La ampliación de la venta de ropa usada por un año más que determinó el Gobierno en abril, ocasionará la pérdida entre 21 mil a 25 mil empleos directos e indirectos, sólo en el sector textil, según el Comité de Defensa de la Industria Nacional (Codeina).
Entre los empleos directos se perderán entre 11 y 16 mil y los indirectos alrededor de 10 mil, según el presidente de la entidad, Porfirio Quispe, quien afirmó que a pesar del decreto que prohibe la importación de ropa usada la oferta del producto en todo el país no ha disminuido.
Esa es una de las consecuencias de la venta de esos productos que ingresan al país de forma ilegal, hecho reconocido por autoridades de Gobierno que días atrás anunciaron una lucha frontal contra el contrabando de todos los productos para lo cual, junto a las Fuerzas Armadas se conforman comandos conjuntos de operación en los cinco puntos fronterizos del país.
Propuesta
En ese contexto, Codeina planteó al Gobierno la creación de un fondo especial donde se destine el cinco por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para el fortalecimiento de artesanos, micro, pequeñas y medianas empresas además de la creación de nuevas industrias.
Por el constante incremento en el precio del crudo y sus derivados en el mercado internacional, la renta hidrocarburífera que recibe el Estado por la venta de esta materia prima es generosa, por lo que utilizar parte de estos recursos para fomentar la industria nacional sería una segura inversión a largo plazo.
De la misma manera, proponen la implementación de un Decreto Supremo para reforzar y efectivizar el control aduanero para frenar la internación ilícita de mercadería.
Para cumplir esa tarea es necesario doblar la cantidad de efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) en base al total existente actualmente, y repetir de forma escalonada este incremento cada año.
De la misma manera se solicita al Gobierno que realice de forma inmediata un estudio para tener una estadística real de cuántos comercializadores de ropa usada existen en el país en distintas escalas.
Atropellos
A ese problema, que es cada vez más creciente, se suma también el abuso de que son víctimas los microproductores gremiales, que denuncian atropellos de los guardias municipales quienes les “decomisan” su mercadería en las ferias mañaneras, que están ubicadas en las calles Tumusla, Graneros e Isaac Tamayo de la ciudad de La Paz, en donde ofrecen a la venta ropa nueva.
En contacto con la prensa el Presidente de Codeina dijo que a menudo entre las 8.45 y 9.30 horas de la mañana guardias municipales en gran contingencia llegan hasta ese sector y despojan con violencia “grandes cantidades de ropa nacional, y ropa nueva, y otros productos, haciendo abuso de autoridad la Alcaldía”.
“Mientras se atropella a sectores que venden productos nacionales en diferentes rubros, como ropa nueva u otros bienes, contrariamente ‘se les da un premio’ a los vendedores de ropa usada ya que el alcalde, Juan del Granado desde que ingresó, ha dejado (ha permitido) crecer el mercado informal de la ropa usada, pese a que existe un decreto que instruye a las alcaldías controlar en los mercados internos (decomisar) productos usados prohibidos de comercializar”, manifestó Quispe.
Según de Decreto Supremo N° 28761 del 21 de junio del 2006 “se prohibe la comercialización de prendería vieja, desechos y desperdicios, ropa íntima de cama y de tocado, trapos, cordeles, cuerdas y cordales de materia textil en desperdicio o en desecho y zapatos viejos”.
Estudio
El 2005, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) en coordinación con la Cámara Nacional de Industrias (CNI), luego de varios meses, culminaron una investigación para determinar las consecuencias del negocio de la ropa usada en el país
En esa oportunidad, los presidentes de ambas instituciones expresaron su preocupación por la actividad ilegal de la ropa usada, y por la magnitud que ha adquirido el negocio de la prendería usada, y que afecta a la industria nacional de textiles y confecciones.
Además, se dijo que sólo un 7% es importado legalmente, en tanto que el 93% restante es internado de manera ilegal al país, siendo el volumen estimado de este negocio para la presente gestión (2005), de más de 8.000 toneladas, por un valor de 40 millones de dólares.
El estudio da cuenta que la pérdida acumulada para la economía boliviana entre los años 2000 y 2005, como consecuencia del comercio de ropa usada, supera los 500 millones de dólares (6% del PIB), siendo los más afectados: la industria textil (por 312 millones); comercio (80) y agricultura (32); transporte (17), servicios financieros (19) y servicios generales (23 millones de dólares).
En cuanto al efecto sobre el empleo, la investigación revela que la economía boliviana perdió acumulativamente 107.000 puestos de trabajo en los últimos 6 años, de los cuales 56.000 correspondieron al sector textil y confecciones.
En materia de propuestas de solución, la investigación señala que –a diferencia de lo que ocurre hoy en Bolivia- existe la prohibición del comercio de ropa usada en diferentes países, al mismo tiempo que se alienta la producción a escala para su industria nacional, a precios adecuados y con calidad similar a la de los productos extranjeros.
Entre los empleos directos se perderán entre 11 y 16 mil y los indirectos alrededor de 10 mil, según el presidente de la entidad, Porfirio Quispe, quien afirmó que a pesar del decreto que prohibe la importación de ropa usada la oferta del producto en todo el país no ha disminuido.
Esa es una de las consecuencias de la venta de esos productos que ingresan al país de forma ilegal, hecho reconocido por autoridades de Gobierno que días atrás anunciaron una lucha frontal contra el contrabando de todos los productos para lo cual, junto a las Fuerzas Armadas se conforman comandos conjuntos de operación en los cinco puntos fronterizos del país.
Propuesta
En ese contexto, Codeina planteó al Gobierno la creación de un fondo especial donde se destine el cinco por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para el fortalecimiento de artesanos, micro, pequeñas y medianas empresas además de la creación de nuevas industrias.
Por el constante incremento en el precio del crudo y sus derivados en el mercado internacional, la renta hidrocarburífera que recibe el Estado por la venta de esta materia prima es generosa, por lo que utilizar parte de estos recursos para fomentar la industria nacional sería una segura inversión a largo plazo.
De la misma manera, proponen la implementación de un Decreto Supremo para reforzar y efectivizar el control aduanero para frenar la internación ilícita de mercadería.
Para cumplir esa tarea es necesario doblar la cantidad de efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) en base al total existente actualmente, y repetir de forma escalonada este incremento cada año.
De la misma manera se solicita al Gobierno que realice de forma inmediata un estudio para tener una estadística real de cuántos comercializadores de ropa usada existen en el país en distintas escalas.
Atropellos
A ese problema, que es cada vez más creciente, se suma también el abuso de que son víctimas los microproductores gremiales, que denuncian atropellos de los guardias municipales quienes les “decomisan” su mercadería en las ferias mañaneras, que están ubicadas en las calles Tumusla, Graneros e Isaac Tamayo de la ciudad de La Paz, en donde ofrecen a la venta ropa nueva.
En contacto con la prensa el Presidente de Codeina dijo que a menudo entre las 8.45 y 9.30 horas de la mañana guardias municipales en gran contingencia llegan hasta ese sector y despojan con violencia “grandes cantidades de ropa nacional, y ropa nueva, y otros productos, haciendo abuso de autoridad la Alcaldía”.
“Mientras se atropella a sectores que venden productos nacionales en diferentes rubros, como ropa nueva u otros bienes, contrariamente ‘se les da un premio’ a los vendedores de ropa usada ya que el alcalde, Juan del Granado desde que ingresó, ha dejado (ha permitido) crecer el mercado informal de la ropa usada, pese a que existe un decreto que instruye a las alcaldías controlar en los mercados internos (decomisar) productos usados prohibidos de comercializar”, manifestó Quispe.
Según de Decreto Supremo N° 28761 del 21 de junio del 2006 “se prohibe la comercialización de prendería vieja, desechos y desperdicios, ropa íntima de cama y de tocado, trapos, cordeles, cuerdas y cordales de materia textil en desperdicio o en desecho y zapatos viejos”.
Estudio
El 2005, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) en coordinación con la Cámara Nacional de Industrias (CNI), luego de varios meses, culminaron una investigación para determinar las consecuencias del negocio de la ropa usada en el país
En esa oportunidad, los presidentes de ambas instituciones expresaron su preocupación por la actividad ilegal de la ropa usada, y por la magnitud que ha adquirido el negocio de la prendería usada, y que afecta a la industria nacional de textiles y confecciones.
Además, se dijo que sólo un 7% es importado legalmente, en tanto que el 93% restante es internado de manera ilegal al país, siendo el volumen estimado de este negocio para la presente gestión (2005), de más de 8.000 toneladas, por un valor de 40 millones de dólares.
El estudio da cuenta que la pérdida acumulada para la economía boliviana entre los años 2000 y 2005, como consecuencia del comercio de ropa usada, supera los 500 millones de dólares (6% del PIB), siendo los más afectados: la industria textil (por 312 millones); comercio (80) y agricultura (32); transporte (17), servicios financieros (19) y servicios generales (23 millones de dólares).
En cuanto al efecto sobre el empleo, la investigación revela que la economía boliviana perdió acumulativamente 107.000 puestos de trabajo en los últimos 6 años, de los cuales 56.000 correspondieron al sector textil y confecciones.
En materia de propuestas de solución, la investigación señala que –a diferencia de lo que ocurre hoy en Bolivia- existe la prohibición del comercio de ropa usada en diferentes países, al mismo tiempo que se alienta la producción a escala para su industria nacional, a precios adecuados y con calidad similar a la de los productos extranjeros.
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