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martes, 26 de junio de 2018
lunes, 25 de junio de 2018
Estado pagó $us 800 millones en 14 procesos internacionales
El Estado boliviano cerró 14 casos por la nacionalización y reversión de empresas internacionales, en todos ellos se llevó negociaciones donde se pagó aproximadamente 800 millones de dólares, informó ayer el procurador general del Estado, Pablo Menacho. Uno de los últimos procesos fue el resarcimiento a la empresa chilena Non Metallic Quiborax.
Menacho señaló que el total de los procesos se debió pagar un monto inicial de 3.100 millones de dólares, pero el Gobierno tuvo que negociar y redujo ese pago en un 80 por ciento que equivale a 2.300 millones de dólares.
“Hemos cerrado 14 casos y en estos se ha seguido una lógica de negociación y de defensa del Estado boliviano, se ha logrado bajar de una manera sumamente importante todos los montos que se han demandado contra el Estado de Bolivia (…) es el 80 por ciento que se traduce alrededor de 2.300 millones de dólares y hasta la fecha se pagó aproximadamente 800 millones de dólares”, dijo Menacho.
PROCESOS
La memoria institucional de la Procuraduría General del Estado detalla los arbitrajes internacionales de seis casos. El primero fue interpuesto por la empresa South American Silver Limited por la reversión de 170 hectáreas de la concesión minera de “Mallku Khota” en el que demanda una compensación de 385.7 millones de dólares.
Al momento las actuaciones procesales han concluido y se espera que el Laudo definitivo sea emitido por el Tribunal Arbitral.
En un segundo caso es de la empresa Glencore Finance (Bermuda) Limited por la reversión del Complejo Metalúrgico Vinto - Estaño, mediante Decreto Supremo 29026 de 7 de febrero de 2007. El 15 de agosto del 2017, Glencore demandó un resarcimiento de $us 675.700.000, el 17 de diciembre Bolivia presentó un memorial objetando esta petición.
El tercer proceso de arbitraje fue presentado el 1 de mayo de 1999, por BP Global Investments Limited, BP International Limited y BP Asia Pacific Holdings (Air BP-ABBSA), porque el estado boliviano nacionalizó, por razones de utilidad pública, la totalidad del paquete accionario de Air BP Bolivia S.A. (ABBSA).
El 19 de mayo de esa misma gestión las empresas notificaron al Estado boliviano con el inicio de una controversia. Sin embargo, el proceso se encuentra en el reinicio de las conversaciones entre ambas partes.
PENSIONES
El cuarto arbitraje fue instaurado por el Banco Bilbao Vizcaya S.A. se adjudicó la licitación y constituyó la sociedad BBVA Previsión AFP S.A. encargada del servicio de pensiones. Pero la Ley 065 de 10 de diciembre de 2010 estableció que la administración del Sistema Integral de Pensiones pase a la Gestora Pública.
BBVA Previsión notificó al Estado boliviano sobre la existencia de una supuesta controversia mediante nota de 3 de mayo de 2017, A la fecha, se han llevado a cabo reuniones institucionales con la finalidad de plantear estrategias y lineamientos para la defensa legal del Estado.
El 3 de marzo del 2014, la empresa Jindal Steel Bolivia (JSB) notificó a Bolivia con un arbitraje internacional en la Cámara de Comercio Internacional (CCI) por el resarcimiento de contrato con la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM).
QUIBORAX
El 24 de mayo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) emitió un fallo contra Bolivia y ratificó el laudo arbitral que le obligó pagar 42.6 millones de dólares a la firma chilena Quiborax por la reversión, en el gobierno de Carlos Mesa, de una concesión en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita.
Sobre este punto el ministro de Economía, Mario Guillén manifestó que el pago de estos recursos afectará a la ejecución de proyectos en el país, puesto que no se tenía previsto la erogación de esos recursos.
El gobierno presentó una proposición acusatoria a la Fiscalía General del Estado para el inicio de un juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa, ya que incumplió con el procedimiento de la Ley 2564 de la reversión de las concesiones mineras de la firma chilena.
El exdignatario sostiene que el actual Gobierno es el responsable del pago de esos recursos, puesto que no se hizo una defensa adecuada durante el laudo, por lo que presentó una querella contra cuatro servidores públicos.
INFORMES
Según informe del diputado de Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría, el Estado todavía enfrenta al menos 12 arbitrajes internacionales verificados en la Corte de Arbitraje y Conciliación de la Cámara Nacional de Comercio Internacional de París y ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi)
Al respecto, el legislador emitió un informe escrito al Procurador para que responda y explique cómo enfrenta el Estado estos casos.
Menacho señaló que el total de los procesos se debió pagar un monto inicial de 3.100 millones de dólares, pero el Gobierno tuvo que negociar y redujo ese pago en un 80 por ciento que equivale a 2.300 millones de dólares.
“Hemos cerrado 14 casos y en estos se ha seguido una lógica de negociación y de defensa del Estado boliviano, se ha logrado bajar de una manera sumamente importante todos los montos que se han demandado contra el Estado de Bolivia (…) es el 80 por ciento que se traduce alrededor de 2.300 millones de dólares y hasta la fecha se pagó aproximadamente 800 millones de dólares”, dijo Menacho.
PROCESOS
La memoria institucional de la Procuraduría General del Estado detalla los arbitrajes internacionales de seis casos. El primero fue interpuesto por la empresa South American Silver Limited por la reversión de 170 hectáreas de la concesión minera de “Mallku Khota” en el que demanda una compensación de 385.7 millones de dólares.
Al momento las actuaciones procesales han concluido y se espera que el Laudo definitivo sea emitido por el Tribunal Arbitral.
En un segundo caso es de la empresa Glencore Finance (Bermuda) Limited por la reversión del Complejo Metalúrgico Vinto - Estaño, mediante Decreto Supremo 29026 de 7 de febrero de 2007. El 15 de agosto del 2017, Glencore demandó un resarcimiento de $us 675.700.000, el 17 de diciembre Bolivia presentó un memorial objetando esta petición.
El tercer proceso de arbitraje fue presentado el 1 de mayo de 1999, por BP Global Investments Limited, BP International Limited y BP Asia Pacific Holdings (Air BP-ABBSA), porque el estado boliviano nacionalizó, por razones de utilidad pública, la totalidad del paquete accionario de Air BP Bolivia S.A. (ABBSA).
El 19 de mayo de esa misma gestión las empresas notificaron al Estado boliviano con el inicio de una controversia. Sin embargo, el proceso se encuentra en el reinicio de las conversaciones entre ambas partes.
PENSIONES
El cuarto arbitraje fue instaurado por el Banco Bilbao Vizcaya S.A. se adjudicó la licitación y constituyó la sociedad BBVA Previsión AFP S.A. encargada del servicio de pensiones. Pero la Ley 065 de 10 de diciembre de 2010 estableció que la administración del Sistema Integral de Pensiones pase a la Gestora Pública.
BBVA Previsión notificó al Estado boliviano sobre la existencia de una supuesta controversia mediante nota de 3 de mayo de 2017, A la fecha, se han llevado a cabo reuniones institucionales con la finalidad de plantear estrategias y lineamientos para la defensa legal del Estado.
El 3 de marzo del 2014, la empresa Jindal Steel Bolivia (JSB) notificó a Bolivia con un arbitraje internacional en la Cámara de Comercio Internacional (CCI) por el resarcimiento de contrato con la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM).
QUIBORAX
El 24 de mayo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) emitió un fallo contra Bolivia y ratificó el laudo arbitral que le obligó pagar 42.6 millones de dólares a la firma chilena Quiborax por la reversión, en el gobierno de Carlos Mesa, de una concesión en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita.
Sobre este punto el ministro de Economía, Mario Guillén manifestó que el pago de estos recursos afectará a la ejecución de proyectos en el país, puesto que no se tenía previsto la erogación de esos recursos.
El gobierno presentó una proposición acusatoria a la Fiscalía General del Estado para el inicio de un juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa, ya que incumplió con el procedimiento de la Ley 2564 de la reversión de las concesiones mineras de la firma chilena.
El exdignatario sostiene que el actual Gobierno es el responsable del pago de esos recursos, puesto que no se hizo una defensa adecuada durante el laudo, por lo que presentó una querella contra cuatro servidores públicos.
INFORMES
Según informe del diputado de Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría, el Estado todavía enfrenta al menos 12 arbitrajes internacionales verificados en la Corte de Arbitraje y Conciliación de la Cámara Nacional de Comercio Internacional de París y ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi)
Al respecto, el legislador emitió un informe escrito al Procurador para que responda y explique cómo enfrenta el Estado estos casos.
jueves, 21 de junio de 2018
Empresarios reconocen dudas
Coincidentemente con la iniciativa del diputado opositor Wilson Santamaría, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Marco Antonio Salinas, pidió el pasado martes al Gobierno instruir auditorías a objeto de establecer la legalidad de los pagos realizados (indemnizaciones) en el caso de las refinerías de YPFB, eléctricas, mineras, telecomunicaciones, además de procesos en curso de petroleras y otras empresas estatales que fueron nacionalizadas en los primeros años de gestión del actual Gobierno.
Salinas señaló que no sólo es el caso Quiborax, sino son varios procesos arbitrales que se han resuelto de otra forma, pero que no se tiene la información clara cómo se solucionaron. “El exprocurador Héctor Arce siempre dijo que se llegó a un acuerdo y se pagó menos de lo que demandaban”, agregó.
PROCESOS
El último fue el caso Quiborax, el Ciadi emitió un dictamen donde el Estado debía pagar 42.6 millones de dólares. El mismo fue negociado y se llegó a un acuerdo para el pago de ese millonario monto.
Santamaría dijo que el Gobierno tiene que explicar qué ha hecho con estas empresas, que exigen el cumplimiento de los contratos y que terminaron en procesos de arbitraje y conciliación, con sanciones impuestas al Estado por más de los 900 millones de dólares.
INFORME
El legislador de UD envió una petición de informe escrito al Procurador General del Estado, porque es la instancia que hace seguimiento a los procesos internacionales que enfrenta el Estado. En su respuesta deberá explicar las acciones de defensa que se adoptaron durante los períodos de arbitraje en todos los casos, incluido el caso de Quiborax.
Salinas señaló que no sólo es el caso Quiborax, sino son varios procesos arbitrales que se han resuelto de otra forma, pero que no se tiene la información clara cómo se solucionaron. “El exprocurador Héctor Arce siempre dijo que se llegó a un acuerdo y se pagó menos de lo que demandaban”, agregó.
PROCESOS
El último fue el caso Quiborax, el Ciadi emitió un dictamen donde el Estado debía pagar 42.6 millones de dólares. El mismo fue negociado y se llegó a un acuerdo para el pago de ese millonario monto.
Santamaría dijo que el Gobierno tiene que explicar qué ha hecho con estas empresas, que exigen el cumplimiento de los contratos y que terminaron en procesos de arbitraje y conciliación, con sanciones impuestas al Estado por más de los 900 millones de dólares.
INFORME
El legislador de UD envió una petición de informe escrito al Procurador General del Estado, porque es la instancia que hace seguimiento a los procesos internacionales que enfrenta el Estado. En su respuesta deberá explicar las acciones de defensa que se adoptaron durante los períodos de arbitraje en todos los casos, incluido el caso de Quiborax.
La reparación sería de $us 1.500 millones “Nacionalizaciones” del Gobierno demandan millonarios recursos
El Gobierno cerró acuerdos con cuatro empresas, luego del decreto de nacionalización de los Hidrocarburos, en mayo de 2006, que en los hechos solamente fue la expropiación de acciones y la redistribución de los ingresos tributarios.
El artículo 7 del decreto 28701 de Nacionalización de Hidrocarburos determinó expropiar las acciones, para que YPFB controle como mínimo el 50% más 1 en las empresas Chaco SA, Andina SA, Transredes SA, Petrobras Bolivia Refinación SA y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA.
INDEMNIZACIONES
Un arreglo en diciembre de 2014 benefició a la petrolera argentina PAE con $us 357 millones, pero está en curso una millonaria demanda de la Suiza Glencore por la expropiación, hace años, de sus propiedades e inversiones en Colquiri (cinco años) y la Metalúrgica de Vinto (2007). Glencore exige la reparación de $us 675 millones.
Fueron contabilizadas –al menos– 17 empresas que han sido “nacionalizadas” por el régimen vigente.
El diputado de oposición Wilson Santamaría dijo que el Estado fue notificado con la sentencia, en el caso Eurotelecom, Aguas del Tunari y de Pan American Energy (PAE); “en este último caso se conoció el dictamen hace un par de meses, pero no hay acceso a la información”, sostuvo.
Un recuento de las empresas estatales que pasaron a la administración privada, desde 1997, con las que los gobernantes de entonces suscribieron acuerdos de riesgo compartido o en otros casos las sometieron a la capitalización, sumaron al menos 17 casos.
REPARACIONES
La controversia con la argentina Pan American Energy (PAE) fue resuelta el 18 de diciembre de 2014, con el pago de $us 357 millones por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Petrolera Chaco, actual YPFB Chaco.
El acto se realizó en el Palacio de Gobierno, con la presencia del procurador General del Estado, Héctor Arce; el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa; el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas; presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Marcelo Zabalaga; representante de PAE, Alejandro Bulgheroni, y trabajadores de la firma estatal.
Asimismo, la suiza Glencore reclamó a Bolivia el pago de 675,9 millones de dólares, como monto de indemnización por la reversión, hace cinco años, del yacimiento de estaño de la mina Colquiri y en 2007 de la planta de fundición de estaño Vinto, en Oruro.
“La demanda se basa en informes periciales arbitrariamente inflados y de carácter especulativo”, destacó Pablo Menacho, de la Procuraduría General del Estado (PGE), dijo el diario Correo del Sur, a fines del año pasado.
CIFRAS Y CASOS
El Estado boliviano debe pagar alrededor de 1.500 millones de dólares por 12 arbitrajes internacionales, procesados en la Corte de Arbitraje y Conciliación de la Cámara Nacional de Comercio Internacional de París y ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), según datos de Santamaría.
Ante tal situación, el legislador emitió una petición de informe escrito al Procurador para que responda y explique cómo enfrenta el Estado estos casos.
DAÑO ECONÓMICO
A la vez, observó que los daños económicos al Estado que están en el marco de los pagos a consecuencia de la “nacionalización”, son más grandes que el supuesto delito atribuido al expresidente Carlos Mesa por el caso de Quiborax, proceso que se interpuso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
“Con el Gobierno del presidente Evo Morales tenemos deudas mucho más altas, mayor cantidad de procesos, no hay tal nacionalización. En realidad lo que ha ocurrido son procesos por compra de las acciones que pasan por un espacio de conciliación para renegociar la cantidad. Por estos 12 casos el Estado debe pagar 1.500 millones de dólares”, dijo el legislador.
El artículo 7 del decreto 28701 de Nacionalización de Hidrocarburos determinó expropiar las acciones, para que YPFB controle como mínimo el 50% más 1 en las empresas Chaco SA, Andina SA, Transredes SA, Petrobras Bolivia Refinación SA y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA.
INDEMNIZACIONES
Un arreglo en diciembre de 2014 benefició a la petrolera argentina PAE con $us 357 millones, pero está en curso una millonaria demanda de la Suiza Glencore por la expropiación, hace años, de sus propiedades e inversiones en Colquiri (cinco años) y la Metalúrgica de Vinto (2007). Glencore exige la reparación de $us 675 millones.
Fueron contabilizadas –al menos– 17 empresas que han sido “nacionalizadas” por el régimen vigente.
El diputado de oposición Wilson Santamaría dijo que el Estado fue notificado con la sentencia, en el caso Eurotelecom, Aguas del Tunari y de Pan American Energy (PAE); “en este último caso se conoció el dictamen hace un par de meses, pero no hay acceso a la información”, sostuvo.
Un recuento de las empresas estatales que pasaron a la administración privada, desde 1997, con las que los gobernantes de entonces suscribieron acuerdos de riesgo compartido o en otros casos las sometieron a la capitalización, sumaron al menos 17 casos.
REPARACIONES
La controversia con la argentina Pan American Energy (PAE) fue resuelta el 18 de diciembre de 2014, con el pago de $us 357 millones por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Petrolera Chaco, actual YPFB Chaco.
El acto se realizó en el Palacio de Gobierno, con la presencia del procurador General del Estado, Héctor Arce; el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa; el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas; presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Marcelo Zabalaga; representante de PAE, Alejandro Bulgheroni, y trabajadores de la firma estatal.
Asimismo, la suiza Glencore reclamó a Bolivia el pago de 675,9 millones de dólares, como monto de indemnización por la reversión, hace cinco años, del yacimiento de estaño de la mina Colquiri y en 2007 de la planta de fundición de estaño Vinto, en Oruro.
“La demanda se basa en informes periciales arbitrariamente inflados y de carácter especulativo”, destacó Pablo Menacho, de la Procuraduría General del Estado (PGE), dijo el diario Correo del Sur, a fines del año pasado.
CIFRAS Y CASOS
El Estado boliviano debe pagar alrededor de 1.500 millones de dólares por 12 arbitrajes internacionales, procesados en la Corte de Arbitraje y Conciliación de la Cámara Nacional de Comercio Internacional de París y ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), según datos de Santamaría.
Ante tal situación, el legislador emitió una petición de informe escrito al Procurador para que responda y explique cómo enfrenta el Estado estos casos.
DAÑO ECONÓMICO
A la vez, observó que los daños económicos al Estado que están en el marco de los pagos a consecuencia de la “nacionalización”, son más grandes que el supuesto delito atribuido al expresidente Carlos Mesa por el caso de Quiborax, proceso que se interpuso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
“Con el Gobierno del presidente Evo Morales tenemos deudas mucho más altas, mayor cantidad de procesos, no hay tal nacionalización. En realidad lo que ha ocurrido son procesos por compra de las acciones que pasan por un espacio de conciliación para renegociar la cantidad. Por estos 12 casos el Estado debe pagar 1.500 millones de dólares”, dijo el legislador.
miércoles, 20 de junio de 2018
Caso Quiborax abrió dudas sobre pagos a nacionalizadas
La millonaria indemnización del Gobierno a la empresa chilena Quiborax ($us 42.6 millones) por la reversión de concesiones de explotación de ulexita en el Salar de Uyuni el 2004, abrió dudas en el empresariado privado del país a raíz de las denuncias del expresidente Carlos Mesa, en sentido de que la defensa de la Procuraduría fue un “desastre” al no haber concretado un preacuerdo.
Ante esta situación el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Marco Antonio Salinas, pidió al Gobierno proceder con auditorías a objeto de establecer la legalidad de los pagos realizados (indemnizaciones) en el caso de las refinerías, telecomunicaciones y otras empresas que fueron nacionalizadas en los primeros años de gestión del actual Gobierno.
Salinas señaló que no sólo es el caso Quiborax, sino son varios procesos arbitrales que se han resuelto de otra forma, pero que no se tiene la información clara cómo se solucionaron. “El ex Procurador Héctor Arce siempre dijo que se llegó a un acuerdo y se pagó menos de lo que demandaban”, agregó.
Recordó el caso de Entel con Telecom de Italia, los grupos Iberdrola y Abertis de España con las distribuidoras de electricidad (TDE) y Sabsa, además de refinerías entre otros.
DENUNCIA DE MESA
El problema suscitado por la denuncia del expresidente Mesa ante la justicia, por las nuevas evidencias sobre un pre acuerdo para pagar al menos $us 3 millones y el documento supuestamente falso que usó la empresa chilena en el proceso, y el acuerdo alcanzado para reducir el monto de la indemnización, sirvió de argumento a Salinas para proponer al Ejecutivo auditorías, no sólo en el caso de Quiborax, sino de otros acuerdos alcanzados con otras empresas en la gestión de Gobierno.
“Es importante que se efectúen las auditorías de todos los procesos que se tuvo como Estado por las nacionalizaciones que se ha, hecho”, dijo Salinas, a tiempo de indicar que es necesario plantear al Gobierno un informe de todos los procesos que ha llevado a cabo, es decir de todos los arbitrajes que se ejecutaron.
FE DEL ESTADO
Salinas señaló también que más allá de un tema político, es un tema que involucra a la fe del Estado. “Nosotros siempre hemos dicho hay que ser serios en nuestro relacionamiento con las empresas y mucho más con las extranjeras”, apuntó.
Agregó que el Estado tiene todo el derecho de nacionalizar, pero en el marco de las normas de la ley; ahora la Justicia será quien señale sí siguieron el camino correcto o no.
ANTECEDENTES
Mesa dijo que la empresa chilena Non Metallic Quiborax inició el Arbitraje Internacional contra el Estado con un acta falsificada de constitución de la firma, lamentó que las autoridades de Gobierno no hayan objetado esta irregularidad y presentó a la Fiscalía General un memorial con esta información.
Asimismo, dijo que el Procurador General del Estado, Pablo Menacho, firmó el pago del resarcimiento de 42,6 millones de dólares, con el representante legal de la firma, Andrés Jama, quien es parte de un equipo jurídico privado que apoya a Chile en la demanda marítima presentada por Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya.
DOCUMENTO FALSO
“El documento que le permitió a Quiborax iniciar el laudo arbitral en contra de Bolivia, es un acta falsificada y que ello permitió que ese juicio se lleve adelante. David Moscoso fue condenado a dos de cárcel, quien reconoció que el documento fue falsificado”, dijo el expresidente. Moscoso resultó ser el accionista principal de la empresa Non Metallic, de la cual Quiborax era su subidiaria.
Ante esta situación el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Marco Antonio Salinas, pidió al Gobierno proceder con auditorías a objeto de establecer la legalidad de los pagos realizados (indemnizaciones) en el caso de las refinerías, telecomunicaciones y otras empresas que fueron nacionalizadas en los primeros años de gestión del actual Gobierno.
Salinas señaló que no sólo es el caso Quiborax, sino son varios procesos arbitrales que se han resuelto de otra forma, pero que no se tiene la información clara cómo se solucionaron. “El ex Procurador Héctor Arce siempre dijo que se llegó a un acuerdo y se pagó menos de lo que demandaban”, agregó.
Recordó el caso de Entel con Telecom de Italia, los grupos Iberdrola y Abertis de España con las distribuidoras de electricidad (TDE) y Sabsa, además de refinerías entre otros.
DENUNCIA DE MESA
El problema suscitado por la denuncia del expresidente Mesa ante la justicia, por las nuevas evidencias sobre un pre acuerdo para pagar al menos $us 3 millones y el documento supuestamente falso que usó la empresa chilena en el proceso, y el acuerdo alcanzado para reducir el monto de la indemnización, sirvió de argumento a Salinas para proponer al Ejecutivo auditorías, no sólo en el caso de Quiborax, sino de otros acuerdos alcanzados con otras empresas en la gestión de Gobierno.
“Es importante que se efectúen las auditorías de todos los procesos que se tuvo como Estado por las nacionalizaciones que se ha, hecho”, dijo Salinas, a tiempo de indicar que es necesario plantear al Gobierno un informe de todos los procesos que ha llevado a cabo, es decir de todos los arbitrajes que se ejecutaron.
FE DEL ESTADO
Salinas señaló también que más allá de un tema político, es un tema que involucra a la fe del Estado. “Nosotros siempre hemos dicho hay que ser serios en nuestro relacionamiento con las empresas y mucho más con las extranjeras”, apuntó.
Agregó que el Estado tiene todo el derecho de nacionalizar, pero en el marco de las normas de la ley; ahora la Justicia será quien señale sí siguieron el camino correcto o no.
ANTECEDENTES
Mesa dijo que la empresa chilena Non Metallic Quiborax inició el Arbitraje Internacional contra el Estado con un acta falsificada de constitución de la firma, lamentó que las autoridades de Gobierno no hayan objetado esta irregularidad y presentó a la Fiscalía General un memorial con esta información.
Asimismo, dijo que el Procurador General del Estado, Pablo Menacho, firmó el pago del resarcimiento de 42,6 millones de dólares, con el representante legal de la firma, Andrés Jama, quien es parte de un equipo jurídico privado que apoya a Chile en la demanda marítima presentada por Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya.
DOCUMENTO FALSO
“El documento que le permitió a Quiborax iniciar el laudo arbitral en contra de Bolivia, es un acta falsificada y que ello permitió que ese juicio se lleve adelante. David Moscoso fue condenado a dos de cárcel, quien reconoció que el documento fue falsificado”, dijo el expresidente. Moscoso resultó ser el accionista principal de la empresa Non Metallic, de la cual Quiborax era su subidiaria.
lunes, 4 de abril de 2016
Preocupa a empresarios anuncio de nuevas nacionalizaciones
Los empresarios del país expresaron su preocupación tras el anuncio del Gobierno de nuevas nacionalizaciones y aseguraron que esto pondría en riesgo la seguridad jurídica para las inversiones nacionales y extranjeras.
Otra vez se vuelve a hablar de este fantasma, dijo el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas.
“No podemos dejar de expresar nuestra preocupación ante este anuncio del presidente Evo Morales, pues hace dos años se había asumido el compromiso de paralizar estas estatizaciones”, recalcó.
El presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEEC), Federico Diez de Medina, advirtió que hay que tener mucho cuidado con este tema.
Dijo que el año pasado tuvieron una reunión con el Presidente, Vicepresidente, los ministros del área económica y de Trabajo y acordaron formar seis mesas para analizar el tema económico del país, las mismas debían empezar sus funciones la tercera semana de ese año. Sin embargo, hasta la fecha no se produjo ningún encuentro, confirmaron ambos representantes empresariales.
El anuncio de futuras nacionalizaciones se produce varios meses después de sendas visitas del presidente Morales a Nueva York y Europa, donde pidió nuevas inversiones y ofreció seguridad jurídica para las mismas.
CUMBRE El tema de nuevas nacionalizaciones en el país surgió el pasado sábado durante la Cumbre de Trabajadores y Movimientos Sociales, donde se emitieron 16 conclusiones, de las cuales la que más resonancia ha tenido es el punto número tres sobre las estatizaciones.
“Tenemos que acelerar cómo ampliar nuestro aparato productivo... ahora hay que repasar qué se ha cumplido, qué hay que mejorar o qué hay que parir: nuevos programas sociales, programas productivos, nuevas empresas estatales o qué más hay que nacionalizar”, dijo el Mandatario durante el encuentro.
Ese mismo día, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, señaló que con la agenda patriótica 2025 se busca nacionalizar e industrializar todos los medios de producción y las materias primas que “son de los bolivianos y para todos los bolivianos”.
Dijo que es importante el pedido que le han hecho al Gobierno porque los trabajadores “necesitamos un empleo digno, estable con un salario e incremento salarial equitativos”. Reiteró que nacionalizar es la primera tarea del Gobierno, además de generar fuentes de empleo para reactivar el aparato productivo.
Mencionó que se propuso nacionalizar “el tema de la industria, textiles y nuevas áreas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que requieren una inversión pública del Estado.
MESAS Sobre las mesas de trabajo acordadas entre el Gobierno y los empresarios del país, las mismas que debían servir para generar políticas de Estado a través de leyes y decretos, el empresario Nostas dijo que se envió una carta hace tres semanas al Ejecutivo; sin embargo, la misma aún no tuvo respuesta.
“Estas mesas generaron mucha expectativa y preparamos una serie de propuestas para ayudar al Gobierno y a los bolivianos a que esta crítica coyuntura económica no afecte más de lo debido a la economía nacional”, señaló el líder de los empresarios.
Otra vez se vuelve a hablar de este fantasma, dijo el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas.
“No podemos dejar de expresar nuestra preocupación ante este anuncio del presidente Evo Morales, pues hace dos años se había asumido el compromiso de paralizar estas estatizaciones”, recalcó.
El presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEEC), Federico Diez de Medina, advirtió que hay que tener mucho cuidado con este tema.
Dijo que el año pasado tuvieron una reunión con el Presidente, Vicepresidente, los ministros del área económica y de Trabajo y acordaron formar seis mesas para analizar el tema económico del país, las mismas debían empezar sus funciones la tercera semana de ese año. Sin embargo, hasta la fecha no se produjo ningún encuentro, confirmaron ambos representantes empresariales.
El anuncio de futuras nacionalizaciones se produce varios meses después de sendas visitas del presidente Morales a Nueva York y Europa, donde pidió nuevas inversiones y ofreció seguridad jurídica para las mismas.
CUMBRE El tema de nuevas nacionalizaciones en el país surgió el pasado sábado durante la Cumbre de Trabajadores y Movimientos Sociales, donde se emitieron 16 conclusiones, de las cuales la que más resonancia ha tenido es el punto número tres sobre las estatizaciones.
“Tenemos que acelerar cómo ampliar nuestro aparato productivo... ahora hay que repasar qué se ha cumplido, qué hay que mejorar o qué hay que parir: nuevos programas sociales, programas productivos, nuevas empresas estatales o qué más hay que nacionalizar”, dijo el Mandatario durante el encuentro.
Ese mismo día, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, señaló que con la agenda patriótica 2025 se busca nacionalizar e industrializar todos los medios de producción y las materias primas que “son de los bolivianos y para todos los bolivianos”.
Dijo que es importante el pedido que le han hecho al Gobierno porque los trabajadores “necesitamos un empleo digno, estable con un salario e incremento salarial equitativos”. Reiteró que nacionalizar es la primera tarea del Gobierno, además de generar fuentes de empleo para reactivar el aparato productivo.
Mencionó que se propuso nacionalizar “el tema de la industria, textiles y nuevas áreas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que requieren una inversión pública del Estado.
MESAS Sobre las mesas de trabajo acordadas entre el Gobierno y los empresarios del país, las mismas que debían servir para generar políticas de Estado a través de leyes y decretos, el empresario Nostas dijo que se envió una carta hace tres semanas al Ejecutivo; sin embargo, la misma aún no tuvo respuesta.
“Estas mesas generaron mucha expectativa y preparamos una serie de propuestas para ayudar al Gobierno y a los bolivianos a que esta crítica coyuntura económica no afecte más de lo debido a la economía nacional”, señaló el líder de los empresarios.
sábado, 13 de junio de 2015
El país ahorró 2.000 millones de dólares sin ir a arbitrajes
E l procurador general del Estado, Héctor Arce Zaconeta, destacó que en el Gobierno ahorró el pago de más de 2.000 millones de dólares por concepto de indemnizaciones a empresas nacionalizadas, pero sin acudir a arbitrajes internacionales.
Así lo recalcó durante su participación como expositor en las Jornadas de Soberanía nacional y latinoamericana en Buenos Aires, Argentina,
Según Arce, Bolivia es el país que más nacionalizaciones efectuó, pero al mismo tiempo es el que menos conflictos legales tiene. Esto se dio porque al momento de ejecutar los procesos se habló con las transnacionales y se les explicó que se le podía pagar lo que vale su inversión o en caso contrario ir a un arbitraje.
"Una decena de empresas ha aceptado las condiciones y Bolivia ha cerrado diez casos, ahorrándose más de 2.000 millones de dólares que hubiera tenido que pagar si continuaba en la vía de los arbitrajes. El año pasado, bajo mi gestión, hemos cerrado tres casos, en la actualidad solamente tenemos siete casos; cuatro de los cuales están paralizados y tres están en posibilidades de llegar a un acuerdo”, precisó.
Desde 2006, el país estatizó empresas petroleras, eléctricas, mineras y ENTEL.
Así lo recalcó durante su participación como expositor en las Jornadas de Soberanía nacional y latinoamericana en Buenos Aires, Argentina,
Según Arce, Bolivia es el país que más nacionalizaciones efectuó, pero al mismo tiempo es el que menos conflictos legales tiene. Esto se dio porque al momento de ejecutar los procesos se habló con las transnacionales y se les explicó que se le podía pagar lo que vale su inversión o en caso contrario ir a un arbitraje.
"Una decena de empresas ha aceptado las condiciones y Bolivia ha cerrado diez casos, ahorrándose más de 2.000 millones de dólares que hubiera tenido que pagar si continuaba en la vía de los arbitrajes. El año pasado, bajo mi gestión, hemos cerrado tres casos, en la actualidad solamente tenemos siete casos; cuatro de los cuales están paralizados y tres están en posibilidades de llegar a un acuerdo”, precisó.
Desde 2006, el país estatizó empresas petroleras, eléctricas, mineras y ENTEL.
martes, 4 de noviembre de 2014
LA NACIONALIZACIÓN REDUCE LA CALIFICACIÓN
La dependencia de las materias primas y el que el país tiene el PIB per capita más bajo, entre otros aspectos, reducen la posiblidad de mejorar su imagen.
Los riesgo de eventuales nacionalizaciones, pese a que el Gobierno aseguró que no volverá a asumir este tipo de medidas, es una de las ocho debilidades que observa la calificadora Fitch Ratings a la hora de evaluar la imagen boliviana.
Las buenas condiciones económicas que logró el Gobierno en los años precedentes, hicieron que se busque otro tipo de financiamiento, como la colocación de bonos soberanos en el mercado internacional por mil millones de dólares. Para ello, la calificadora Fitch Ratings se encargó de evaluar el desempeño boliviano y observó al menos ocho debilidades que impiden lograr una calificación mejor que la obtenida: BB- con tendencia "positiva".
LAS OBSERVACIONES. Una de las principales debilidades que tiene el país es su dependencia de las materias primas "que aumenta la vulnerabilidad del crecimiento, las cuentas fiscales y externas y términos de intercambio", dice parte del informe. Los hidrocarburos contabilizaron un 8% del Producto Interno Bruto (PIB), 57% de los impuestos, 54% de las exportaciones y 33% de la inversión doméstica en 2013. A esto se suma que la "inversión doméstica subió a 19% del PIB", pero la "incertidumbre regulatoria, riesgos de nacionalización, apreciación real del tipo de cambio y un ambiente de negocios débil limitan la inversión privada, diversificación económica y desarrollo de las nuevas reservas de hidrocarburos".
También se observa que pese a las mejoras significativas en el Índice de Desarrollo Humano, "Bolivia es uno de los países más pobres de Latinoamérica y de los exportadores de materias primas", además que tiene el PIB per cápita más bajo entre los países que tienen una calificación por encima de Bolivia, es decir BB y BBB.
DEBILIDADES CALIFICAN
Las calificadoras toman todos los aspectos que influyen en el desarrollo económico de un país, como es el caso de Bolivia.
PROBLEMAS
> La empresa calificador observa que Bolivia tiene indicadores de gobernabilidad débiles y que generan un ambiente desfavorable.
> Se menciona la falta de control de la corrupción, la efectividad gubernamental, la estabildad política, la calidad regulatoria y el imperio de la ley.
> Si modificaran estos aspectos negativos, el país mejorará su calificación.
LAS GRANDES FORTALEZAS
La calificadora Fitch Ratings observa varias fortalezas de Bolivia para acceder a recursos frescos.
LAS RESERVAS
> Entre las fortalezas que tiene el país está el alto nivel de reservas internacionales que tiene y los depósitos del sector público, que permiten absorver "shocks" adversos, sin afectar la sostenibilidad fiscal.
> También destaca una sólida balanza externa, con una posición acredora positiva y una liquidez que permite mitigar los riesgos de moneda y una baja en los precios de las materias primas.
> El crecimiento promedio de los últimos cinco años, es otro factor que puede mejorar su calificación.
1000 millones de dólares logró recaudar el Gobierno con la colocación de Bonos Soberanos en la Bolsa.
ENTRE LAS FORTALEZAS QUe DESTACA LA EMPRESA CALIFICADORA ESTÁ EL MANEJO de la política monetaria, el control de la inflación y la reducción del proceso de dolarización de la economía que se vivió anteriormente. Además, destaca que el sistema bancario tiene una adecuda supervisión, una buena capitalización, una buena calificación de los activos, una mejor liquidez y alta rentabilidad.
Los riesgo de eventuales nacionalizaciones, pese a que el Gobierno aseguró que no volverá a asumir este tipo de medidas, es una de las ocho debilidades que observa la calificadora Fitch Ratings a la hora de evaluar la imagen boliviana.
Las buenas condiciones económicas que logró el Gobierno en los años precedentes, hicieron que se busque otro tipo de financiamiento, como la colocación de bonos soberanos en el mercado internacional por mil millones de dólares. Para ello, la calificadora Fitch Ratings se encargó de evaluar el desempeño boliviano y observó al menos ocho debilidades que impiden lograr una calificación mejor que la obtenida: BB- con tendencia "positiva".
LAS OBSERVACIONES. Una de las principales debilidades que tiene el país es su dependencia de las materias primas "que aumenta la vulnerabilidad del crecimiento, las cuentas fiscales y externas y términos de intercambio", dice parte del informe. Los hidrocarburos contabilizaron un 8% del Producto Interno Bruto (PIB), 57% de los impuestos, 54% de las exportaciones y 33% de la inversión doméstica en 2013. A esto se suma que la "inversión doméstica subió a 19% del PIB", pero la "incertidumbre regulatoria, riesgos de nacionalización, apreciación real del tipo de cambio y un ambiente de negocios débil limitan la inversión privada, diversificación económica y desarrollo de las nuevas reservas de hidrocarburos".
También se observa que pese a las mejoras significativas en el Índice de Desarrollo Humano, "Bolivia es uno de los países más pobres de Latinoamérica y de los exportadores de materias primas", además que tiene el PIB per cápita más bajo entre los países que tienen una calificación por encima de Bolivia, es decir BB y BBB.
DEBILIDADES CALIFICAN
Las calificadoras toman todos los aspectos que influyen en el desarrollo económico de un país, como es el caso de Bolivia.
PROBLEMAS
> La empresa calificador observa que Bolivia tiene indicadores de gobernabilidad débiles y que generan un ambiente desfavorable.
> Se menciona la falta de control de la corrupción, la efectividad gubernamental, la estabildad política, la calidad regulatoria y el imperio de la ley.
> Si modificaran estos aspectos negativos, el país mejorará su calificación.
LAS GRANDES FORTALEZAS
La calificadora Fitch Ratings observa varias fortalezas de Bolivia para acceder a recursos frescos.
LAS RESERVAS
> Entre las fortalezas que tiene el país está el alto nivel de reservas internacionales que tiene y los depósitos del sector público, que permiten absorver "shocks" adversos, sin afectar la sostenibilidad fiscal.
> También destaca una sólida balanza externa, con una posición acredora positiva y una liquidez que permite mitigar los riesgos de moneda y una baja en los precios de las materias primas.
> El crecimiento promedio de los últimos cinco años, es otro factor que puede mejorar su calificación.
1000 millones de dólares logró recaudar el Gobierno con la colocación de Bonos Soberanos en la Bolsa.
ENTRE LAS FORTALEZAS QUe DESTACA LA EMPRESA CALIFICADORA ESTÁ EL MANEJO de la política monetaria, el control de la inflación y la reducción del proceso de dolarización de la economía que se vivió anteriormente. Además, destaca que el sistema bancario tiene una adecuda supervisión, una buena capitalización, una buena calificación de los activos, una mejor liquidez y alta rentabilidad.
lunes, 7 de julio de 2014
En Santa Cruz se privatizaron 8 empresas por el 18% de su valor
En el proceso de privatización de las empresas de la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz (Cordecruz), ocho de las doce unidades productivas fueron transferidas a manos privadas sólo por el 18% de su valor de implementación, señala un informe de la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la investigación de la privatización y la capitalización.
Cordecruz poseía 12 empresas productivas: dos Cabañas Lecheras en Todos Santos (Caletsa); Fábrica de Alimentos Balanceados Portachuelo (Albapor); Fábrica de Cerámica Roja Camiri; Fábrica de Cerámica Roja Roboré; fábrica de losetas Montero; Hilandería Santa Cruz (Hilancruz); Hotel Asahí; Ingenio Azucarero Guabirá; Planta Elaboradora de Quesos San Javier; Planta Industrializadora de Leche (PIL) y Productos Alimenticios de Maíz - Mairana.
De estas cuatro fueron cerradas —las fábricas de cerámica roja y losetas, además de una planta lechera— otras ocho pasaron a manos privadas.
En el informe se detalla que el costo de implementación de las ocho empresas vendidas alcanza a 117.631.596 dólares y que fueron vendidas por un valor de 21.491.586 dólares, lo que representa el 18,3% del monto de inversión inicial realizado por el Estado boliviano.
Sólo en los casos del Ingenio Azucarero Guabirá y la PIL los trabajadores tuvieron participación en el proceso de privatización y se adjudicaron una parte de las acciones, en el primer caso formaron una asociación accidental junto a los productores de caña, y en el segundo se adjudicaron el 20% de las acciones, mientras que el 60% paso a los productores y el otro 20% se quedó con Cordecruz.
En el resto de las empresas no hubo participación de los trabajadores y las empresas fueron entregadas a personas particulares y sólo tres fueron adjudicadas por empresas constituidas, donde inclusive se observaron irregularidades, es el caso de Hilancruz.
Además, para llevar adelante la privatización de estas unidades productivas, los gobiernos neoliberales pagaron 709.607 dólares en consultorías, que fueron las que determinaron el valor de venta de las empresas públicas.
Otro gasto en el que se incurrió en la privatización de las empresas de Cordecruz fue el pago de bonos extralegales, montos de dinero con los que se desmovilizaron a los trabajadores que se oponían al proceso privatizador, el monto alcanza a 2.762.000 dólares, correspondiendo a unos 2.000 dólares para cada trabajador de seis empresas, sólo en dos —Albapor y Quesos San Javier— no se realizó el respectivo pago.
Durante el gobierno de Jaime Paz Zamora se privatizaron dos empresas: el Ingenio Guabirá y la Cabaña Lechera Todos Santos (1993), luego durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se ejecutó el resto de las privatizaciones (1995-1996).
La Comisión Investigadora lleva adelante la indagación sobre los procesos de privatización de las empresas públicas, entre ellas las unidades de Cordecruz, empresas prefecturales, municipales y cooperativas de servicios básicos, todas ellas fueron transferidas o cerradas.
Cordecruz poseía 12 empresas productivas: dos Cabañas Lecheras en Todos Santos (Caletsa); Fábrica de Alimentos Balanceados Portachuelo (Albapor); Fábrica de Cerámica Roja Camiri; Fábrica de Cerámica Roja Roboré; fábrica de losetas Montero; Hilandería Santa Cruz (Hilancruz); Hotel Asahí; Ingenio Azucarero Guabirá; Planta Elaboradora de Quesos San Javier; Planta Industrializadora de Leche (PIL) y Productos Alimenticios de Maíz - Mairana.
De estas cuatro fueron cerradas —las fábricas de cerámica roja y losetas, además de una planta lechera— otras ocho pasaron a manos privadas.
En el informe se detalla que el costo de implementación de las ocho empresas vendidas alcanza a 117.631.596 dólares y que fueron vendidas por un valor de 21.491.586 dólares, lo que representa el 18,3% del monto de inversión inicial realizado por el Estado boliviano.
Sólo en los casos del Ingenio Azucarero Guabirá y la PIL los trabajadores tuvieron participación en el proceso de privatización y se adjudicaron una parte de las acciones, en el primer caso formaron una asociación accidental junto a los productores de caña, y en el segundo se adjudicaron el 20% de las acciones, mientras que el 60% paso a los productores y el otro 20% se quedó con Cordecruz.
En el resto de las empresas no hubo participación de los trabajadores y las empresas fueron entregadas a personas particulares y sólo tres fueron adjudicadas por empresas constituidas, donde inclusive se observaron irregularidades, es el caso de Hilancruz.
Además, para llevar adelante la privatización de estas unidades productivas, los gobiernos neoliberales pagaron 709.607 dólares en consultorías, que fueron las que determinaron el valor de venta de las empresas públicas.
Otro gasto en el que se incurrió en la privatización de las empresas de Cordecruz fue el pago de bonos extralegales, montos de dinero con los que se desmovilizaron a los trabajadores que se oponían al proceso privatizador, el monto alcanza a 2.762.000 dólares, correspondiendo a unos 2.000 dólares para cada trabajador de seis empresas, sólo en dos —Albapor y Quesos San Javier— no se realizó el respectivo pago.
Durante el gobierno de Jaime Paz Zamora se privatizaron dos empresas: el Ingenio Guabirá y la Cabaña Lechera Todos Santos (1993), luego durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se ejecutó el resto de las privatizaciones (1995-1996).
La Comisión Investigadora lleva adelante la indagación sobre los procesos de privatización de las empresas públicas, entre ellas las unidades de Cordecruz, empresas prefecturales, municipales y cooperativas de servicios básicos, todas ellas fueron transferidas o cerradas.
miércoles, 16 de abril de 2014
Bolivia perdió $us 47 millones por capitalizar empresas tarijeñas
La Comisión Legislativa Investigadora del Proceso de Privatización informó el martes que la privatización de 13 empresas en Tarija produjo una pérdida para el Estado de más de 47 millones de dólares.
“La Comisión Especial Mixta, que investiga el proceso de capitalización, informó que Tarija es el departamento que presentó el mayor número de empresas privatizadas en el país por la venta de un total de 13 instituciones que produjeron la pérdida de más de 47 millones de dólares al Estado boliviano”, subraya un boletín institucional.
El informe de esa comisión revela que durante la presidencia de Jaime Paz Zamora se ejecutó la privatización de 60 empresas dependientes de las corporaciones regionales de desarrollo, mediante el Decreto Supremo 22836, de 14 de junio de 1991.
Según los legisladores, el justificativo para enajenar esas instituciones fue generar un “proceso de reordenamiento” administrativo.
Entre las empresas capitalizadas están la Industria Avícola de Tarija-IAT, Alimentos Balanceados Tarija-ALBAT, Planta Industrializadora de Leche-PIL Tarija, la Empresa Tarijeña de Gas-EMTAGAS, Cristales Oscar Alfaro-CRIOSAL, Programa Agrícola de Oleaginosas y Maíz-PAOM, Industrias Agrícolas de Bermejo-I.A.B., Industria de Papel Sidras Tarija-IPTASA, Empresa Forestal Pecuaria Tariquia-EMFOPET, Fábrica de Cemento El Puente-FACEP, Fábrica de Aceites Comestibles-FAC, Centro Vitivinícola CEVTTI y Sal Yodada La Entrerriana.
El informe de la Comisión Mixta ejemplifica la pérdida del Estado boliviano con la venta de seis empresas capitalizadas.
“La Comisión Especial Mixta, que investiga el proceso de capitalización, informó que Tarija es el departamento que presentó el mayor número de empresas privatizadas en el país por la venta de un total de 13 instituciones que produjeron la pérdida de más de 47 millones de dólares al Estado boliviano”, subraya un boletín institucional.
El informe de esa comisión revela que durante la presidencia de Jaime Paz Zamora se ejecutó la privatización de 60 empresas dependientes de las corporaciones regionales de desarrollo, mediante el Decreto Supremo 22836, de 14 de junio de 1991.
Según los legisladores, el justificativo para enajenar esas instituciones fue generar un “proceso de reordenamiento” administrativo.
Entre las empresas capitalizadas están la Industria Avícola de Tarija-IAT, Alimentos Balanceados Tarija-ALBAT, Planta Industrializadora de Leche-PIL Tarija, la Empresa Tarijeña de Gas-EMTAGAS, Cristales Oscar Alfaro-CRIOSAL, Programa Agrícola de Oleaginosas y Maíz-PAOM, Industrias Agrícolas de Bermejo-I.A.B., Industria de Papel Sidras Tarija-IPTASA, Empresa Forestal Pecuaria Tariquia-EMFOPET, Fábrica de Cemento El Puente-FACEP, Fábrica de Aceites Comestibles-FAC, Centro Vitivinícola CEVTTI y Sal Yodada La Entrerriana.
El informe de la Comisión Mixta ejemplifica la pérdida del Estado boliviano con la venta de seis empresas capitalizadas.
sábado, 5 de abril de 2014
Gobierno descarta nacionalización de empresas extranjeras el 1 de Mayo
El Gobierno se comprometió ante los empresarios privados que no habrá más nacionalizaciones de empresas, afirmó el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez.
“En todo caso el presidente (Evo Morales) en la visita de anteayer (miércoles) se ha comprometido que no va haber más nacionalizaciones y nosotros le creemos”, expresó, luego del acto de promulgación de la Ley de Promoción de Inversiones.
El embajador de España en Bolivia, Angel Vásquez Díaz de Tuesta, en una entrevista concedida a El Diario el 2013, dijo que su país y la Comunidad Europea aguardan que la nueva ley incluya un “marco eficientemente seguro para las inversiones”. En ese mismo sentido se pronunció el jefe de la Delegación de la Comunidad Europea en el país, embajador Tim Torlot.
Sin embargo, el jefe de Estado en el acto justificó la política de nacionalización que emprendió su gobierno, porque antes la inversión privada permitía el “saqueo” de los recursos naturales y de la población boliviana. “Con esta ley vamos a generar riquezas para distribuir a los bolivianos”, destacó.
COMPROMISO
Sánchez dijo que la posición vertida por Morales fue hecha en el encuentro que sostuvo con los representantes de la CEPB el miércoles, en la que se acordó que los empresarios privados participarán en la redacción de varios proyectos de ley como ser la de Conciliación de Arbitraje y el nuevo Código Tributario.
La dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) pidió al gobierno, a través de su pliego petitorio, la nacionalización de las empresas Hidroeléctrica Boliviana SA y Transierra, ésta última que transporta gas natural, para que sean operadas por el Estado.
PRELACION
Sánchez mencionó que el tema de la nacionalización fue excluido de la Ley de Promoción de Inversiones porque ya se encuentra en la Carta Magna. “Una ley o decreto no puede estar por encima de la Constitución”, afirmó.
El artículo 57 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que la expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, o cuando la propiedad no cumpla una función social, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa.
En febrero pasado, Morales aseveró que estaría dispuesto a nacionalizar la fábrica de zapatos Manaco en Cochabamba si en dicha empresa no se cumplen con las normas laborales. “Si la empresa -Manaco- está haciendo abusos, si la empresa está desmantelando a la industria, a mí no me temblaría la mano para firmar un decreto supremo de nacionalización”, aseveró.
LEY DE INVERSIONES
El presidente promulgó ayer la Ley de Promoción de Inversiones, en un acto realizado en Palacio de Gobierno con la presencia de autoridades del Ejecutivo, Legislativo y de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).
La ley tiene el objetivo de establecer el marco jurídico e institucional general para la promoción de las inversiones en el Estado, a fin de contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social del país. La norma se aplica sin distinciones para las inversiones bolivianas o extranjeras que se realicen en el territorio nacional.
CRECIMIENTO
“Es una ley muy importante para garantizar la inversión y mayor inversión permitirá siempre crecimiento económico, es importante esta promulgación de la Ley de Promoción de Inversiones ahora (para) generar fuentes de trabajo”, manifestó Morales, a tiempo de señalar que la nueva normativa permitirá al Estado ser socios en las inversiones que se realicen en el país.
“En todo caso el presidente (Evo Morales) en la visita de anteayer (miércoles) se ha comprometido que no va haber más nacionalizaciones y nosotros le creemos”, expresó, luego del acto de promulgación de la Ley de Promoción de Inversiones.
El embajador de España en Bolivia, Angel Vásquez Díaz de Tuesta, en una entrevista concedida a El Diario el 2013, dijo que su país y la Comunidad Europea aguardan que la nueva ley incluya un “marco eficientemente seguro para las inversiones”. En ese mismo sentido se pronunció el jefe de la Delegación de la Comunidad Europea en el país, embajador Tim Torlot.
Sin embargo, el jefe de Estado en el acto justificó la política de nacionalización que emprendió su gobierno, porque antes la inversión privada permitía el “saqueo” de los recursos naturales y de la población boliviana. “Con esta ley vamos a generar riquezas para distribuir a los bolivianos”, destacó.
COMPROMISO
Sánchez dijo que la posición vertida por Morales fue hecha en el encuentro que sostuvo con los representantes de la CEPB el miércoles, en la que se acordó que los empresarios privados participarán en la redacción de varios proyectos de ley como ser la de Conciliación de Arbitraje y el nuevo Código Tributario.
La dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) pidió al gobierno, a través de su pliego petitorio, la nacionalización de las empresas Hidroeléctrica Boliviana SA y Transierra, ésta última que transporta gas natural, para que sean operadas por el Estado.
PRELACION
Sánchez mencionó que el tema de la nacionalización fue excluido de la Ley de Promoción de Inversiones porque ya se encuentra en la Carta Magna. “Una ley o decreto no puede estar por encima de la Constitución”, afirmó.
El artículo 57 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que la expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, o cuando la propiedad no cumpla una función social, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa.
En febrero pasado, Morales aseveró que estaría dispuesto a nacionalizar la fábrica de zapatos Manaco en Cochabamba si en dicha empresa no se cumplen con las normas laborales. “Si la empresa -Manaco- está haciendo abusos, si la empresa está desmantelando a la industria, a mí no me temblaría la mano para firmar un decreto supremo de nacionalización”, aseveró.
LEY DE INVERSIONES
El presidente promulgó ayer la Ley de Promoción de Inversiones, en un acto realizado en Palacio de Gobierno con la presencia de autoridades del Ejecutivo, Legislativo y de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).
La ley tiene el objetivo de establecer el marco jurídico e institucional general para la promoción de las inversiones en el Estado, a fin de contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social del país. La norma se aplica sin distinciones para las inversiones bolivianas o extranjeras que se realicen en el territorio nacional.
CRECIMIENTO
“Es una ley muy importante para garantizar la inversión y mayor inversión permitirá siempre crecimiento económico, es importante esta promulgación de la Ley de Promoción de Inversiones ahora (para) generar fuentes de trabajo”, manifestó Morales, a tiempo de señalar que la nueva normativa permitirá al Estado ser socios en las inversiones que se realicen en el país.
martes, 25 de febrero de 2014
Fabriles y legisladores apoyan nacionalización de la fábrica Manaco
Parlamentarios, dirigentes cívicos y fabriles de las ciudades de Quillacollo y Cochabamba respaldan el anuncio del presidente Evo Morales de nacionalizar la fábrica de calzados Manaco
El pasado sábado, el Mandatario advirtió que no dudará en ordenar la nacionalización o estatización de la fábrica de calzados Manaco, en Cochabamba, si se comprueban las denuncias de los dirigentes sindicales de un eventual desmantelamiento de la empresa o se constata la violación de los derechos laborales.
El presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, Samuel Pereira; el secretario general de la Federación de Fabriles de Cochabamba, Mario Céspedes, y el presidente del Comité Cívico de Quillacollo, Juan Carlos Irahola, respaldaron esta posible medida ante cualquier daño contra los derechos de los trabajadores, reportó ANF.
Pereira remarcó que la fábrica se instaló en Quillacollo en 1944 y que en sus mejores épocas tuvo más de 1.500 trabajadores que contribuyeron al desarrollo del departamento. Actualmente son más de 500 obreros. El producto nacional era destinado a los mercados externo e interno
"Manaco recientemente cumplió 70 años de fundación y ahora merece todo el respeto y apoyo de los cochabambinos y bolivianos, debido a que, según informes oficiales, se procedió al desmantelamiento sistemático de algunos talleres y la amenaza de su traslado a otro país”, afirmó Pereira
Céspedes dijo que plantearán al Gobierno que se haga una inversión con el fin de salvar Manaco de un "inminente” cierre a causa de la competencia desleal del contrabando, que hizo caer la producción de calzados.
También se gestionará ante la Gobernación y el Concejo Municipal la declaratoria de Manaco como "patrimonio industrial, cultural y sindical de Cochabamba.
El pasado sábado, el Mandatario advirtió que no dudará en ordenar la nacionalización o estatización de la fábrica de calzados Manaco, en Cochabamba, si se comprueban las denuncias de los dirigentes sindicales de un eventual desmantelamiento de la empresa o se constata la violación de los derechos laborales.
El presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, Samuel Pereira; el secretario general de la Federación de Fabriles de Cochabamba, Mario Céspedes, y el presidente del Comité Cívico de Quillacollo, Juan Carlos Irahola, respaldaron esta posible medida ante cualquier daño contra los derechos de los trabajadores, reportó ANF.
Pereira remarcó que la fábrica se instaló en Quillacollo en 1944 y que en sus mejores épocas tuvo más de 1.500 trabajadores que contribuyeron al desarrollo del departamento. Actualmente son más de 500 obreros. El producto nacional era destinado a los mercados externo e interno
"Manaco recientemente cumplió 70 años de fundación y ahora merece todo el respeto y apoyo de los cochabambinos y bolivianos, debido a que, según informes oficiales, se procedió al desmantelamiento sistemático de algunos talleres y la amenaza de su traslado a otro país”, afirmó Pereira
Céspedes dijo que plantearán al Gobierno que se haga una inversión con el fin de salvar Manaco de un "inminente” cierre a causa de la competencia desleal del contrabando, que hizo caer la producción de calzados.
También se gestionará ante la Gobernación y el Concejo Municipal la declaratoria de Manaco como "patrimonio industrial, cultural y sindical de Cochabamba.
domingo, 23 de febrero de 2014
GOBIERNO ADVIERTE CON NACIONALIZAR MANACO EN CASO DE EXCESOS
El presidente Evo Morales indicó que escucharAá propuestas para sacar a flote a la empresa.
El presidente del Estado, Evo Morales, advirtió ayer que no dudará en ordenar la nacionalización o la estatización de la fábrica de calzados Manaco, si se comprueban las denuncias de los dirigentes sindicales sobre un eventual desmantelamiento de esa empresa. Igual caso se daría de constatarse la información que indica que los empresarios atentan contra los derechos de los trabajadores, reportó Abi.
"Si la empresa está haciendo abusos, si la empresa está desmantelando a la industria, a mí no me temblaría (la mano para) firmar un Decreto Supremo de nacionalización de Manaco, si no es nacionalización, estatización", afirmó el Mandatario en un acto público en el que entregó la sede social refaccionada del Sindicato Fabril Manaco en Quillacollo.
Experiencias. El primer mandatario dijo que existen antecedentes en otras regiones, en las que algunos empresarios se declararon en quiebra y se promovió la reactivación de las empresas a partir de la responsabilidad y la experiencia de los sindicatos y los trabajadores.
Las compañías, en lugar de convertirse en privadas se convirtieron en empresas sociales o comunales bajo el control y la propiedad de los obreros, estableció.
En ese contexto, Morales indicó que en el caso de la fábrica de calzados Manaco "habrá que definirse si pertenece a un empresario extranjero para nacionalizarla o a un boliviano para estatizarla", tomando en cuenta que es importante otorgar recursos económicos y créditos.
Escuhará propuestas. "Nuestro Sindicato Manaco de verdad es simbólico, histórico, no (lo) vamos a abandonar, pero también quiero que traten ustedes una propuesta clara, concreta, así se levanta", argumentó el Presidente boliviano.
Asimismo, pidió a los dirigentes nacionales y departamentales que colaboren en la orientación sobre las acciones necesarias y que presenten iniciativas para sacar a flote a la referida empresa.
El jefe de Estado recordó, sin embargo, que la semana pasada recibió un pedido de la Central Obrera Departamental para que, en un trabajo conjunto con la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, se busquen iniciativas para que esa empresa "no se desgaste, no se muera".
En ese sentido, Morales dijo que se planteó que, desde el Gobierno nacional, se analicen las posibilidades respecto a cómo garantizar la compra de la producción que ofrece esta empresa, para dotar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
LA COMPAÑÍA, QUE SE ENCUENTRA EN APARENTE DÉFICIT, SERÁ EVALUADA PARA UNA POSIBLE NACIONALIZACIÓN O ESTATIZACIÓN, DE COMPROBARSE SU "DESMANTELACIÓN" O "ABUSOS" HACIA LOS TRABAJADORES.
74 años tiene la fábrica de calzados ubicada en Quillacollo. Inició sus labores en 1940.
El presidente del Estado, Evo Morales, advirtió ayer que no dudará en ordenar la nacionalización o la estatización de la fábrica de calzados Manaco, si se comprueban las denuncias de los dirigentes sindicales sobre un eventual desmantelamiento de esa empresa. Igual caso se daría de constatarse la información que indica que los empresarios atentan contra los derechos de los trabajadores, reportó Abi.
"Si la empresa está haciendo abusos, si la empresa está desmantelando a la industria, a mí no me temblaría (la mano para) firmar un Decreto Supremo de nacionalización de Manaco, si no es nacionalización, estatización", afirmó el Mandatario en un acto público en el que entregó la sede social refaccionada del Sindicato Fabril Manaco en Quillacollo.
Experiencias. El primer mandatario dijo que existen antecedentes en otras regiones, en las que algunos empresarios se declararon en quiebra y se promovió la reactivación de las empresas a partir de la responsabilidad y la experiencia de los sindicatos y los trabajadores.
Las compañías, en lugar de convertirse en privadas se convirtieron en empresas sociales o comunales bajo el control y la propiedad de los obreros, estableció.
En ese contexto, Morales indicó que en el caso de la fábrica de calzados Manaco "habrá que definirse si pertenece a un empresario extranjero para nacionalizarla o a un boliviano para estatizarla", tomando en cuenta que es importante otorgar recursos económicos y créditos.
Escuhará propuestas. "Nuestro Sindicato Manaco de verdad es simbólico, histórico, no (lo) vamos a abandonar, pero también quiero que traten ustedes una propuesta clara, concreta, así se levanta", argumentó el Presidente boliviano.
Asimismo, pidió a los dirigentes nacionales y departamentales que colaboren en la orientación sobre las acciones necesarias y que presenten iniciativas para sacar a flote a la referida empresa.
El jefe de Estado recordó, sin embargo, que la semana pasada recibió un pedido de la Central Obrera Departamental para que, en un trabajo conjunto con la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, se busquen iniciativas para que esa empresa "no se desgaste, no se muera".
En ese sentido, Morales dijo que se planteó que, desde el Gobierno nacional, se analicen las posibilidades respecto a cómo garantizar la compra de la producción que ofrece esta empresa, para dotar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
LA COMPAÑÍA, QUE SE ENCUENTRA EN APARENTE DÉFICIT, SERÁ EVALUADA PARA UNA POSIBLE NACIONALIZACIÓN O ESTATIZACIÓN, DE COMPROBARSE SU "DESMANTELACIÓN" O "ABUSOS" HACIA LOS TRABAJADORES.
74 años tiene la fábrica de calzados ubicada en Quillacollo. Inició sus labores en 1940.
jueves, 20 de febrero de 2014
Empresarios observan tema de nacionalizaciones en nueva ley
Los empresarios piden que el tema de la nacionalización no sea incluido en el proyecto de la Ley de Inversiones porque en lugar de generar certidumbre genera incertidumbre en los inversionistas.
"En vez de generar certidumbre lo que están haciendo es generar algo de incertidumbre sobre las posibles nacionalizaciones y eso es algo que no deberíamos incluir en una ley (de Inversiones) cuando la norma mayor que es la Constitución Política del Estado habla de las nacionalizaciones y en ellas se enmarcan las posibilidades de cualquier especulación o tipo de nacionalización", afirmó el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez.
Las declaraciones hechas por Sánchez fueron realizadas luego de haberse reunido con la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados y con el presidente de la Cámara Baja, Marcelo Elío, con relación a este proyecto de ley.
El empresario enfatizó que entre otras observaciones que tiene su sector respecto al proyecto de ley está relacionado a que hay aspectos que están inmersos en los Códigos Penal y Civil que no deberían estar "en esta norma que va a ser de carácter especial para aumentar la inversión en Bolivia".
"Si hay algo que ya está en el Código Penal y lo penaliza y está en el Código Civil y lo penaliza, para qué lo vas a colocar en esta norma", argumentó Sánchez.
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Mario Yaffar, advirtió la semana anterior que con el actual proyecto de Ley de Inversiones, los grandes inversionistas y extranjeros dejarían de invertir en el país porque están preocupados con relación a los temas de la nacionalización y la seguridad jurídica.
"En vez de generar certidumbre lo que están haciendo es generar algo de incertidumbre sobre las posibles nacionalizaciones y eso es algo que no deberíamos incluir en una ley (de Inversiones) cuando la norma mayor que es la Constitución Política del Estado habla de las nacionalizaciones y en ellas se enmarcan las posibilidades de cualquier especulación o tipo de nacionalización", afirmó el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez.
Las declaraciones hechas por Sánchez fueron realizadas luego de haberse reunido con la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados y con el presidente de la Cámara Baja, Marcelo Elío, con relación a este proyecto de ley.
El empresario enfatizó que entre otras observaciones que tiene su sector respecto al proyecto de ley está relacionado a que hay aspectos que están inmersos en los Códigos Penal y Civil que no deberían estar "en esta norma que va a ser de carácter especial para aumentar la inversión en Bolivia".
"Si hay algo que ya está en el Código Penal y lo penaliza y está en el Código Civil y lo penaliza, para qué lo vas a colocar en esta norma", argumentó Sánchez.
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Mario Yaffar, advirtió la semana anterior que con el actual proyecto de Ley de Inversiones, los grandes inversionistas y extranjeros dejarían de invertir en el país porque están preocupados con relación a los temas de la nacionalización y la seguridad jurídica.
domingo, 16 de febrero de 2014
Doria Medina llama “ratas” a impulsores de nacionalización
El empresario y principal accionista de la Sociedad Boliviana de Cemento, Samuel Doria Medina, tildó de “ratas” a los que pretenden nacionalizar la planta de El Puente.
Doria Medina habló en ese tono, al cumplirse los 17 años de esa industria bajo la administración de una gigante empresa cementera que es dueña también de Cemento Viacha (La Paz), Emisa (Oruro) y Cemento Warnes (Santa Cruz).
“Ya sabemos quiénes son las ratas que tratan de aprovecharse y no actúan de manera sincera”, declaró el empresario y evitó mencionar nombres.
El senador Adolfo Mendoza y el asambleísta Marcelo Poma, ambos militantes del MAS, impulsan la expropiación de la planta de cemento El Puente, con el argumento de que no está aportando al desarrollo y que su privatización se hizo con supuestas irregularidades
Doria Medina habló en ese tono, al cumplirse los 17 años de esa industria bajo la administración de una gigante empresa cementera que es dueña también de Cemento Viacha (La Paz), Emisa (Oruro) y Cemento Warnes (Santa Cruz).
“Ya sabemos quiénes son las ratas que tratan de aprovecharse y no actúan de manera sincera”, declaró el empresario y evitó mencionar nombres.
El senador Adolfo Mendoza y el asambleísta Marcelo Poma, ambos militantes del MAS, impulsan la expropiación de la planta de cemento El Puente, con el argumento de que no está aportando al desarrollo y que su privatización se hizo con supuestas irregularidades
miércoles, 22 de enero de 2014
España aún espera que Bolivia resuelva indemnización de empresas nacionalizadas
El embajador de España, Ángel Vásquez, cree que posiblemente en las próximas semanas se lleve a cabo una reunión entre la Procuraduría y los representantes de las empresas afectadas para poder definir los montos de las indemnizaciones.
El embajador de España en Bolivia, Ángel Vásquez, dijo este miércoles que su país aún espera que el Gobierno del presidente Evo Morales resuelva las indemnizaciones a las empresas españolas que fueron nacionalizadas en el último tiempo.
El 29 de diciembre de 2012, el presidente Evo Morales determinó nacionalizar las empresas Electropaz y Elfeo y las distribuidoras de energía Empresa de Servicios (Edeser) y la Compañía Administradora de Empresas (Cadep), cuatro filiales de la española Iberdrola.
El argumento fue que el servicio se centralizó en las ciudades de La Paz y Oruro, lo que generó una desigualdad en la calidad y el costo del servicio en el área rural.
El 18 de febrero de 2013, el Gobierno nacionalizó la empresa Servicios Aéreos Bolivianos Sociedad Anónima (SABSA), que estaba bajo el control de la firma española Abertis-Aena, tras no haber cumplido con su plan de inversiones.
De acuerdo al diplomático, posiblemente en las próximas semanas se lleve a cabo una reunión entre la Procuraduría y los representantes de las empresas afectadas para poder definir los montos de las indemnizaciones.
"Todavía estamos en ello, estamos en un proceso de negociación que son siempre un poco complicados y largos y todavía no han concluido, así que esperemos que concluya felizmente", afirmó Vásquez.
No obstante, el 13 de septiembre de 2013, desde Cochabamba, el presidente Evo Morales dio a conocer que no se tiene "nada que devolver" a la firma española Abertis-Aena por la nacionalización de SABSA.
Caso diferente es la nacionalización de las empresas eléctricas, ya que el mandatario, en esa oportunidad, confirmó que sí se compensaría a la firma extranjera, por ello pidió al Procurador General del Estado, Hugo Montero, agilizar el proceso para tal efecto.
LEY DE INVERSIONES:
Respecto a la nueva Ley de Inversiones que establecerá las reglas para la inversión de capitales internacionales en Bolivia, el diplomático espera que sea resuelto oportunamente por la Asamblea Legislativa, para conocer cuáles son las condiciones de operación en el país.
"Toda la comunidad empresarial está expectante para ver exactamente qué es lo que esa ley determina, así que estamos esperando a ver cómo finalmente la Asamblea aprueba esta legislación y haber cómo afecta a la población inversora", señaló.
El embajador de España en Bolivia, Ángel Vásquez, dijo este miércoles que su país aún espera que el Gobierno del presidente Evo Morales resuelva las indemnizaciones a las empresas españolas que fueron nacionalizadas en el último tiempo.
El 29 de diciembre de 2012, el presidente Evo Morales determinó nacionalizar las empresas Electropaz y Elfeo y las distribuidoras de energía Empresa de Servicios (Edeser) y la Compañía Administradora de Empresas (Cadep), cuatro filiales de la española Iberdrola.
El argumento fue que el servicio se centralizó en las ciudades de La Paz y Oruro, lo que generó una desigualdad en la calidad y el costo del servicio en el área rural.
El 18 de febrero de 2013, el Gobierno nacionalizó la empresa Servicios Aéreos Bolivianos Sociedad Anónima (SABSA), que estaba bajo el control de la firma española Abertis-Aena, tras no haber cumplido con su plan de inversiones.
De acuerdo al diplomático, posiblemente en las próximas semanas se lleve a cabo una reunión entre la Procuraduría y los representantes de las empresas afectadas para poder definir los montos de las indemnizaciones.
"Todavía estamos en ello, estamos en un proceso de negociación que son siempre un poco complicados y largos y todavía no han concluido, así que esperemos que concluya felizmente", afirmó Vásquez.
No obstante, el 13 de septiembre de 2013, desde Cochabamba, el presidente Evo Morales dio a conocer que no se tiene "nada que devolver" a la firma española Abertis-Aena por la nacionalización de SABSA.
Caso diferente es la nacionalización de las empresas eléctricas, ya que el mandatario, en esa oportunidad, confirmó que sí se compensaría a la firma extranjera, por ello pidió al Procurador General del Estado, Hugo Montero, agilizar el proceso para tal efecto.
LEY DE INVERSIONES:
Respecto a la nueva Ley de Inversiones que establecerá las reglas para la inversión de capitales internacionales en Bolivia, el diplomático espera que sea resuelto oportunamente por la Asamblea Legislativa, para conocer cuáles son las condiciones de operación en el país.
"Toda la comunidad empresarial está expectante para ver exactamente qué es lo que esa ley determina, así que estamos esperando a ver cómo finalmente la Asamblea aprueba esta legislación y haber cómo afecta a la población inversora", señaló.
martes, 21 de enero de 2014
Empresas costaron $us 1.000 MM y se vendieron en apenas $us 50 MM
PRIVATIZACIÓN Para llevar adelante el proceso, el Estado se endeudó en $us 500 millones.
Redacción central / Cambio
Las investigaciones de la privatización pueden concluir el presente año.
Todo el proceso será divulgado en libros que serán publicados.
Las 62 empresas privatizadas le costaron al país 1.000 millones de dólares, y el saldo neto de ese proceso “no significó para el Estado boliviano ni siquiera un ingreso de 50 millones de dólares”.
Además, en la primera ola de privatizaciones (1989-1993), de acuerdo con el informe elaborado por la Comisión Especial Mixta, presidida por el senador Adolfo Mendoza, “los gobernantes de entonces se prestaron 500 millones de dólares” para implementar dichas reformas estructurales de corte neoliberal, “y al final de todo ese proceso el Estado perdió sus empresas y se adeudó para venderlas”.
Las cifras que se detallan no provienen del actual Gobierno, sino de documentos existentes y denuncias como las formuladas por el diputado Miguel Urioste (MBL), que en esa época explicó que las 62 empresas le costaron a las corporaciones de desarrollo aproximadamente 600 millones de dólares, a ello hay que añadir $us 200 millones en costo financiero y otros $us 200 millones en gastos y costos de instalación de la maquinaria (terrenos, electrificación, caminos, gas, agua, etc.).
“TRAICIÓN A LA PATRIA”
Después de que el senador Mendoza hizo conocer su primer informe a la Asamblea Legislativa acerca de la privatización, el vicepresidente Álvaro García Linera expresó que “quien haya defendido la privatización es un traidor a la patria, más que un vendepatria es un traidor a la patria y no tiene perdón”.
A tiempo de destacar la labor del senador Mendoza, quien presidió la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización, García Linera pidió a los asambleístas “que concluyan su investigación, hagan los esfuerzos necesarios, contraten el personal que corresponda, pero concluyan este año”.
Mendoza hizo conocer su informe, al que denominó la primera ola de privatizaciones en Bolivia (1989-1993), durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (MIR-ADN), siendo sus ministros Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, entre otros.
En esta etapa se privatizaron 60 empresas públicas pertenecientes a las corporaciones regionales de desarrollo de los nueve departamentos del país.
SEGUNDA Y TERCERA OLA
La segunda ola de la llamada capitalización abarca el período 1993-1997, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR_MRTKL-MBL-UCS), siendo sus ministros y aliados Alfonso Revollo, Víctor Hugo Cárdenas, Max Fernández, Antonio Araníbar, Juan Del Granado, entre otros.
En este período se capitalizaron las empresas estratégicas del país: ENDE, ENFE, YPFB, Entel y LAB.
En la tercera ola, entre 1997 y 2000, en el gobierno de Hugo Banzer y Jorge Quiroga, se profundizan los procesos de privatización iniciados en las anteriores administraciones, privatizándose incluso servicios básicos como el agua.
DAÑO REGIONAL
El senador Mendoza afirmó que con esta política hubo daño a los departamentos porque se lesionaron los intereses regionales. Todo el proceso se dio en el marco de la democracia pactada y refirió la necesidad de socializar toda esta información en los nueve departamentos del país.
Mendoza, senador por Cochabamba del Movimiento Al Socialismo (MAS), exhibió cajas repletas de documentos de las etapas más entreguistas de nuestra historia.
Los asambleístas ratificaron con aplausos la decisión de continuar la investigación y el avance del trabajo realizado. Mientras que los opositores permanecieron en silencio escuchando cada una de las exposiciones de Mendoza y García LInera, respectivamente.
“Esto es un botón de lo que se hizo para saquear al país (...) Faltan ver las redes de poder existentes.
Adolfo Mendoza
Senador MAS
Un gran libro de “traidores a la patria”
Álvaro García Linera propuso que la nueva Comisión Especial que se constituya recoja todo la documentación y haga conocer un primer gran libro para su difusión en toda Bolivia sobre los “traidores de la patria”.
“Paralelamente a la investigación de la etapa de privatización ‘mirista’, tiene que venir la etapa ‘gonista movimientista’ de la capitalización. Pido a los presidentes de las cámaras los recursos necesarios, no le pongan límite a esta Comisión para la difusión, propaganda, investigación, porque el pueblo tiene que conocer”.
El Vicepresidente indicó: “Muchas veces nos quejamos en la escuela que el Tratado de 1904 nos cercenó el mar, y hubo otro 1904 con estos delincuentes privatizadores (...) Uno de los privatizadores es Edgar Saravia Durnik, socio de Página Siete, y Revollo”.
Redacción central / Cambio
Las investigaciones de la privatización pueden concluir el presente año.
Todo el proceso será divulgado en libros que serán publicados.
Las 62 empresas privatizadas le costaron al país 1.000 millones de dólares, y el saldo neto de ese proceso “no significó para el Estado boliviano ni siquiera un ingreso de 50 millones de dólares”.
Además, en la primera ola de privatizaciones (1989-1993), de acuerdo con el informe elaborado por la Comisión Especial Mixta, presidida por el senador Adolfo Mendoza, “los gobernantes de entonces se prestaron 500 millones de dólares” para implementar dichas reformas estructurales de corte neoliberal, “y al final de todo ese proceso el Estado perdió sus empresas y se adeudó para venderlas”.
Las cifras que se detallan no provienen del actual Gobierno, sino de documentos existentes y denuncias como las formuladas por el diputado Miguel Urioste (MBL), que en esa época explicó que las 62 empresas le costaron a las corporaciones de desarrollo aproximadamente 600 millones de dólares, a ello hay que añadir $us 200 millones en costo financiero y otros $us 200 millones en gastos y costos de instalación de la maquinaria (terrenos, electrificación, caminos, gas, agua, etc.).
“TRAICIÓN A LA PATRIA”
Después de que el senador Mendoza hizo conocer su primer informe a la Asamblea Legislativa acerca de la privatización, el vicepresidente Álvaro García Linera expresó que “quien haya defendido la privatización es un traidor a la patria, más que un vendepatria es un traidor a la patria y no tiene perdón”.
A tiempo de destacar la labor del senador Mendoza, quien presidió la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización, García Linera pidió a los asambleístas “que concluyan su investigación, hagan los esfuerzos necesarios, contraten el personal que corresponda, pero concluyan este año”.
Mendoza hizo conocer su informe, al que denominó la primera ola de privatizaciones en Bolivia (1989-1993), durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (MIR-ADN), siendo sus ministros Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, entre otros.
En esta etapa se privatizaron 60 empresas públicas pertenecientes a las corporaciones regionales de desarrollo de los nueve departamentos del país.
SEGUNDA Y TERCERA OLA
La segunda ola de la llamada capitalización abarca el período 1993-1997, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR_MRTKL-MBL-UCS), siendo sus ministros y aliados Alfonso Revollo, Víctor Hugo Cárdenas, Max Fernández, Antonio Araníbar, Juan Del Granado, entre otros.
En este período se capitalizaron las empresas estratégicas del país: ENDE, ENFE, YPFB, Entel y LAB.
En la tercera ola, entre 1997 y 2000, en el gobierno de Hugo Banzer y Jorge Quiroga, se profundizan los procesos de privatización iniciados en las anteriores administraciones, privatizándose incluso servicios básicos como el agua.
DAÑO REGIONAL
El senador Mendoza afirmó que con esta política hubo daño a los departamentos porque se lesionaron los intereses regionales. Todo el proceso se dio en el marco de la democracia pactada y refirió la necesidad de socializar toda esta información en los nueve departamentos del país.
Mendoza, senador por Cochabamba del Movimiento Al Socialismo (MAS), exhibió cajas repletas de documentos de las etapas más entreguistas de nuestra historia.
Los asambleístas ratificaron con aplausos la decisión de continuar la investigación y el avance del trabajo realizado. Mientras que los opositores permanecieron en silencio escuchando cada una de las exposiciones de Mendoza y García LInera, respectivamente.
“Esto es un botón de lo que se hizo para saquear al país (...) Faltan ver las redes de poder existentes.
Adolfo Mendoza
Senador MAS
Un gran libro de “traidores a la patria”
Álvaro García Linera propuso que la nueva Comisión Especial que se constituya recoja todo la documentación y haga conocer un primer gran libro para su difusión en toda Bolivia sobre los “traidores de la patria”.
“Paralelamente a la investigación de la etapa de privatización ‘mirista’, tiene que venir la etapa ‘gonista movimientista’ de la capitalización. Pido a los presidentes de las cámaras los recursos necesarios, no le pongan límite a esta Comisión para la difusión, propaganda, investigación, porque el pueblo tiene que conocer”.
El Vicepresidente indicó: “Muchas veces nos quejamos en la escuela que el Tratado de 1904 nos cercenó el mar, y hubo otro 1904 con estos delincuentes privatizadores (...) Uno de los privatizadores es Edgar Saravia Durnik, socio de Página Siete, y Revollo”.
miércoles, 9 de octubre de 2013
ETI exigió $us 1.000 millones por ENTEL PAE pide monto más alto entre todos los arbitrajes
La indemnización de 1.493 millones de dólares, que exige Pan American Energy (PAE) por la nacionalización de sus acciones en la petrolera Chaco, sólo es comparable a los 1.000 millones de dólares que planteara Euro Telecom Internacional (ETI) por la reversión de ENTEL.
ETI presentó su solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en octubre de 2007, por la transferencia de las acciones que administraban las AFP al Ministerio de Obras Públicas, pero tras su nacionalización, el 1 de mayo de 2008, amplió el proceso.
Su pedido de indemnización sumaba 1.000 millones de dólares, pero el Gobierno frenó la demanda con un arreglo por 100 millones de dólares en 2010, aunque asumió las deudas impositivas de la telefónica.
Por tanto, lo pagado superó los 200 millones de dólares.
PAE ahora exige una suma superior y que paguen 652,6 millones de dólares por las inversiones que habría realizado en la empresa Chaco y 841,2 millones de dólares por daños.
El proceso ante el CIADI fue revalidado el 24 de septiembre.
ETI presentó su solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en octubre de 2007, por la transferencia de las acciones que administraban las AFP al Ministerio de Obras Públicas, pero tras su nacionalización, el 1 de mayo de 2008, amplió el proceso.
Su pedido de indemnización sumaba 1.000 millones de dólares, pero el Gobierno frenó la demanda con un arreglo por 100 millones de dólares en 2010, aunque asumió las deudas impositivas de la telefónica.
Por tanto, lo pagado superó los 200 millones de dólares.
PAE ahora exige una suma superior y que paguen 652,6 millones de dólares por las inversiones que habría realizado en la empresa Chaco y 841,2 millones de dólares por daños.
El proceso ante el CIADI fue revalidado el 24 de septiembre.
miércoles, 2 de octubre de 2013
Morales pide a las empresas definirse sobre los arbitrajes
El presidente Evo Morales pidió ayer a las empresas extranjeras que definan si son socias del país o si continuarán con los arbitrajes internacionales en contra del Estado boliviano. De optar por esta última, el Mandatario dijo que el Gobierno recuperará las acciones de los bolivianos.
El pedido fue hecho en el acto de inauguración de la Fase II de la Planta de procesamiento de Gas del Proyecto Margarita-Huacaya que se encuentra en el área de contrato Caipipendi, ubicada al sur de Bolivia, entre los departamentos de Tarija y Chuquisaca.
“Algunas empresas son socias de verdad del pueblo boliviano, del Estado Plurinacional. Si son socios, bienvenidos; si son socios, son socios y no podemos estar enfrentados en los arbitrajes internacionales. Que se definan, porque también tenemos toda la capacidad y autoridad para tomar decisiones. Si son socios (serán) respetados, (pero) si nos llevan a los arbitrajes internacionales también estamos acá para recuperar nuestras acciones como bolivianos”, señaló Morales.
El proyecto Margarita-Huacaya está integrado por un consorcio entre Repsol E&P Bolivia SA con un 37,5% de participación como operador; British Gas (BG) Bolivia Corporation con 37,5%; y Pan American Energy (PAE) E&P Bolivia Ltda con 25%. La solicitud de Morales fue realizada en presencia del embajador de España en Bolivia, Ángel Vázquez; del presidente de la petrolera española Repsol, Antonio Brufau; del director para Latinoamérica de BG, Nelson Silva, y del presidente ejecutivo de PAE, Óscar Prieto.
Petrolera. En la actualidad existe un arbitraje que PAE inició al Estado boliviano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), entidad dependiente del Banco Mundial, por la nacionalización de la Empresa Petrolera Chaco.
Morales recordó que en su encuentro en Madrid con el presidente español, Mariano Rajoy, se superaron algunos problemas y acordaron que juntos controlarán a las empresas de ambos países. A su vez, recomendó a las empresas extranjeras trabajar transparentemente, “sin propuestas bajo la manga” ya que cuando hay “sinceridad hay confianza y hay resultados”.
Respecto al pedido del presidente Morales, de “definir” si son socias o no del Estado boliviano, el embajador español, Ángel Vásquez, indicó a La Razón que si anteriormente hubo nacionalizaciones eso es cosa del pasado y que ahora se ha creado otro clima en las negociaciones. “Existe en estos momentos la buena actitud del Presidente y eso es muy importante para las relaciones bilaterales en general”.
Brufau dijo que apuestan por Bolivia desde hace muchos años porque se respeta la inversión internacional. “El presidente Morales dice que lo que hay que hacer es tener socios y no patronos y yo coincido con él en que la mejor armonía es tener socios entre las empresas internacionales y los gobiernos que te invitan a estar” en el país.
El titular de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), Carlos Delius, señaló a La Razón que el planteamiento del presidente Morales es una buena forma de hacer negocios, “de construir un país teniendo buenas relaciones y la capacidad de resolver los problemas entre nosotros”.
La PGE y las demandas
Procesos
En la web de la Procuraduría General del Estado están registradas demandas formales de arbitraje de Guaracachi, Quiborax, Abertis Infraestructura, Chaco (PAE); mientras que los casos de Caiguani, Emdigas, Mallku Khota, Colquiri y TDE están en curso. También se informa de los suspendidos de AirBP Bolivia y Sinchy Wayra.
British Gas, autorizada a explorar en Huacareta
El mandatario Evo Morales Ayma promulgó ayer en el campo Margarita, en el Chaco tarijeño, la ley de autorización del contrato de servicio petrolero para la exploración del área Huacareta. En la exploración de esta área, ubicada entre los departamentos de Chuquisaca y Tarija, la compañía BG Bolivia Corporation invertirá cerca de $us 31 millones.
“El Presidente promulgó la ley que autoriza a YPFB firmar el contrato con la empresa BG para el área Huacareta. Una vez que se promulgue esta ley, es devuelta a la Asamblea Legislativa Plurinacional que con fines constitucionales tiene que devolver a YPFB para que se proceda con la rúbrica del contrato y devolver nuevamente a la Asamblea para generar su respectiva autorización”, explicó ayer el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa.
Zona. Esta área posee una extensión de 453.750 hectáreas que se encuentran entre los departamentos de Chuquisaca y Tarija. Huacareta es considerada zona no tradicional y se encuentra relativamente cerca de los principales centros hidrocarburíferos del sur del país.
“De acuerdo con las estimaciones que tenemos, hay un buen potencial en esa área y es por eso que BG ha decidido realizar una inversión en exploración que está alrededor de $us 31 millones en la primera fase que se van a invertir en esta área”, manifestó Sosa.
El presidente en ejercicio de YPFB, Luis Alberto Sánchez, resaltó el interés del grupo British Gas, a través de su sucursal en Bolivia, de recomenzar la actividad exploratoria a gran escala en Bolivia.
Margarita subirá producción hasta 21 MMmcd
El proyecto Margarita-Huacaya, operado por la petrolera española Repsol en sociedad con la argentina PAE y la británica BG, podría elevar su producción de 18 millones de metros cúbicos día (MMmcd) a 21 MMmcd con la Fase III. Esto se lograría en cinco años y para ello Repsol anunció que habrá una inversión de aproximadamente $us 400 millones en dicho periodo.
El presidente en ejercicio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Luis Sánchez, informó que la planta, hasta el martes, pasó de 9 MMmcd a 15 MMmcd. “Yo le hablaba al presidente (Evo Morales) que esta planta puede dar hasta 18 (MMmcd), que nos han mostrado el plan de desarrollo y estamos trabajando aquí”, señaló el ejecutivo.
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, informó que llegar a esos volúmenes depende de la exploración que se haga con los proyectos de sísmica que realizarán en el área que operan. “Vamos a dedicar una inversión de casi $us 400 millones en los próximos dos o tres años entre la sísmica y vamos a ver el potencial que tiene toda la zona de Caipipendi (bloques Huacaya y Margarita), nosotros estamos en función de eso”.
El presidente Morales dijo a Brufau que el gran deseo que tiene con la nueva planta de procesamiento de gas del proyecto Margarita-Huacaya es que no sólo llegue a 15 MMmcd, sino a 21 MMmcd. Repsol y sus socios ejecutan un plan de inversiones por valor de más de $us 1.200 millones en Margarita (sudeste de Bolivia) desde el año 2010.
sábado, 10 de agosto de 2013
POR DOS NACIONALIZACIONES Estado pagó cerca de $us 20 millones
Las arcas públicas pagaron 19,41 millones de dólares por la nacionalización de la generadora de energía eléctrica Corani y la planta polimetalúrgica Karachipampa, de acuerdo con datos de la Procuraduría General del Estado.
"El balance de trabajo de defensa legal correspondiente a estos primeros años, destaca la recuperación de la Planta de Fundición de Karachipampa", señaló el procurador General, Raúl Montero. El complejo polimetalúrgico de Potosí fue nacionalizado en el 2010 y el acuerdo con Atlas fue suscrito en mayo del 2011.
"La solución integral promovida por la Procuraduría permitió que no se devuelva el monto de la póliza ejecutada reclamada por la empresa accionista", destacó el Procurador al señalar que tan solo se reconoció "una justa compensación".
Por Karachipampa, el Estado pagó 750.000 dólares, monto menor en 100.000 dólares de la póliza de garantía por 850.000 que se ejecutó a Atlas Precious Metals Inc. Además se evitó la cancelación de 2 millones de dólares que reclamaba esa firma.
CORANI
En cuanto a la generadora de energía eléctrica Corani, Montero aseguró que al accionista mayoritaria GDF Suez se pagaron $us 18,42 millones, en tanto que al socio minoritario, la empresa Carlson Dividend Facility, tan sólo 240.000 dólares.
Dejó en claro que "las gestiones de la Procuraduría derivaron en el pago del monto establecido" en "una valuación independiente" que "dispuso pagar un determinado monto de compensación".
Montero aseguró que en estos dos casos "se preservaron en favor del patrimonio del Estado alrededor de 49 millones de bolivianos", además de evitar "procesos arbitrales internacionales que hubieran costado (en cada caso) 3 millones de dólares aproximadamente, sin considerar las pretensiones de los inversionistas", remarcó.
"El balance de trabajo de defensa legal correspondiente a estos primeros años, destaca la recuperación de la Planta de Fundición de Karachipampa", señaló el procurador General, Raúl Montero. El complejo polimetalúrgico de Potosí fue nacionalizado en el 2010 y el acuerdo con Atlas fue suscrito en mayo del 2011.
"La solución integral promovida por la Procuraduría permitió que no se devuelva el monto de la póliza ejecutada reclamada por la empresa accionista", destacó el Procurador al señalar que tan solo se reconoció "una justa compensación".
Por Karachipampa, el Estado pagó 750.000 dólares, monto menor en 100.000 dólares de la póliza de garantía por 850.000 que se ejecutó a Atlas Precious Metals Inc. Además se evitó la cancelación de 2 millones de dólares que reclamaba esa firma.
CORANI
En cuanto a la generadora de energía eléctrica Corani, Montero aseguró que al accionista mayoritaria GDF Suez se pagaron $us 18,42 millones, en tanto que al socio minoritario, la empresa Carlson Dividend Facility, tan sólo 240.000 dólares.
Dejó en claro que "las gestiones de la Procuraduría derivaron en el pago del monto establecido" en "una valuación independiente" que "dispuso pagar un determinado monto de compensación".
Montero aseguró que en estos dos casos "se preservaron en favor del patrimonio del Estado alrededor de 49 millones de bolivianos", además de evitar "procesos arbitrales internacionales que hubieran costado (en cada caso) 3 millones de dólares aproximadamente, sin considerar las pretensiones de los inversionistas", remarcó.
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