La construcción de la planta de cemento en Potosí se quedó sin proponentes, pues las dos únicas empresas que se presentaron al proceso de contratación directa, Isolux Ingeniería y OHL Industrial, fueron descalificadas porque el precio que ofertaron sobrepasaba al de referencia.
Los dirigentes cívicos de la capital potosina se declararon en estado de emergencia porque, según ellos, ese proyecto ya debía ser iniciado hace dos años, luego de que el Gobierno asumiera ese compromiso tras una movilización regional.
En febrero, la Empresa Productiva de Cementos de Bolivia (Ecebol), mediante el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), lanzó la primera convocatoria para que una empresa se adjudicara la construcción de esa planta, que estará ubicada en la región de Coroma.
La modalidad es la contratación directa llave en mano con financiamiento del proponente para el diseño de la planta, la provisión de maquinaria, equipos, así como de la construcción, montaje y puesta en marcha. También deberá encargarse de la capacitación, transferencia intelectual y tecnológica, además del control y monitoreo de esa factoría.
El pliego de contratación definió un precio referencial de 1.012.205.836 bolivianos ( 145 millones de dólares).
Sin embargo, el monto ofertado por Isolux Ingeniería fue de 229 millones de dólares y el de OHL Industrial de 173,1 millones de dólares, es decir, superiores en 58% y 19,3%, respectivamente.
Mediante la resolución 004/2012, del 7 de agosto pasado, el SEDEM descalificó ambas propuestas, porque la oferta económica sobrepasa el precio de referencia, señalado en el inciso f del artículo 58 del Documento Base de Contratación.
Además, Isolux Ingeniería no presentó el poder de representación legal con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, según establecen los Términos Base de Contratación (TBC), lo que también fue una causal para la descalificación, según el inciso b de los TBC.
Descontento
El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Celestino Condori, lamentó que los únicos proponentes de este proyecto hayan quedado fuera y aseguró que a raíz de esa situación y por el incumplimiento del Gobierno a ése y otros compromisos asumidos hace más de dos años, tras una movilización, esa región se declaró en estado de emergencia.
Sostuvo que a pesar de que solicitaron al Ministerio de Desarrollo Productivo que se les informe de manera oficial sobre la descalificación de esas empresas, esa cartera estatal no les dio una respuesta hasta la fecha.
Los cívicos esperarán hasta el 28 de agosto por una respuesta a sus demandas; si no la reciben, asumirán medidas de presión.
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