El procurador general del Estado, Hugo Montero Lara, informó que el Estado boliviano afronta doce notificaciones de controversias y arbitrajes a consecuencia de la nacionalización de empresas estratégicas iniciadas desde 2006.
Montero Lara señaló que el Gobierno, en estos conflictos, busca la manera más amistosa de resolver los litigios para evitar procesos largos y costosos al Estado.
“Son varios los conflictos en los cuales estamos representando al Estado, básicamente se trata de temas que han surgido a propósitos de la política de recuperación de algunas empresas estratégicas”, dijo al explicar que por ejemplo en el tema de hidrocarburos, en el tema de electricidad, en servicios.
En ese marco, indicó “estamos afrontando alrededor de 9 a 12 notificaciones de controversia y arbitrajes”.
La autoridad agregó que algunos casos ya han sido solucionados, como el de la generadora de electricidad Corani con la GDF Suez de Francia, con la que se llegó a un acuerdo hace un par de semanas.
También recordó el caso de la italiana ETI con la recuperación de Entel.
Entre los conflictos actuales están la empresa generadora de electricidad Guaracachi y la chilena Quiborax en el tema de la explotación de ulexita en el salar de Uyuni.
SOLUCIONES AMISTOSAS Según el Procurador del Estado Plurinacional, el Gobierno entabla la mejor manera de resolver estos conflictos, por lo que evitar la confrontación con las empresas demandantes es la idea.
“Es la voluntad y la prioridad de nuestra institución buscar soluciones de la manera más amistosa posible estos temas, de manera tal que no tengamos que enfrentar largos procesos costosos y onerosos procesos arbitrales en contra del Estado boliviano”, sostuvo.
El 7 de febrero de este año la Procuraduría General del Estado entró en vigencia en reemplazo de funciones que realizaba el exministerio de Defensa Legal del Estado.
A casi cuatro meses de la posición de su primer mandato (mayo de 2006), el presidente Evo Morales comenzó con el proceso de nacionalización de varias empresas que años antes fueron entregadas a empresas privadas.
Las primeras empresas nacionalizadas fueron las de hidrocarburos, luego telecomunicaciones y posteriormente otras que están bajo el control del Estado.
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