Al menos 22 empresas públicas del Estado podrán comprar, contratar servicios y efectuar licitaciones, entre otros procesos de contratación, sin la observación de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Ley SAFCO), según dispone el proyecto de Ley de la Empresa Pública.
El oficialismo asegura que el objetivo es acelerar y destrabar el trabajo de las compañías estatales de servicios.
Algunas de las empresas que no estarán sujetas al control de la Ley SAFCO son YPFB, Comibol, BoA, ENTEL, Bolivia TV, ENDE, Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) y Enatex (ver la infografía).
“Las empresas públicas quedan excluidas de la aplicación de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, del 20 de julio de 1990, así como de los sistemas que regula”, señala el numeral II del artículo 7 del mencionado proyecto de ley, como reveló este medio el 20 de junio. La futura norma, en el numeral III, precisa que las compañías estatales estarán sujetas a la regulación del sector -minería, hidrocarburos, etc- al que pertenecen.
A cambio, deben disponer de información “útil, oportuna y confiable que asegure la razonabilidad de sus informes y estados financieros”.
En el caso de las compañías dependientes del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas, como Cartonbol, Papelbol, Lacteosbol, la Empresa Boliviana de Almendras y la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia, el proyecto de ley señala que podrán ingresar al régimen de la empresa pública establecido en la futura ley, previa evaluación.
El presidente de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, Luis Alfaro, aseguró ayer que el proyecto de ley busca destrabar la administración con el fin de acelerar el avance y ejecución de las estatales.
“Hoy están muy atadas con los sistemas de contratación, ejecución y los procedimientos que deben seguir, según normas como la Ley SAFCO”, dijo.
Recordó que, por ejemplo, ENTEL, cuando tiene que hacer una contratación para comprar radiobases, debe seguir una serie de licitaciones y estudios; en cambio, las privadas avanzan más porque no tienen esas trabas. “Eso hace (compra de radiobases) que el proyecto tarde meses y meses y no puede ser que una comunidad se quede sin comunicación”, argumentó.
Algo similar ocurre en BoA cuando precisa adquirir repuestos. Analistas, empero, observan que sin la Ley SAFCO habrá corrupción en las estatales.
El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que el proyecto de ley tendrá modificaciones.
Punto de Vista
Álvaro ríos Analista El debate sobre tener o no empresas estatales ha estado siempre presente. La decisión de contar con ellas es un debate interno que cada país debe sobrellevar y posteriormente decidir. Empero, lo más aconsejable, si se decide crearlas, es mantener y/o fortalecerlas: se las debe “blindar” del poder político de turno.La historia se repite en nuestra región y una gran cantidad de gobiernos a lo largo de los años ha utilizado a estas empresas estratégicas como fuentes de empleo para sus allegados, para hacerlas subsidiar y ganar votos vía populismo, y también para forzarlas a invertir en proyectos nada rentables y visibles, en un afán netamente electoralista.
Si esto ocurre, se convierten en empresas no competitivas, sin gobierno corporativo y sin gestión. Las arcas del Estado luego deben ir a socorrerlas.
Cuando estas empresas están fuertemente “blindadas” del poder político y se las deja actuar en forma independientes, con buen gobierno corporativo, tienen alto valor para los países. El rol de las estatales no debe ser de carácter social.
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