Confiscación: Los acusa de supuesto tráfico de influencias y de haber “pagado” para manejar el Directorio de Fancesa.
Arremetida gubernamental. Un día después de la confiscación del 33,34 por ciento de las acciones de Samuel Doria Medina en la cementera Fancesa, el Gobierno inició dos investigaciones contra el líder opositor de Unidad Nacional (UN) y contra su empresa: la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce).
Mediante el Decreto Supremo 0616, el presidente Evo Morales revirtió el miércoles en favor de la Gobernación de Chuquisaca el paquete accionario de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) perteneciente a Doria Medina y el Grupo de Cementos Chihuahua de México.
La medida provocó una ola de críticas. Soboce señaló que la medida es un abuso de poder y una injusticia, además que anunció que “defenderá su patrimonio y todos los derechos que la ley ampara y garantiza”. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia comentó que es una mala señal y que afectará a las futuras inversiones nacionales y extranjeras.
Pero el Ejecutivo volvió ayer al ataque. El ministro de Economía, Luis Arce, informó que Doria Medina está siendo investigado “por las instancias (gubernamentales) correspondientes” por supuesto tráfico de influencias en el proceso de compra de las acciones, que se efectuó en 1999.
Arce recordó, en conferencia de prensa, que el empresario fue ministro de Planificación del mandato de Jaime Paz Zamora (1989-1993), cuando se promulgó la Ley de Privatización de las empresas públicas. Dijo que Doria Medina se aprovechó después de esa norma, lo que, según lo dispuesto por la nueva ley anticorrupción, se denomina “tráfico de influencias”.
Morales dijo el miércoles que la Gobernación chuquisaqueña debe contratar una firma independiente que evalúe en un plazo de 180 días la indemnización a Soboce, con la respectiva disminución de los pasivos financieros, tributarios, laborales, comerciales y ambientales de Fancesa.
Arce comentó que no se negociará con Soboce hasta que se emita el estudio. Defendió el Decreto Supremo 0616 y destacó que la recuperación accionaria fue legal y respaldada en la normativa. Respondió que en ningún momento se cometió un abuso de autoridad y aclaró que el Estado es fiel a su política de recuperar lo que le perteneció, sin vulnerar la propiedad privada.
Sin embargo, eso no fue todo. Ayer por la tarde, el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, Óscar Cámara, acusó a Soboce de entregar a la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca 12 millones de bolivianos para presidir la administración de Fancesa durante siete años.
La autoridad denunció que en diciembre de 1999, Doria Medina y el rector Jaime Robles suscribieron este acuerdo que no tomó en cuenta a la Alcaldía de Sucre para regentar a la cementera, pese a ser propietaria del 33,33 por ciento de las acciones. Ello iría en contra del Código de Comercio.
Por ello, Cámara reanudará la fiscalización de la universidad, la Alcaldía y Soboce, lo cual no pudo realizarse porque esta última presentó un recurso de confidencialidad. La meta es establecer si los 12 millones de bolivianos está respaldados.
Soboce informó ayer que no se pronunciará sobre estas dos investigaciones abiertas hasta este viernes, a las 11.00, cuando Doria Medina ofrecerá una conferencia de prensa, tras adelantar su retorno del exterior por los problemas de su empresa.
El presidente del Directorio de Fancesa, Wálter Arízaga, dijo que una junta de accionistas deberá definir una eventual recomposición interna, ante los pedidos de removerlo de su cargo tras la confiscación.
El MAS también ataca a cementera
El presidente de la Cámara de Senadores, el oficialista René Martínez, acusó ayer al Directorio de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) de haberse “sumado a la polaridad regional” y financiar las movilizaciones efectuadas el 25 de mayo de 2007, cuando cívicos y campesinos protagonizaron enfrentamientos y humillaciones públicas, según ANF.
“Hasta hace poco el nivel del Directorio de Fancesa se había sumado a la polaridad regional, a la polaridad política, vale decir de que esas instituciones hicieron de esta factoría (fábrica de cemento) como la caja chica que sirvió para movilizar, para hacer actividad política no a favor de carácter empresarial”.
Para Martínez, el rechazo de las organizaciones cívicas de Sucre al Gobierno de Evo Morales respondía a una “capacidad corporativa” desde la Universidad Mayor de San Francisco Xavier, desde la Alcaldía, desde la Prefectura, dentro de los cuales estaba vinculado también un nivel de representación en el mismo Directorio de Fancesa.
El Gobierno acusó el jueves a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) de haber manejado este directorio.
Recuperarán lo que fue privatizado
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, salió ayer al paso de las críticas a la medida gubernamental de confiscación del 33,34 por ciento de las acciones de Samuel Doria Medina en la cementera Fábrica Nacional de Cemento de Sucre, y aclaró a los empresarios que cualquier determinación similar que sea tomada a futuro involucrará a aquellos bienes que pertenecieron anteriormente al Estado boliviano y que fueron traspasados con la Ley de Privatización.
En conferencia, la autoridad señaló que “el Gobierno nacional va a recuperar las cosas que pertenecieron al Estado boliviano. El resto de las inversiones privadas que se hayan hecho no tenemos la menor intención de afectar y ustedes pueden comprobar que así ha sido. Lo que fue del Estado Boliviano se está recuperando y no otra inversión privada que se hubiera hecho con recursos o esfuerzos privados individuales”.
Reveló que se comunicó de estas medidas a los sectores patronales. “El Gobierno es fiel a su política de recuperación de los bienes estatales y así fueron informadas las organizaciones que agrupan a los empresarios nacionales y extranjeros”.
Niegan falta de gas para industrias
El ministro de Hidrocarburos, Fernando Vincenti, negó ayer que la caída en la producción de cemento se deba al desabastecimiento de gas natural para las industrias, informó ABI. Señaló que el problema se origina en una “ineficiencia” productiva que impide abastecer de cemento a los emprendimientos del sector de la construcción. “Absolutamente falso, es una pena que el Instituto del Cemento y Hormigón trate de justificar y defender ineficiencias productivas de los fabricantes de cemento. Es absolutamente falso que falte el gas para la producción de cemento”, reiteró la autoridad gubernamental, y dijo que la única planta que no cuenta con el suficiente abastecimiento de gas es la de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), en la localidad de Viacha, “porque sus ejecutivos no quieren construir un pequeño tramo de ducto para la interconexión. Cualquier propietario de estación de servicio paga la interconexión; sin embargo, esta fábrica no lo quiere hacer”. 
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