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sábado, 10 de diciembre de 2016
La corrupción forestal cuesta $us 29.000 millones al año
El coste anual de la corrupción en el sector forestal en el mundo se eleva a 29.000 millones de dólares (unos 27.000 millones de euros), indicó hoy Interpol en un informe en el que precisa que el soborno es la práctica más habitual.
En el estudio, difundido con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, se concluye que las redes criminales se sirven de los sobornos a funcionarios para conseguir un "paso seguro" para el transporte ilegal de madera, así como del fraude, la extorsión o el nepotismo.
Las rutas que se usan para el desplazamiento de la madera se utilizan, además, para desplazar otros bienes ilícitos, como drogas o armas de fuego.
Interpol citó como ejemplo un caso en Perú, donde el alcalde de la provincia de Coronel Portillo, Luis Valdez, fue detenido en 2008 junto a empresarios madereros en una operación contra una organización dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico.
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) recordó, en su comunicado, las sospechas de que esa red mafiosa blanqueó unos 71 millones de dólares (66 millones de euros) procedentes de la venta de cocaína a los carteles, que recibían la mercancía escondida en los cargamentos de madera.
"Una respuesta internacional y coordinada es una parte esencial de la solución para combatir a los grupos criminales transnacionales implicados en los delitos forestales. Nuestra meta común debe ser convertir la corrupción en una actividad con mucho riesgo y poco beneficio", dijo el secretario general del organismo, Jürgen Stock.
En esa línea, recomendó incrementar las técnicas de investigación financiera y la adopción de su programa I-24/7, un servicio mundial de comunicación policial protegido, que conecta las 24 horas del día y los 7 días a la semana a todos sus países miembros.
Interpol recordó igualmente el lanzamiento en 2012 de su Proyecto Hoja, una iniciativa para combatir la tala ilegal y otros delitos forestales, que permite a la organización emitir alertas internacionales a sus Estados miembros para recabar información y advertir sobre los movimientos y actividades de sospechosos.
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