Desde enero hasta septiembre de este año, 6.301 empresas cancelaron sus matrículas de actividad, lo que significa un 6% más respecto al mismo periodo en 2016, donde 6.133 firmas cesaron sus actividades en Bolivia. El 93% son unipersonales. El sector más golpeado es el que se dedicaba al comercio y venta de productos al por mayor y menor, con 46% del total, 2.752 ceses de operaciones. Los privados demandan políticas de incentivo al Estado.
La Paz, con 1.806 cancelaciones, un 29% del total, es el departamento más afectado con la suspensión de matrículas, seguido por Cochabamba, con 1.486, y Santa Cruz, con 1.450. El departamento menos afectado en este tema es Pando, con 25 cierres.
El 7% de las sociedades son de responsabilidad limitada (424), el 1% de sociedades anónimas (37) y el resto son sucursales de sociedades constituidas en el extranjero (5), entidades financieras de vivienda (1) y sociedades en comandita simple (1).
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, observa que de las firmas registradas (292.481) existe un número que no ha renovado su matrícula y no puede ejercer su actividad económica, señalando que el Gobierno tiene que dar a conocer la cifra de empresas que no están activas.
“La informalidad del mercado y el contrabando es un lastre que destruye la economía, a esto se suma el exceso normativo y regulatorio del modelo económico. Ya extendimos las propuestas al Gobierno a través de mesas de diálogo para revertir esta tendencia y recuperar el dinamismo, que supere el 5% de crecimiento”, expresó Nostas.
No hay una causa específica para que las empresas cierren, según el criterio del titular de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Luis Fernando Barbery. Asegura que la situación de la economía y la presión tributaria afectan, por lo que recomienda tener prudencia en el manejo de costos.
Los industriales van más allá al indicar que el momento económico no es el mismo de hace cinco años. Horacio Villegas, dirigente de la Cámara Nacional de Industrias, afirma que el Estado debe entender el escenario y procurar flexibilidad para dialogar. “Mantener una empresa sale caro, por eso muchas pasan al sector informal”, puntualizó.
Al ser consultado sobre el repunte de cancelaciones en mayo de este año (3.012), el economista Óscar Cortez deduce que el aumento de sueldo puede ser el motivo y sumando los retroactivos generan un costo adicional en la planificación presupuestaria.
“El inversionista no recibe incentivos de ningún tipo y estaría feliz sin tenerlos siempre y cuando pueda trabajar y producir tranquilo, sin burocracias. Además, el Estado no puede generar la cantidad de empleo que exige la población, y por ello debe procurar que el sector privado lo haga”, concluyó.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario