Si bien se han registrado varios casos de documentos falsificados por parte de empresas constructoras, aún no existe un mecanismo de control que evite estos delitos.
La Unidad de Auditoría del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) informó que la verificación de la autenticidad de las boletas de garantía es complicada, debido a que esta entidad tiene a su cargo más de 2.000 proyectos cada año en todo el país.
"Hemos encontrado irregularidades a través de nuestras auditorías , es por eso que se instruye que se hagan las auditorías permanentes a los proyectos, a los estados financieros y a todo lo que significan los procesos por los cuales se siguen los niveles de inversión tanto en los temas técnicos, administrativos y financieros”, dijo el director del FPS, Juan Carlos Munguía.
La autoridad informó también que el Fondo ejecutó en la pasada gestión 1.115 millones de bolivianos en 2.580 proyectos de inversión pública, cifra "sin precedentes en toda nuestra trayectoria institucional”.
Siendo que la entidad exige como requisitos a sus empresas contratadas dos boletas de garantía, se habla de más de 5.000 de esos documentos que son recibidos. "Llegar a verificar cada una de esas boletas es imposible por el tiempo y el costo”, aseveró el representante de la Unidad de Auditoría del FPS, quien guardó en reserva su identidad por reglamento.
Para la verificación de autenticidad de las boletas de garantía -asegura este funcionario- se debería pedir un informe a cada entidad financiera que las emite en todo el país. "Es imposible hacer eso porque este informe también tiene un costo y hablamos de casi 5.000 peticiones”.
Consultado al respecto, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Gabriel Dabdoub, afirmó que la presentación de boletas de garantía falsas es un delito que perjudica al Estado, a las empresas legalmente establecidas y que cumplen todos los requisitos de acuerdo con la ley, "pero se debe ejercer ya un mecanismo para garantizar su autenticidad y eso se debe hacer en conjunto, con la banca, las aseguradoras y el Ministerio de Economía”.
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