Esta situación es utilizada como argumento por los comercializadores de prendas usadas para pedir la ampliación indefinida del plazo, ya que —dicen— esto evitaría que unas 250.000 personas se queden sin empleo.
En junio del 2006, el Gobierno emitió el decreto 28761, que estableció “plazos definitivos” para la importación y comercialización de la ropa usada. Así, la internación de estas prendas está prohibida desde abril del 2007 y el plazo para la venta en el mercado interno debía concluir en marzo del 2008.
No obstante, el 28 de marzo del año pasado, el Ejecutivo dio un año más para la comercialización y anunció la creación de una empresa mixta entre el Estado y los productores, encargada de importar telas e insumos.
El 31 de marzo concluye el plazo para la venta de ropa usada y, a la fecha, la anunciada reconversión productiva no avanzó. El Ejecutivo no tiene listo ni el estudio que permitirá conocer la cantidad exacta de prendería usada que queda en el país.
El 14 de febrero, el viceministro de Microempresa y Economía Rural, Ramiro Lizondo, sostuvo que su despacho está trabajando para dar una solución integral a la problemática. Explicó que esto se daría a través de las agencias estatales de apoyo al sector productivo Pro Bolivia, Insumos Bolivia y Promueve Bolivia.
Estas instancias deberán coadyuvar para que las unidades productivas puedan acceder a capacitación, información sobre tecnología, materia prima y mercados para su producción.
Según el Viceministerio de Microempresa, la condición “es que los comercializadores de ropa usada estén organizados y con unidades productivas, preferentemente de textiles, ya creadas”.
“Si en tres años no nos han podido ayudar para que nos reconvirtamos, cómo lo harán en un mes”, se preguntó Wálter Mamani, uno de los principales comercializadores de ropa usada. Sostuvo que por ello, el sector pide una ampliación indefinida para la venta de esa mercadería.
Porfirio Quispe, presidente del Comité de Defensa de la Industria Nacional (Codeina) lamentó que el Gobierno no haya concluido el estudio sobre la cantidad de gente que se dedica a esta actividad, en el que se debía diferenciar a los grandes, medianos y pequeños comercializadores. “El Gobierno ha puesto a todos en una sola bolsa y eso no está bien, porque hay gente que mueve entre Bs 6.000 y 9.000 diarios y que tienen más de cinco tiendas en El Alto... Sentarnos con el Gobierno y los comercializadores en la misma mesa es negociar el contrabando, no lo vamos a hacer”.
La Aduana refuerza el control
Ante la proximidad del plazo final para la comercialización de ropa usada (31 de marzo), la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) dispuso que se refuercen los controles en la frontera con Chile, confirmó el comandante del Control Operativo Aduanero (COA), Ramiro Mendoza.
Una comisión de la Aduana se trasladó ayer a Oruro para coordinar acciones que permitan al brazo operativo aduanero reforzar los controles para evitar la internación ilegal de ropa usada no sólo en los puestos fijos de vigilancia, sino también en las rutas alternativas utilizadas para el ingreso de mercadería.
Verónica Aguirre, abogada de la gerencia legal de la Aduana Nacional, precisó que se tiene información de que “el mayor ingreso ilegal de ropa usada, el 93%, se produce por Oruro, y para dar cumplimiento a las normas legales se intensificarán los controles en todos los puntos”.
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