Mientras altas autoridades nacionales, por un lado, proclaman y hasta imponen algunos principios, por otro los incumplen de manera ostensible, mostrando así una conducta contradictoria que es objeto de crítica de la opinión pública, tanto por medio de argumentos serios como de buen humor. Casos de esa naturaleza se han ido presentando en el país en forma creciente desde hace tiempo, pero en el curso del presente año, llegaron a su máximo nivel.
Alrededor de tres años atrás, dignatarios de Estado decidieron que el pueblo boliviano debía consumir productos nacionales de toda clase, de tal forma de crear las condiciones para consumir artículos de producción nacional. Se tomó esa medida en vista de que la economía nacional entró en declinación por el ingreso al país de productos extranjeros, tanto por vía estatal como privada, así como por el contrabando masivo.
La consigna fue dictada por el Presidente del Estado, siendo coreada hasta por el último ministro y fue objeto de gran publicidad, motivo por el cual los productores nacionales se vieron contentos con tan halagüeña medida, ya que, en esa forma, estaría garantiza la existencia de sus fábricas y artesanías. Así mismo, se vio que el ucase oficial permitiría la mejora de la producción interna, lo cual haría mejorar el PIB.
Pero la alegría que produjo la decisión de apoyar el consumo de productos nacionales y rechazar los extranjeros duró muy poco tiempo o, mejor dicho, un abrir y cerrar de ojos. En efecto, jefes de oficinas cerraron los ojos y los oídos a la medida oficial y siguieron importando productos extranjeros en mayores porcentajes. A la par, los importadores particulares siguieron en sus actividades tradicionales y los contrabandistas que vienen de Brasil, Argentina, Chile, Perú y de otros países, inclusive algunos asiáticos como China y aun Estados Unidos, duplicaron sus labores. En efecto, la orden gubernativa fue ignorada en forma solemne, tanto por funcionarios del Estado como por particulares.
La confirmación de esa política de decir una cosa y hacer todo lo contrario, acabó de darla nada menos que el mismo ministro de Economía, Luis Arce Catacora, (lúcida inteligencia que pergeñó la sabia medida de consumir productos nacionales), que había decidido comprar los costosos muebles de países vecinos, con precios tan elevados que podrían servir para adquirir muebles nacionales en el doble o el triple de los importados. Se agregó el detalle de que la autoridad “no sabía de la adquisición”, y se destituyó a funcionarios que tenían, a lo más, la responsabilidad de cumplir órdenes superiores. Se llegó al extremo de manifestar que “se compraba muebles extranjeros ¡porque los nacionales son más caros!, argumento que precisamente viola los principios enunciados por la autoridad ministerial.
También YPFB había adquirido muebles del exterior, lo que demostró que los gobernantes desconocen las disposiciones que dictan y también practican al despilfarro de fondos públicos. Solo cabe preguntarse, ¿qué importaciones se estará haciendo por el nuevo faraónico Palacio de Gobierno y para el nuevo edificio del Legislativo?
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