A menos de dos meses de finalizar la gestión, las empresas estatales creadas y nacionalizadas por el Gobierno en los últimos tres años tienen 654,9 millones de bolivianos (aproximadamente cien millones de dólares) sin gastar y acumulados en los bancos del sistema.
Así lo revela un informe estadístico de cuentas fiscales en la banca al 31 de octubre de este año elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Los datos ubican a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) como la entidad con el mayor monto en cuentas fiscales sin utilizar: 184,9 millones de bolivianos.
Le siguen Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con 167,8 millones; la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), 83,3 millones; la Empresa Naviera Boliviana, 81,7 millones, y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), 67 millones, entre las principales del sector público.
Para el Gobierno, Yacimientos es la principal empresa estratégica del país, y por eso ordenó su nacionalización en 2006 y recientemente la apoyó para que obtuviera un crédito de mil millones de dólares del Banco Central de Bolivia (BCB).
Sin embargo, en cuanto a ejecución presupuestaria es una de las empresas con menor eficiencia al haber gastado menos del 2 por ciento de 1.465 millones de bolivianos hasta octubre.
La Comibol también es fundamental para el Órgano Ejecutivo, que en 2006 la potenció con la nacionalización de Huanuni, que hasta entonces tenía participación del sector cooperativista.
Lo mismo sucede con Emapa, a través de la cual se ha logrado comercializar arroz y azúcar a menores precios que en el comercio local y en el futuro se aumentará la producción de trigo para reducir las importaciones de harina.
Con montos menores en caja se hallan Boliviana de Aviación (BoA), 11,2 millones de bolivianos; la Empresa Metalúrgica de Vinto, 11 millones, y la Empresa Siderúrgica El Mutún, ocho millones.
La primera llenó el vacío dejado por el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y la segunda, que antes tenía como socia a la compañía suiza Glencore, fue nacionalizada en 2007.
En un gabinete celebrado el 31 de julio para evaluar la gestión de los ministerios y empresas estatales hasta el mes de junio, el Gobierno identificó como causas de la baja ejecución de fondos a la burocracia administrativa y algunas normas jurídicas, como la Ley Safco, que regula la administración de recursos del sector público.
Datos del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) revelan que el gasto e inversión en nueve ministerios hasta octubre no superaba el 50 por ciento.
El Órgano Ejecutivo cuestionó en reiteradas oportunidades la falta de eficiencia de las prefecturas, alcaldías y universidades para ejecutar sus presupuestos asignados.
Para destacar
La baja ejecución presupuestaria de las entidades del sector público incrementa los saldos.
Para superar las deficiencias, el Gobierno flexibilizó la Norma Básica de Contratación de Bienes y Servicios.
En virtud de este ajuste se pueden hacer compras de menos de 500.000 bolivianos sin licitación.
La disposición benefició también a varias alcaldías que liberaron sus recursos en caja y bancos.
El Órgano Ejecutivo también presupuestó la contratación de consultores para asesorar la gestión.
Los analistas observan que no existe capacidad de gestión en la administración central.
El Gobierno pretende gastar en la última parte del año todo lo que no pudo en diez meses.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario