Casino Flamingo es el nombre de la primera sala de juego avalada en Bolivia por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego (AJ). El local abrirá sus puertas de forma oficial el 7 de febrero. Demandó una inversión de un millón de dólares.
Con todo en norma. La inversión, realizada está a cargo de Curucusí Games SRL.
El local está ubicado en la avenida La Salle No. 254, y será el primero que operará en el país al amparo de la Ley de Juegos de Lotería y de Azar (No. 060), promulgada en 2010.
Tendrá una infraestructura inicial aproximada de 300 metros cuadrados. Sus visitantes podrán acceder a siete mesas de juego. En ellas se podrá jugar Ruleta, Black Jack, Bacarat y Poker Caribeño. Se atenderá desde las 6:00 de la tarde con más de 30 personas, entre supervisores, cajeros y los ya famosos croupiers.
Todos ellos han sido capacitados durante más de seis meses para atender de la mejor manera posible a los visitantes.
“En el año 2011 miramos hacia Bolivia y nos atrevimos a invertir confiando en la normativa que ahora regula el juego de azar. Creemos que se abre una gran oportunidad para brindar entretenimiento, generar fuentes de trabajo y promover el turismo”, asegura Erick Peña Eishner, portavoz de la empresa.
Abrirán más sucursales. El ejecutivo señaló que la idea de la compañía es marcar el inicio de una nueva era para los juegos de azar en Bolivia. “Esta es una primera fase dentro de todo un proceso que vamos a encarar. Luego abriremos más salas tanto en Santa Cruz como en otras ciudades del país”, agrega el portavoz.
Tragamonedas. Añadió que están a la espera de que los fabricantes de tragamonedas certifiquen sus máquinas ante la AJ para que estas sean introducidas al país y poder dar esa opción a los visitantes.
El 22 de abril de 2013, la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego (AJ) otorgó a la empresa Curucusi Games SRL de la ciudad de Santa Cruz la primera licencia de operaciones mediante una resolución administrativa, tras efectuar la valoración técnica y legal de la documentación presentada por la firma privada. La autoridad reguladora además indicó que el resto de los negocios que se dedican a la actividad no tienen autorización legal. Por años este tipo de negocios fue fuente de lavado de dinero y el Gobierno los empezó a regular.
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