La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) aseguró ayer que indaga las actividades de siete grandes empresas que internan a Bolivia equipos de computación de la marca Hewlett Packard (HP) por supuesto contrabando de mercadería y subfacturación.
El presidente interino de la entidad, general César López, informó a La Prensa que todas esas compañías están siendo sujetas a un proceso de fiscalización y que para no entorpecerlo no podía revelar sus nombres.
Hace dos días, la ANB denunció que el ingreso irregular de mercadería de la marca HP generó una pérdida económica al Estado de unos 12 millones de dólares.
HP es una de las empresas de tecnología de la información más grandes del mundo. Opera en 170 países. Cuenta con una cartera que abarca impresoras, computadoras personales, software (programas) y servicios.
Dos proveedores de computadoras informaron que la empresa Distribuidor Mayorista de Computadoras S.A. (DMC), que opera en el mercado desde hace 11 años, es una de las mayores importadoras directas de la marca estadounidense HP para Bolivia. La información fue corroborada en su página web.
Este diario contactó a los ejecutivos de DMC para conocer su posición, pero en sus oficinas informaron que el Gerente General estaba de viaje y excusaron al resto del personal.
Según la web, su oficina principal está en Santa Cruz. En esta capital tiene 26 distribuidoras y 15, en La Paz.
DMC señala que también representa en Bolivia a Samsung, Epson, Toshiba, Microsoft, APC, Accubanker, MSI, Kingston, Klon, AOC, Benq, CDP y Vericash.
El Presidente de la Aduana anticipó que la fiscalización alcanzará “a otros productos y marcas no solamente en equipos de computación”.
Hasta el cierre de edición, la casa matriz de HP no se pronunció oficialmente, pero López anticipó a El Deber que la multinacional inició gestiones para contactarse con la Aduana.
El proceso
El Presidente de la ANB informó que se enteró de las supuestas actividades ilícitas de las importadoras luego de que en una revisión rutinaria realizada por la Gerencia Regional de Santa Cruz se identificaran “diferencias entre los precios reportados por los importadores y la nacionalización de la mercancía”.
Por ejemplo, en las estadísticas de la entidad figuraban 4.000 computadoras importadas, mientras que en el mercado había mucho más.
López explicó que esos indicios dieron lugar a un proceso de investigación, que tuvo tres etapas. La primera consistía en la identificación de las importadoras autorizadas por HP en Bolivia.
Después se verificaron los envíos de esas firmas durante las gestiones 2005, 2006 y 2007.
En un tercer momento, la ANB pidió a los despachantes de Aduana los reportes de las compañías en el mismo periodo.
“Como resultado de estos análisis —señaló—, se determinó el inicio de procesos de fiscalización a las diferentes empresas importadoras de los productos HP”.
El funcionario aseguró que aún no se precisó desde cuándo supuestamente se incurrió en esas irregularidades, pero se solicitó información desde el último trimestre de 2007.
En ese entonces, la casa matriz de HP se negó a brindar información, hecho que retrasó las indagaciones de la entidad.
La gestión pasada, un grupo de personas se presentaron como representantes de HP, pero sin mostrar credenciales. Se comprometieron a agilizar la entrega de datos; sin embargo, nada.
Más datos
La entidad presume que las empresas incurrieron en actos irregulares.
Se estima que el daño económico al Estado asciende a 12 millones de dólares.
La Aduana informó a El Deber que esperará los descargos de las importadoras.
Anticipó que si las explicaciones no convencen, se asumirán acciones legales.
La institución anticipó que indagará a otras compañías de otros rubros.
No quiso adelantar los nombres para evitar problemas en las investigaciones.
Hallan una casa con contrabando
La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) allanó el sábado un domicilio particular, ubicado en la calle Constitución, cerca de la Terminal de Buses La Paz, en el que encontró diversa mercadería internada de contrabando al país.
La entidad informó que en la vivienda los productos estaban ubicados en una especie de sótano, oculto a la vista.
El Control Operativo Aduanero (COA) realizó el allanamiento en cumplimiento del mandamiento emitido por el juez Quinto de Instrucción en lo Penal, William Dávila, y con la presencia del fiscal adscrito a la institución recaudadora, Edwin Sarmiento.
El valor de la mercadería incautada sobrepasa las 10 mil Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV).
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