su declaración que aguardan reunirse con el Vicepresidente la próxima semana.

IRREGULARIDADES

García manifestó que el SIN y la Autoridad de Empresas, en su afán de hacer cumplir la ley, lo hacen de manera rígida e incurren en algunas irregulares que ocasionaron quejas de los contribuyentes.

“Sin embargo, es posible que algunos funcionarios lo que hacen es intentar cumplir (la) meta que se establecen mensualmente de una u otra manera, a la mala o la bueno, y ahí se están cometiendo irregularidades”, indicó García Linera en PAT.

En cambio, el presidente Morales, dijo: “Ya escuché estas denuncias exageradas de algunos directores de impuestos” y pidió que el Ministerio de Economía asuma medidas en el asunto, en una entrevista ofrecida al canal de televisión, Gigavisión.

FUNCIONARIOS

El Vicepresidente explicó que la causa real de este problema se debe a que algunos servidores públicos, a la hora del cumplimiento de la ley, son demasiado “puntillosos” y estrictos.

La autoridad acotó que la actitud de los funcionarios ocasionó que los contribuyentes, como el sector azucarero, hayan enviado quejas ante las autoridades del Órgano Ejecutivo, razón por la que el presidente Morales se reunió con las autoridades responsables del tema y se determinó hacer cumplir las normas, pero sin cometer abusos y estudiar los casos de acuerdo a la problemática que se presenten.

INTERPRETACIÓN

“Creo que hay una lectura algo abusiva de la propia ley, lo que queremos es que se cumple la ley, la ley tampoco es así para negociarla en función de cálculos, hay que cumplirla”, remarcó la autoridad.

Respecto al caso específico de la Autoridad de Empresas, el vicepresidente mencionó que este ente establece multas para ciertas empresas y en este caso abrió la posibilidad de hacer correcciones, especialmente en el tema del azúcar.

Aranceles de 35 productos aumentaron en 100%

Las alícuotas del Gravamen Arancelario para la importación de 35 productos incrementaron en 100%, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con base en el Decreto 2522 y el arancel 2015. El miércoles 16, el Gobierno aprobó el Decreto 2522 que modifica las alícuotas del Gravamen Arancelario para la importación de 35 productos y otorga permisos de importación sanitarios y fitosanitarios de unos 200 insumos.

La norma establece aranceles mayores para la internación de la leche y nata (crema) en polvo, con y sin azúcar, leches concentradas, leche condensada, el yogur, las uvas frescas y las secas, mosto de uva, papas preparadas o conservadas, hortalizas y sus mezclas preparadas, el café tostado o descafeinado y molido; vino y vino espumoso, pelo fino de conejo y calzados en sus diversos tipos.

Según el IBCE, 18 de los 35 productos tenían un Gravamen Arancelario del 10%, 12 tenían un arancel de 15% y cinco, el gravamen del 20%. Todos se incrementaron en 100%. El 20 de septiembre, La Razón publicó con base en las declaraciones del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, que la disposición busca proteger la industria nacional y reducir el ingreso de productos de contrabando que dañan la economía.

La autoridad explicó que la medida protegerá la industria e incentivará el consumo de la producción nacional. En el caso de la leche, dijo que se elevaron los aranceles porque en los últimos meses hubo una importación “extraordinaria”, lo que provocó la caída del precio en el mercado interno, afectando la producción.

REPERCUSIONES. El lunes 21, este medio publicó que para el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, el incremento de aranceles reducirá la internación legal de los productos tomados en cuenta, no obstante pidió reforzar el control del contrabando. “La aplicación de mayores aranceles demuestra que el Gobierno está preocupado y que nos está tomando en cuenta”.

El martes 22, La Razón informó con base en un sondeo de opinión que pequeños importadores de calzados se encuentran desmotivados y afectados por el nuevo decreto, consideran que la medida bajará su margen de ganacias y tendrá secuelas en el cumplimiento de los pagos a sus empleados y otras obligaciones. “Todas estas tiendas van a tener que cerrar y cuántas familias van a quedar en la calle”, dijo Angélica Borda, de un local paceño.

Plantean que la norma incluya al azúcar y arroz

La Confederación de Fabriles de Bolivia plantea que los aranceles de importación del azúcar y arroz también deban ser elevados, porque su ingreso al mercado interno afecta a la producción nacional. “Planteamos que el Decreto 2522 tenga alcance a estos rubros más, que se amplíe o en su defecto que salga otro decreto que llegue a más sectores”. La dirigencia de los fabriles participa de las mesas de trabajo de la comisión interinstitucional contra el contrabando de productos que afectan la industria nacional.

Vitaliano Mamani aseguró que el planteamiento se hará en las siguientes reuniones de la comisión. Asimismo, se buscará otras medidas de control del contrabando. “El decreto no dice nada del contrabando, porque eso es lo que está matando nuestra industria”. Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), dijo a La Razón, el domingo, que el arroz, el trigo, el aceite y otros deberían estar en el decreto por las altas importaciones.

Gravamen a venta de bebidas en botellas pet tendrá compensación

Para aminorar los efectos de la aplicación de la retención a la comercialización de bebidas en botellas pet, el Gobierno llegó a un acuerdo con los empresarios para compensar este pago a través de tres modalidades. La propuesta será incluida en la ley que se debate en el Senado.

El acuerdo fue sellado el viernes en las instalaciones de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) tras el encuentro entre la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, sus viceministros del área, la diputada proyectista Betty Tejada y los representantes de la empresa privada y directivos de las embotelladoras.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Mario Yaffar de la Barra, informó a La Razón que una de las principales conclusiones es que el impuesto —que varía entre Bs 0,025 y Bs 0,050 por unidad de botella no retornable comercializada— sea una “Retención Redimible” (rescatable) a través de tres modalidades: destinar un porcentaje para publicidad con fines ambientales, usar pre-formas de botellas pet y emplear material reciclado de botellas pet. “Este es un acuerdo que debe ser incluido en la nueva ley”, expresó.

La diputada Tejada también confirmó este acuerdo al señalar que ayer remitió a la Cámara de Senadores una “ayuda memoria” sobre el acuerdo para que se incorpore en la norma. “Fue un encuentro muy positivo en el que los sectores interesados hicieron llegar propuestas muy interesantes que ahora se incluirán en la ley”, expresó la asambleísta por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

El 6 de febrero, La Razón informó que la comercialización de bebidas en botellas plásticas no retornables será gravada con una retención de hasta Bs 0,050 por unidad, según lo establece un proyecto de ley que se debate actualmente en el Senado.

Recursos. Tanto Yaffar como Tejada coincidieron en afirmar que el otro acuerdo al que se arribó fue que “la retención será pagada en forma semestral” y su implementación será gradual hasta complementarse en un 100% en el segundo año de operaciones. El presidente de la CNI precisó que los recursos recaudados serán administrados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (Aemp) y no por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

“La Autoridad de Empresas va a administrar los recursos, pero no va a fiscalizar. Ahora ya no hay riesgo de que si las empresas no cumplen serán sancionadas o clausuradas. El concepto es administración y no fiscalización”, subrayó Yaffar.

Tejada precisó “que no se trata de un impuesto”, sino de una “retención” porque el objetivo no es recaudar, sino evitar la contaminación. “Esos recursos serán destinados para ese fin en programas de educación ciudadana que contribuyan con ese objetivo”, apuntó. Agregó que en la reglamentación se fijarán los porcentajes que se destinarán para ese propósito.

Yaffar dijo que si bien el gravamen tiene la figura de una retención, no hay duda de que “es un impuesto, pero redimible”, lo que hace que el impacto para las empresas no sea tan fuerte. El proyecto de ley es similar a la norma que rige en Ecuador, donde el gobierno fijó una tasa de “impuesto redimible” para las empresas que comercializan en botellas pet con la finalidad de evitar la contaminación.

El concepto a incluirse en la ley

Redimible

La “Retención Redimible” es un impuesto o gravamen pero reembolsable, es decir, que lo que se cobra vuelve para beneficio del sector. Si una empresa produce y lanza al mercado un millón de botellas pet, y la fábrica lo recolecta y recicla no pagará ninguna retención o gravamen.

Objeto

El objetivo del proyecto de Ley de Promoción para la Reducción de Contaminación por Uso de Botellas Plásticas No Retornables, es promover el reciclaje de botellas plásticas para reducir la contaminación ambiental.

Se incentivará la campaña medioambiental

El mayor porcentaje de la retención por la comercialización de bebidas en botellas plásticas se destinará a campañas comunicacionales para la educación de los ciudadanos en temas medioambientales, afirmó la diputada Betty Tejada (MAS), proyectista de la Ley de Promoción para la Reducción de Contaminación por el Uso de Botellas Plásticas no Retornables.

“El destino de estas retenciones, así como se hizo para las bebidas que va destinada a la leche, se fijó para comunicación, para educación del ciudadano, es uno de los temas que se ha incorporado en el proyecto de ley, además de otros que el Senado conocerá para su tratamiento”, manifestó la asambleísta.

Educación. El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Mario Yaffar, expresó al respecto que se ha hecho mucho énfasis en este tema. “Los productores están mostrando su actitud, pero ahora resta mucho por hacer por parte de la demanda, hay que concientizarlos para el cuidado del medio ambiente y la no contaminación con una adecuada campaña educativa”, indicó el industrial.

Una de las principales modificaciones que se realizará en la norma es “destinar un porcentaje para publicidad con fines ambientales”. Este porcentaje será fijado en la reglamentación después de que se promulgue la ley. El proyecto está en revisión en la Comisión de Planificación y Economía de la Cámara de Senadores, después de su aprobación en la Cámara de Diputados.

La disposición final del proyecto de Ley 579-13 señala que el Órgano Ejecutivo, en un plazo no mayor a 60 días (dos meses), a partir de su publicación, emitirá la reglamentación complementaria requerida.

Sector industrial exige al Gobierno reformas al régimen simplificado

El gerente de la Cámara Nacional de Industrias, Fernando Hinojosa, dijo ayer que una reforma profunda a esta normativa debe considerar el corazón mismo del Código Tributario y de la Ley 843 y no constituir solamente “parches” como la Ley Financial.

Sostuvo que el sector privado no puede sugerir medidas concretas en esta materia, pero que las reformas planteadas a dicho régimen deben considerar a toda la estructura fiscal.

Después de 26 años de vigencia de la reforma tributaria aplicada en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro en 1987, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) es la primera entidad privada que se pronuncia sobre el Régimen Simplificado exigiendo al Gobierno una reforma de manera que se pueda incorporar al universo de contribuyentes, a todos quienes desarrollan actividades económicas. El sector gremial cuenta con 1.5 millones de afiliados en el país y según estudios más de un 80% de los trabajadores del país son informales.

PERJUICIO

“La falta de universalidad de Ley Tributaria afecta negativamente al sector industrial porque genera desigualdades en las condiciones en las cuales se desenvuelve el sector. El régimen simplificado también ataca a los nuevos emprendimientos productivos restándoles rentabilidad y marginándolos del mercado”, sostuvo Hinojosa.

Este régimen contempla un capital de Bs 12 mil a 37 mil, pero muchas operaciones de algunos sectores inscritos en el mismo, superan esos límites por lo que la ley contempla su migración al régimen general. Entre ellos se tienen al comercio de línea blanca, electrodomésticos, alimentos, bebidas y ropa principalmente.

El régimen simplificado establece pagos bimensuales de los contribuyentes los mismos que pueden oscilar entre Bs 25 a 200, dijo Ugarte. En cambio en el régimen general, el Estado calcula los impuestos de los establecimientos comerciales y de todas las actividades económicas en base al volumen de ventas que se expresa en la facturación y principalmente mediante el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT).

CONTROL FISCAL

Recientemente el viceministro de Política Tributaria, Erick Ariñez, anunció que el Gobierno dispuso un mayor control fiscal en los establecimientos comerciales que inscritos en el régimen simplificado realizan transacciones anuales por encima de Bs 37.000. Estos serán considerados en el régimen general, caso contrario estarán incurriendo en evasión fiscal, advirtió la autoridad. “Muchos establecimientos que están inscritos en dicho régimen tienen operaciones que no corresponden a sus transacciones mimetizándose en este régimen e incurriendo en flagrante evasión fiscal porque les corresponde el régimen general”, advirtió Ariñez.

Los contribuyentes que estimen que el Régimen Tributario Simplificado no se adecua a la realidad económica de su actividad, podrán optar, en el momento de su inscripción, por registrarse en el Régimen General como sujetos pasivos de los Impuestos al Valor Agregado, al Régimen Complementario al IVA en calidad de agentes de retención, sobre las Utilidades de las Empresas y a las Transacciones.

Consecuentemente, están obligados a la presentación de las declaraciones juradas respectivas, para el pago de los tributos y demás formalidades, según lo dispuesto por la Ley Nº 843.

Desindustrialización de El Alto se debe a la presión tributaria

Una presión tributaria hacia el departamento de La Paz "que se aproxima al 30 por ciento en 2011", pudo haber influido en la desindustrialización de la ciudad de El Alto, afirma un estudio de la Mesa Permanente de Concertación Productiva de El Alto (MPCP-EA).

El estudio sobre el estado de situación tributaria del departamento de La Paz y sus implicaciones fue realizado en el período 2009-2011 bajo la coordinación de la Secretaría Técnica de la MPCP-EA, a cargo de la fundación de la pequeña y mediana empresa Inaset, y contó con la participación de más de 50 organizaciones productivas y sociales de la ciudad de El Alto.

En el documento al que tuvo acceso el Periódico Digital PIEB se evidencia una fuerte correlación inversa entre el aumento de los impuestos y la reducción de la participación de la industria manufacturera en la estructura del Producto Interno Bruto (PIB) departamental, lo que lleva a la conclusión de que a mayor presión tributaria mayor desindustrialización, con serias implicaciones en El Alto, que es la principal ciudad industrial del departamento.

"Existe una fuerte correlación inversa entre el crecimiento de la industria y el de los impuestos. Con base en los indicios se evidencia que hay una fuerte relación inversa entre el aporte de los impuestos y el de la industria al PIB departamental. Aunque la existencia de un comportamiento correlacionado entre dos variables no implica, necesariamente, que existe entre ellas relación de causalidad, existen muchos estudios a nivel mundial que vinculan las altas tasas o la complejidad impositiva con la debilidad del aparato productivo", señala el documento.

El trabajo sistematizado y coordinado por el ingeniero físico-químico e investigador Enrique Velazco señala que entre 2009 y 2011, el departamento de La Paz mostró una mayor tasa de crecimiento del PIB con un 5.2 por ciento con lo que superó a regiones extractivas como Tarija y Potosí o Santa Cruz que tiene el mayor PIB entre todos los departamentos. En 2011, el crecimiento de La Paz alcanzó al 6.02 por ciento y superó al nacional, que llegó al 5.2.

Sin embargo, este crecimiento no necesariamente reflejó un mayor dinamismo en las actividades productivas que el departamento de La Paz y la ciudad de El Alto necesitan para asegurar un proceso de crecimiento estable a mediano y largo plazo, y la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Según Velazco, los censos de 2004 y 2009 realizados a la pequeña y mediana industria instalada en la ciudad de El Alto, muestran una disminución drástica de la base productiva. "Los datos no son tan confiables porque las cifras varían, pero la tendencia muestra una reducción fuerte de la base productiva", señala.

Inaset: Presión tributaria actual afecta al valor agregado y el empleo digno

El director del Instituto de Asistencia Social Económica y Tecnológica (Inaset), Enrique Velasco, señaló que para las empresas grandes, medianas y pequeñas empresas, los actuales impuestos representan el 83% de su nivel de beneficios, lo que afecta en gran manera a este sector, ya que muchas empresas e industrias son asfixiadas por la actual política tributaria.

Añadió que la presión tributaria fiscal que se ejerce a las empresas tiene efectos en las actividades creadoras de valor agregado y empleo digno.

El experto señaló que los impuestos son parte de los incentivos o desincentivos, que desde la política del Gobierno, se utilizan para orientar ciertos objetivos de política nacional.

A manera de ejemplo, refirió que en algunos países del norte de Europa, la política fiscal y tributaria es un mecanismo de redistribución, es decir, que una parte de los tributos van a las empresas, otra es destinada a remunerar a los trabajadores y otra va al Estado para dar un equilibrio social.

“Parecería que la política tributaria en Bolivia está orientada por criterios sólo de recaudación y estamos perdiendo de vista que el tema tributario debería ser un poderoso instrumento para atender las demandas de la sociedad”, dijo.

Recordó que estudios señalan que en el país, un empresario formal debe realizar al menos 42 pagos de impuestos al año. Añade que para las empresas los impuestos representan el 83,4% de su nivel de beneficios al año.

Asimismo, señala que a nivel de Latinoamérica, Bolivia tiene la presión tributaria más alta, que está alrededor del 25 al 26%.

En ese contexto, Velasco señaló que, más allá del valor neto de los impuestos, en el país existe el agravante adicional de lo que significa el tiempo para llenar los formularios, el hecho de requerir un contador adicional para llevar los libros. “Eso significa costos adicionales que no aparecen, pero que sí afectan la productividad de las empresas, pero sobre todo están afectando la orientación de la actividad económica en el país”, precisó.

DISLOCACIÓN TRIBUTARIA

“Eso nos coloca sin duda en una de las tasas de recaudación más altas, sin tomar en cuenta que Bolivia tiene una de las economías más reducidas y que la base tributaria boliviana esta en alrededor de 250 a 300 mil contribuyentes sean personas jurídicas o naturales y la mayoría de esta base tributaria son unipersonales o de régimen simplificado”, sostuvo.

Para Velasco, esa situación revela que existe una “dislocación tributaria”, probablemente una de las mayores de América Latina concentrada en un segmento muy pequeño de contribuyentes.

En ese marco, advirtió que el proyecto de Ley de Servicios Financieros tiende a endurecer estas medidas (impuestos), sobre todo tratando de incrementar la recaudación fiscal.

“La política de la administración no está yendo en el sentido de ser un equilibrador facilitar de la actividad económica sino una entidad cada vez más eficiente y más dura al momento de recaudar los impuestos, más coercitiva al momento de recaudar los impuestos”.

PERSECUCIÓN A FORMALES

La empresa privada expresó reiteradamente la necesidad de ampliar el universo de contribuyentes, ya que en la actualidad, el sector productivo que genera empleo y cumple sus obligaciones con el Estado es asfixiada por la presión tributaria, mientras el sector informal del país crece de manera alarmante.

“El incremento de las recaudaciones sería más fácil si se amplía la base tributaria”, sostuvo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Óscar Calle, quien advirtió la pasada semana que la presión tributaria recae principalmente sobre los sectores inscritos y legalmente establecidos.

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) calculó que si el Estado simplifica la actual burocracia, se podría reducir la informalidad a la mitad en siete años, con lo que las recaudaciones fiscales se incrementarían en 1.500 millones de dólares al año.

"La informalidad representa un poco más del 60% del Producto Interno Bruto y emplea entre el 62% y 67% de los trabajadores. Estas son las tasas más elevadas de nuestro continente, tomando como fuente al Banco Mundial, Cepal, BID e incluso de las propias instituciones gubernamentales como Udape y la Encuestas de Hogares del INE", indica Cainco.

Inversiones tendrán incentivos a nivel tributario y financiero

El proyecto de Ley de Promoción de Inversiones estipula la vigencia de incentivos fiscales o financieros para impulsar la inversión en el país y que podrán tener una vigencia de uno a 20 años. Dos analistas observan que la propuesta no es clara sobre los alicientes que se otorgarán en minería e hidrocarburos.

El artículo 4 de la futura norma establece que los incentivos son beneficios o ventajas fiscales o financieras temporales otorgadas por el Estado, así como políticas de promoción que impulsen la inversión en el país, con la finalidad de contribuir al desarrollo económico y social.

El artículo 22 señala que el Estado podrá otorgar alicientes generales para aquellas inversiones que se destinen a proyectos de inversión incluidos en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y únicamente atractivos específicos para las que se destinen a proyectos de inversión preferente, es decir que se orienten a la industrialización de los recursos naturales y el cambio de matriz productiva, asociados a la transferencia tecnológica y a la generación de empleo digno.

Las inversiones preferentes son: a) emprendimientos vinculados al desarrollo de una o varias etapas del complejo productivo o de servicios avanzados en las áreas de hidrocarburos, minería, energía, infraestructura y otras establecidas en el PDES, que generen valor agregado y complementariedad con la inversión estatal.

b) Emprendimientos en sectores productivos no tradicionales que aporten valor agregado con alto potencial innovador y generación de capacidades y conocimientos en el capital humano, o c) emprendimientos que orienten la inversión a la generación de polos de desarrollo en áreas de interés estratégicos.

Expertos

El analista en temas de minería Carlos Sandy señaló que con un incentivo tributario se podría disminuir, por ejemplo, el importe de regalías o del Impuesto a las Utilidades que realizan las empresas mineras y que en este último caso incluso llegan al 37%.

Por su parte, un atractivo financiero puede ser un fondo de fomento a la producción, en el que los inversionistas pueden acceder a recursos con bajas tasas de interés y de largo plazo.

Sin embargo, el especialista considera que el proyecto de ley no es claro sobre los incentivos que recibirá la minería; por el contrario, se reserva para el Estado las inversiones en sectores estratégicos. “Podría haber una sociedad mixta con participación mayoritaria del Estado, pero quién garantiza que no se quedará luego con las acciones”.

Añadió que el sector esperaba una ley que garantice seguridad a la inversión, lo que no sucede pues los casos de avasallamiento, por ejemplo, se los penalizará sólo si el capital es estatal.

El analista en hidrocarburos Bernardo Prado observa que la futura norma obligue a reinvertir utilidades y que se la anuncie en un momento en el que, por ejemplo, se allanan oficinas de SABSA, que es una señal contradictoria. Recordó que la inversión en exploración es mínima en el país.

La AIT usa código de barras para documentos

La Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) incorporó un código de barras a sus resoluciones jerárquicas para otorgar mayor seguridad y confiabilidad a estos documentos y mejorar el servicio para los contribuyentes y las administraciones tributarias.

Esta medida está vigente hace cuatro meses, tras la aprobación de la Resolución Administrativa AGIT/0073/ 2012. La codificación va en la parte superior del documento.

La AIT resuelve las controversias entre contribuyentes y administraciones tributarias (Servicio de Impuestos Nacionales, Aduana Nacional y gobiernos municipales), a través de recursos en primera instancia y recursos jerárquicos en segunda; este último permite que el contribuyente o la administración tributaria pidan revisar la resolución de alzada.

Desde 2013, las empresas ya no pagarían el IT a las alcaldías

a disposición restará a los gobiernos locales de las capitales de departamento más de Bs 10 millones anuales, denunció la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB) que tiene otras tres observaciones al proyecto del PGE de la próxima gestión.

La Razón no logró contactar a ninguna autoridad del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que explique el por qué.

La Disposición Adicional Segunda de ese documento —aprobado en Diputados—, dice que “a los fines de lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 8 de la Ley 154, están fuera del dominio tributario municipal las transferencias onerosas de bienes inmuebles y vehículos automotores realizados por empresas, sean unipersonales, públicas, mixtas o privadas y otras sociedades comerciales, cualquiera sea su giro de negocio”. La AMB expresó su preocupación por esta medida que les quitaría “impuestos a los municipios”, menciona una nota de esta asociación, que representa a los municipios de las ciudades capitales y El Alto.

Sin embargo, la Ley 154, de Clasificación y Definición de Impuestos y Regulación Para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos, fue promulgada el 14 de julio de 2011.

El inciso c) del artículo 8 de la citada norma dispone que son tributos de dominio municipal, “la transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores por personas que no tengan actividad por giro de negocio”.

También establece que el impuesto a las transacciones de empresas unipersonales y sociedades con actividad comercial, no son tributo edil.

En una solicitada publicada ayer en este diario, el gobierno local de La Paz denuncia la supresión del IT de las empresas instaladas en los municipios y su traspaso al Gobierno nacional. “Esta acción gubernamental provocará un vacío gigantesco (...) que significará para las alcaldías una pérdida de más de Bs 10 millones en sus ingresos propios”. El martes 27, la AMB, reunida en La Paz, hizo conocer otras tres objeciones al proyecto del PGE 2013.

La primera es la evaluación previa de los saldos en caja y bancos de las alcaldías, tarea encargada al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

“La implicación es que eventualmente quieran realizar una reversión, esa ‘previa evaluación’ está abriendo una puerta para eso”, expresó el director de Finanzas de la Alcaldía paceña, Ramiro Gamboa.

“No es esa cartera de Estado la que debe evaluar saldos en caja y bancos, ya que el destino de estos fondos debe ser definido, aprobado y autorizado por los concejos”, agregó. Según Economía y Finanzas públicas, municipios y gobernaciones tienen más de $us 2.000 millones en saldos.

La segunda observación se refiere a la disposición para que al menos el 20% de las transferencias adicionales que realiza el Gobierno nacional a los municipios de ciudades capitales sean destinados a proyectos que ejecuta aquel nivel de gobierno.

“Con esto se está interviniendo nuestra gestión presupuestaria y nuestros Programas Operativos Anuales. Ya no tendríamos estos montos, que en el caso de La Paz, son entre el 10 y 15% del presupuesto total”, apuntó Gamboa.

Esto, según la solicitada del Gobierno edil de La Paz, implica para el municipio una reducción anual de unos Bs 46 millones.

La tercera se refiere al débito automático a favor del Ministerio de Gobierno de los recursos de programas y proyectos de seguridad ciudadana no ejecutados en seis meses.

“Ésta es una arbitrariedad más, puesto que los plazos de ejecución de los proyectos son de un año y no de seis meses”, sostiene la Alcaldía.

“Un débito automático, con el argumento de que van a ser destinados a los mismos fines, sigue siendo una confiscación”, enfatizó Gamboa.

El titular de la cartera de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, negó el viernes que hubiera confiscación. “Les estamos facilitando la vida para que inviertan”, precisó. Sobre los plazos señaló que “seis meses para que ejecuten los planes de inversión es absolutamente suficiente”.

Gobierno aumenta en 40% el arancel a importación de ropa

El Gobierno dictó ayer un decreto que incrementa entre 30 y 40% el arancel a la importación de ropa, con el propósito de proteger al pequeño productor del país.

La presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, informó que la medida se aplicará cuando las prendas de vestir ingresen al país para su nacionalización.

El Decreto Supremo 272 estipula, entre otros, aumentar el arancel a la ropa de cuero, abrigos, trajes, chamarras, ropa interior y de cama. Ardaya explicó que la medida pararancelaria o de protección es para proteger a las pequeñas unidades de producción del mercado interno.

Informe de gestión

Ardaya informó que la Aduana recaudó 5.359 millones de bolivianos entre enero y junio de este año. “La recaudación de enero a junio de 2012 muestra un incremento de 19,7%. Estamos hablando de 881 millones de bolivianos más que la gestión anterior”, indicó la autoridad.

En el primer semestre del año pasado, la Aduana recaudó 4.478 millones de bolivianos. Ardaya precisó que el 87,5% de los 5.359 millones de bolivianos están en efectivo y el resto, en valores.

De acuerdo con los datos de la Aduana, la participación porcentual de esa recaudación por departamento la encabeza Santa Cruz con 45,7%, seguido por La Paz con 26,9%, Oruro con 9,5%, Cochabamba con 8,4%, Tarija con 6,3%, Potosí con 2,6% y el resto del país con 0,6%.

La autoridad explicó que los operativos del Control Operativo Aduanero sumaron 1.956, entre enero y mayo de este año, mientras que el valor referencial de la mercancía incautada asciende a más de 41 millones de bolivianos.

Intercambios de información

Con respecto al intercambio de información con aduanas vecinas, Ardaya sostuvo que durante el primer semestre de 2012 se suscribieron actas de intercambio de información. Por ejemplo, explicó que el sistema Sidunea de Bolivia está en línea con los sistemas Indira (Argentina) y Sintia (Chile), generando mayor agilidad en los despachos aduaneros sin dejar de lado el proceso de control de las administraciones aduaneras. Con Paraguay y Perú aún se mantienen las expectativas.

Otro hecho destacado del primer semestre es la implementación de las Áreas de Control Integrado en Puerto Suárez-Corumbá (Bolivia-Brasil), concretamente en el puesto de frontera de Esdras, que ha permitido obtener un indicador de la reducción de contrabando.

Resistencia a la formalización

Una mayoría de micro empresarios que emplean hasta 10 trabajadores en temporadas altas se resiste a formalizar sus actividades productivas y de servicios, no tanto por el costo de los trámites sino porque creen que los beneficios no son significativos y harían inviable su emprendimiento, dice el gerente general de Cadepia, Daniel Santiesteban.

Señala que muchos microempresarios se preguntan: “Para qué vamos a formalizar nuestras actividades cuando por el tamaño de nuestros emprendimientos, las utilidades que vamos a percibir resultan insuficientes para pagar impuestos, cumplir aportes a la Caja de Salud y a las AFP, reconocer los feriados, dominicales y horas extras, además de cualquier incremento de salarios que todos los años dispone el Gobierno”.

Bajo estos argumentos, una gran cantidad de micro empresas prefiere trabajar en la informalidad y distribuir la totalidad de sus utilidades entre sus trabajadores, que en este caso generalmente son sus propios familiares.

“Si un emprendedor asumiera todos los costos que conlleva ser formal al 100 por ciento, una gran mayoría de los emprendimientos, que son de autoempleo, no sería viable económicamente, tendría que cerrarse y despedir trabajadores”, añade Santiesteban.

Agrega que hace tres años, únicamente 180 microempresas, de un total de 600 que se acogieron al Programa de Apoyo a la Formalización de MyPes, formalizaron sus actividades productivas y de servicios, obteniendo su registro de comercio.

ANÁLISIS

“Varios problemas afectan a las micro y pequeñas empresas”

Gaby Nina, Vicepresidenta de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba

La producción de las micro, pequeñas y medianas empresas de Cochabamba se destaca por la variedad, calidad y alto valor agregado que tienen los productos elaborados para consumo local, nacional e incluso internacional y sobre los cuales tenemos el orgullo de decir que están manufacturados en Bolivia y que tienen el sello “hecho en Cochabamba”.


Sin embargo, actualmente se atraviesa un momento de crisis que afecta de gran manera al sector de los micro, pequeños y medianos empresarios.


El problema se concentra en la falta de garantías para nuestras inversiones, seguridad jurídica para nuestras actividades y el contrabando, actividad que obstaculiza el crecimiento de todos nuestros rubros.


No es posible que las instancias facultadas por ley para controlar y reprimir esta actividad ilícita, no hayan podido contener, a la fecha, el ingreso ilegal de una variedad enorme de productos, particularmente de textiles, confecciones y alimentos, que están ocasionando el cierre temporal de algunos emprendimientos económicos, generalmente familiares, por el reducido capital de operaciones que manejan.


Otra dificultad por la que atraviesa el sector son las importaciones de materiales e insumos, debido a que no existen en Cochabamba, fábricas ni producción de los mismos.


La importación de bienes y productos de manera legal no la consideramos un obstáculo para la producción industrial y manufacturera de nuestra región, ya que se trata de actividades e ingresos legales.


En cambio, las importaciones ilegales sí afectan a nuestro sector porque generan competencias desleales en el mercado, en cuanto a los precios, canales y espacios de distribución. Lamentablemente, debido a la crisis económica que vive el país, el crecimiento del contrabando está ocasionando que miles de familias opten por estos productos antes que por lo nuestro.


Lamentablemente, no podemos cuantificar el impacto económico que genera este tipo de importaciones debido a la ilegalidad que rodea la misma y el fracaso del Gobierno en la lucha contra este flagelo.


A pesar de estas dificultades, nuestras pequeñas empresas siguen trabajando e impulsando el desarrollo de nuestra región, ya que la producción nacional no tiene nada que envidiar a los productos del exterior por las cualidades que posee.

Los profesionales sacan el NIT en sólo tres días

Los trabajadores profesionales en Bolivia pueden solicitar su Número de Identificación Tributaria (NIT) al Servicio de Impuestos Nacionales. Es un trámite que dura sólo tres días y sirve para cumplir obligaciones impositivas.

“El documento debe ser tramitado por todas las personas naturales. Éstas se identifican por su nombre y apellido. Generalmente son personas que ejercen profesiones liberales u oficios”, así lo hace conocer la actual normativa de la Gerencia Nacional del Servicio al Contribuyente (GNSC) del Servicio de Impuestos Nacionales.

Con este motivo, los interesados tienen que apersonarse a la oficina distrital del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Una vez en el lugar, el interesado se dirige a la ventanilla de Atención al Contribuyente, donde el funcionario indica cuáles son los requisitos.

Empadronamiento. Cuando el interesado tiene los documentos en la mano, recaba un ticket que le da el turno para ser atendido. Existe una gran demanda para el NIT, por lo que hay que esperar al menos 15 minutos .

En la ventanilla debe presentar los siguientes documentos: “la cédula de identidad y la factura de luz originales y fotocopias (el último es para acreditar la residencia) y finalmente un formulario de empadronamiento” según la GNSC.

Luego del registro, como constancia de la inscripción, se imprime el reporte definitivo; éste es revisado por el interesado para verificación de que todos los datos son correctos.

“Cuando se acepta la solicitud de empadronamiento, el SIN hace llegar, en 72 horas, hasta el domicilio del nuevo contribuyente: el certificado de inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes, el documento de exhibición del NIT o cartel del registro, su tarjeta de contribuyente y un volante con las fechas de vencimiento”, se informa en la web del SIN (www.impuestos.gov.bo).

Posteriormente, si el caso amerita, se realiza una verificación a solicitud del contribuyente si no recibe los documentos. Se apersona a la Distrital del SIN de su departamento para verificar si hay observaciones en sus documentos o no fue completado.

Después está el pago de los impuestos. Con su documento se identificará como contribuyente, ya puede cumplir con sus deberes formales que son “el cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones tributarias con el SIN, establecidas en el Código Tributario y otras normativas”, indica el procedimiento establecido por el SIN.

Impuestos Nacionales recomienda que si cambia algún dato después de inscribirse debe comunicarlo a la Administración Tributaria.

Cada contribuyente deberá presentar sus declaraciones juradas, en el plazo establecido en las correspondientes normas, de lo contrario es multado.

Si usted deja de utilizar el NIT puede “desactivarlo” solicitándolo a la Administración Tributaria de su jurisdicción. Esto ocurre cuando un contribuyente haya presentado declaraciones juradas sin movimiento o deja de presentarlas por falta de actividad económica.

Tipos de NIT vigentes

Para las empresas unipersonales que realizan actividades empresariales.

Para personas jurídicas. Empresas con una razón social.

El NIT de sucesiones indivisas para contribuyentes transitorios si el titular fallece.

Para los profesionales.

Impuestos detectó irregularidades en los cedeim de 200 empresas

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) detectó irregularidades en la solicitud de reintegro de certificados de devolución impositiva (cedeim) en al menos 200 empresas exportadoras, por lo que se paralizaron los trámites.

La presidenta del SIN, Marlene Ardaya, informó que los montos que pretendían que se les devuelvan estas compañías en cada una alcanzaba a los 4 y 5 millones de bolivianos.

Entre las observaciones se encontró que algunas no tenían domicilio o no contaban con las facturas de respaldo correspondientes para el reintegro.

Los casos son parecidos al que involucra a la empresa IOl de la familia Marinkovic y por la que se tiene orden de detención para uno de sus propietarios: Tatiana Marinkovic.

Esto por la recuperación indebida de 200 millones de bolivianos en cedeim en complicidad con funcionarios del SIN en 2001. A cambio se entregaron facturas falsas de proveedores y empresas fantasmas.

Ardaya informó que, para evitar nuevas irregularidades en el futuro, se analiza la eliminación de estos certificados y que simplemente se realicen retenciones en las diferentes etapas de la cadena productiva.

Auditora ve líos el pago del IUE por alza del dólar

La consultora Berthin Amengual y Asociados Auditores y Consultores advirtió ayer de que la caída del dólar complicará la tributación del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) porque existen dos normas vigentes que se contradicen al momento del pago. El fisco niega que haya problemas. Actualmente, el cálculo del IUE se realiza en función a los estados financieros que presentan las empresas cada año y se lo establece de acuerdo a la variación del dólar, tal como lo dispone el Decreto Supremo 24051. Según la firma auditora, esa cifra tributaria puede variar en los estados financieros que se realicen desde este año. Esto debido a que entrará en vigencia la modificación de la Norma Contable (NC) 3, emitida por el Colegio Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, que establece que los estados financieros ya no tendrán que estar en función a la variación del dólar, sino sólo del boliviano. No obstante, David Valdivia, socio de Berthin Amengual, explicó que la nueva disposición choca con la Ley Tributaria 843, que señala que el pago del IUE tiene que estar en función a la variación del dólar. De acuerdo con el experto, esas dos posiciones pueden enfrentar a la norma técnica con la disposición legal del sector y complicar el pago del IUE. Como el dólar bajó 11 veces este año, la cifra de este tributo en los estados financieros puede variar y eventualmente pueden surgir dos tipos de documentos: uno expresado en dólares para tributar ante el Servicio Impuestos Nacionales (SIN) y otro en bolivianos para entregar los estados financieros como tal. Según Valdivia, casi se presentarían dos papeles diferentes. “El problema se viene arrastrando desde dos años atrás, pero se acentúa más cuando el dólar se deprecia con respecto al boliviano. Los estados financieros han empezado a reconocer efectos negativos, es más, en algunos casos hay compañías que tuvieron que exponer cifras negativas por esta práctica“.

La norma del Colegio de Auditores fue elaborada en la gestión anterior, pero recién entrará en vigencia el próximo mes. El fisco dice que hay solución Sin embargo, la gerenta Nacional de Fiscalización del SIN, Marlene Ardaya, garantizó que no habrá problemas. “Desde nuestro punto de vista, no habría una distorsión” en el proceso. Señaló que las observaciones no tienen influencia en el tema impositivo, sino sólo en la presentación de los estados financieros de las compañías. Precisó además que para evitar confusiones, en el caso del SIN se recomienda anexar los argumentos del caso y los efectos de la depreciación del dólar en un documento complemetario para despejar dudas. La empresa consultora plantea que para evitar problemas de confusión entre una norma y otra, el Colegio del sector debe postergar por un año la aplicación de la nueva disposición hasta que se logre una armonización de conceptos.