Empresarios, exportadores e industriales agropecuarios demandan al Gobierno la pronta aprobación de una Ley de Inversiones que garantice la existencia en el país la seguridad jurídica necesaria, que aseguren sus capitales, ante los avasallamientos, prohibiciones de exportaciones y las nacionalizaciones.
Para el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce), Gary Rodríguez, toda política económica que se precie de “seria” debe precautelar las inversiones que se realicen, tomando en cuenta que ese circuito económico genera fuentes de empleo y fortalece el aparato productivo y la falta de seguridad jurídica, como ahora está ocurriendo en el país pone en riesgo no sólo las inversiones extranjeras sino también las nacionales.
“No hay mejor incentivo para un inversionista que la seguridad de recuperar su inversión y su capital y que las reglas de juego este pactada a largo placo con el compromiso de la fe del Estado que se respeten las inversiones, tarea importante para cualquier país que precie a sus empresarios y sus inversiones”, dijo a EL DIARIO.
Rodríguez advirtió que mientras otros países de la región como Perú, Ecuador, Colombia se esfuerzan por atraer la inversión extranjera y fortalecer su aparato productivo interno, en el país ocurre todo lo contrario, cuando los avasallamientos de minas, tierras, áreas forestales se producen, sin que exista una Ley que sancione estos hechos y garantice el capital que se invierte.
“Lo que hay que hacer es cumplir la Ley y sancionar los avasallamientos que se están dando en el agro en el sector forestal y minero y no son las mejores señales que se dan a los inversionistas extranjeros y nacionales”, sostuvo.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosa (Anapo), Demetrio Pérez, expresó su preocupación por la falta de una Ley de Inversiones que garantice y fomente el aparato productivo como el agro.
“Lo grave de los avasallamientos es que se trata de tierras productivas, como si no hubiera tierras fiscales o bosques que el Estado pueda darles a los 'sin tierra'. Se han tomado propiedades, se destruyeron cultivos y no hay quién sancione esas acciones que ponen en riesgo miles de dólares en la siembre de los productos como arroz, soya, girasol o sorgo”, afirmó en entrevista con EL DIARIO.
Para Pérez, la seguridad jurídica se ha convertido en una demanda fundamental de los empresarios privados del país en los últimos años, toda vez que es un requisito básico para asegurar la inversión privada.
“Nosotros estamos pidiendo al Gobierno que promulgue esa Ley que sancione los avasallamientos y frene estos abusos que están creciendo, generando un clima de incertidumbre e inseguridad para las inversiones”, afirmó.
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