Venta de ropa usada continúa a pesar de su prohibición legal

El secretario ejecutivo de la organización de comerciantes de ropa usada del mercado Kantuta, Amadeo Tapia, manifestó que a pesar de la prohibición de venta de ropa usada en Bolivia mediante el Decreto Supremo 28761, que limita su importación, ellos continuarán vendiendo su mercadería, por contar con cerca de 13 mil toneladas almacenadas además de la falta de fuentes de trabajo.

Mediante el Decreto Supremo 28761 de 2006, el Gobierno prohibió la importación de prendería usada a partir del 21 de abril de 2007, además de la comercialización en territorio nacional desde el 1 de marzo de 2008, plazo que fue ampliado hasta el 1 de abril de 2009, a través del Decreto Supremo 29521.

"Estas leyes y decretos que el Gobierno promulgó, no permiten que los comerciantes transiten libremente en territorio nacional con la mercadería que compran en Oruro, por ello mucha gente quedó sin fuente de trabajo, tenemos familia que mantener se solicitó que se modifiquen los decretos, pero no nos escuchan, por lo que continuaremos vendiendo a pesar de todo", afirmó Tapia.

Denunció el favoritismo que el Gobierno tiene para otros sectores, como los cocaleros del Chapare y los cooperativistas mineros. "Ellos no aportan al Estado, no tributan, y gozan de muchos beneficios, cuando los recursos naturales debieran ser administrados por el Estado para el beneficio de la población", indicó.



CRECIMIENTO

Hace cinco años, se contaba con alrededor de 180 mil comerciantes de ropa usada a nivel nacional, este número ascendió hasta 250 mil comerciantes de prendería usada, en Oruro son alrededor de 10.000 comerciantes, quienes venden su mercadería en el mercado Kantuta, Roberto Young, calles Junín, Ayacucho entre Backovic y Tejerina además de otros lugares, en ferias y actividades comerciales.

El Gobierno ofreció a los vendedores de ropa usada llevar adelante un programa de reconversión productiva. Sin embargo, este proceso no prosperó. "No tuvimos ningún tipo de avance en los últimos dos años. Se debe hacer un censo a nivel nacional y planificar una reconversión gradual. Eso implica un trabajo de cinco a diez años porque no es fácil y el sector es bastante grande", afirmó Tapia. El sector pide un decreto de excepción o un cuarto intermedio sólo para los comerciantes de prendería a medio uso, pero en particular para los minoristas.