“A pesar de las notables diferencias de enfoque entre los esquemas de política económica aplicada desde los 90, llama la atención que no ha cambiado de manera sustantiva la base-técnico material de la economía boliviana”, excepto en tres sectores.
Esa afirmación es parte de la primera gran conclusión de la investigación Los ciclos recientes en la economía boliviana. Una interpretación del desempeño económico institucional (1898-2009), impulsada por el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) y realizada por un equipo de investigadores liderado por Horst Grebe López.
Puntualizan que la “salvedad” está en “algunas grandes inversiones privadas en el sector minero, algunos nuevos campos gasíferos y la expansión de las tierras dedicadas al cultivo de la soya en el oriente del país”. Respecto al resto de la actividad económica, sostienen que “no hay cambio digno de mención en el capital productivo moderno instalado en el país”.
Y esto se explica porque los cambios de las políticas económicas “sólo se han referido a la propiedad de las empresas hidrocarburíferas y de las que brindan los principales servicios públicos”. Y por tanto, su desempeño dependió “de las condiciones prevalecientes de la economía mundial y la correspondiente disponibilidad de excedente, que a la influencia del régimen de propiedad”.
Ciclos. Los investigadores explican que en los 20 años estudiados existen dos ciclos de expansión y uno de contracción.
Entre 1990 y 1998 hubo un incremento en las exportaciones de productos agroindustriales (soya y sus derivados), industriales (confecciones, muebles y joyas); y un elevado flujo de inversión extranjera en hidrocarburos. Generó un incremento en el capital fijo que impulsó la demanda agregada y se reflejó en mayores niveles de consumo de la gente.
El segundo ciclo de expansión está entre 2004 y 2009 (que se prolongaría hasta 2011) y tiene a los sectores de hidrocarburos y minería como actores principales. El proyecto de exportación de gas a Brasil “explica más de la mitad del crecimiento en ese periodo”. Tuvo más ingresos fiscales, más empleo en sectores formales y más inversión en construcción.
Sin embargo, muestran que en el periodo de contracción (1999-2003) se registró un flujo de inversiones negativo como resultado de la turbulencia de los mercados financieros de la época, provocando una menor capacidad de gasto e inversión del sector público boliviano. Y la población logró incrementar el consumo y mejorar levemente sus condiciones de vida.
La investigación, apoyada por el PIEB, propone principalmente una “institucionalidad mixta de largo plazo que contribuya a generar consensos mínimos entre los actores clave del desarrollo que puede facilitar el tránsito a un nuevo modelo de producción y acumulación”.
Objetivos del equipo de economistas
Convocatoria
El Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), con el apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos, lanzó la convocatoria de investigación “Factores económicos e institucionales y su inci- dencia en el escaso desarrollo nacional y regional: Bolivia 1989-2009”.
Grupo
El equipo de investigadores del tema presentado en esta edición incluye a economistas, catedráticos y exministros: Horst Grebe López, Mauricio Medinaceli Monroy, Rodrigo Fernández Ortiz y Cristina Hurtado de Mendoza.
Desarrollo institucional y concertación social
Entre las propuestas de políticas públicas de la investigación Los ciclos recientes en la economía boliviana. Una interpretación del desempeño económico institucional (1898-2009), los economistas destacan las relacionadas al desarrollo institucional y a la concertación social.
En la organización del gobierno señalan que “ha prevalecido la primacía de la autoridad financiera respecto de las demás áreas de gestión de las políticas económicas y sociales”, y proponen que un enfoque de desarrollo debería contar con una “autoridad responsable de la planificación” y una “estrategia de formación de los servidores públicos”.
El otro aspecto fundamental es el pacto fiscal, pero aclaran que no sólo es para el reparto de los ingresos tributarios entre el gobierno central y las organizaciones territoriales, y ofrecen consideraciones para definir la ruta, compromisos, prioridades, estructura y transparencia.
La creación de un Consejo Económico y Social también forma parte de los acuerdos para garantizar la continuidad de las políticas acordadas en el país.
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