La venta de ropa usada continuará en el país, pero se mantiene vigente la prohibición de su importación, afirmó ayer el ministro de Producción y Microempresa, Javier Hurtado. Desde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresaron su extrañeza ante una actitud contradictoria del Gobierno, y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) teme por los empleos del sector productivo.
A través de una entrevista en la red Patria Nueva, Hurtado dijo que “hemos quedado tanto con el sector de la producción como con el comercial de ropa a medio uso en que la suspensión que había a partir del 1 de marzo queda suspendida. Vamos a tramitar la derogación de incisos sobre esa ley”.
Explicó que en la madrugada del domingo se llegó a un acuerdo de tres puntos con la Comisión Nacional de Defensa de Ropa y Prendería a Medio Uso y con la Cámara de Importadores del mismo rubro, en el que no se fija una nueva fecha límite, sino que se trabajará en una estrategia para el sector.
El representante de la comisión de vendedores, Wálter Mamani, dijo que hasta el 1 de marzo el Gobierno debe derogar el inciso b del artículo 3 del Decreto Supremo 28761, que establece el plazo final para la comercialización.
La norma que promulgó el Gobierno en junio de 2006 fijó el límite para la importación de prendería usada el 21 de abril de 2007 y para la comercialización el 1 de marzo de 2008. Además se incluyó el proyecto de reconversión productiva para apoyar a las familias que trabajan en estas dos actividades.
El presidente de la CEPB, Roberto Mustafá, declaró que de proceder esta decisión, el Gobierno estaría actuando de una forma contradictoria al proponer primero que la gran empresa sea el motor de la economía y la locomotora que jale a la mediana, pequeña y microempresa y a la vez fomentar la informalidad.
Agregó que espera que no sea una política de postergación de la economía y privilegio de la política para evitar generar conflictos sociales.
El sector de la ropa usada, que tiene 250 mil afiliados, anunció hace una semana que el 18 de febrero realizará una marcha nacional y con ella iniciará las movilizaciones para evitar el cumplimiento de la prohibición de la venta.
Ante la decisión del Gobierno, el presidente del IBCE, Ernesto Antelo, expresó su preocupación por el impacto en el empleo del sector textil y de confección, principalmente de las pequeñas y microempresas. Afirmó que sería lamentable que la decisión se confirme.
El acuerdo logrado ayer establece en el segundo punto la conformación de un comité mixto de técnicos para elaborar una nueva estrategia de empleo industrial y comercial que permita pasar a los comerciantes al sector productivo.
En mayo de 2007, el Ministerio de Producción y Microempresa lanzó en el Palacio de Gobierno el Programa de Reconversión Productiva y Comercial, a través del cual se entregaba créditos productivos a los comerciantes para la adquisición de maquinaria que les permitiera iniciar un negocio.
En el área comercial se apoyaba a los comerciantes para que pasen de la venta de ropa usada al comercio de otra mercancía.
La insuficiencia del programa fue reconocida por Hurtado, ya que no se lograron cumplir los objetivos planteados.
El Gobierno dispuso de 10 millones de dólares de fideicomiso para otorgar los créditos a los comercializadores.
En enero de este año, el viceministro de la Pequeña y Mediana Empresa, Ramiro Uchani, informó que sólo 3.533 vendedores de ropa usada accedieron a los créditos habilitados, lo que representa el 1,4 por ciento de los 250 mil que registra la Comisión Nacional.
Por este resultado, Mamani dijo que el plan para industrializar al sector empezaba de nuevo.
El último punto del convenio señala que la Cámara de Importadores de Ropa Usada, junto al Ministerio del área, realizará un conteo de la mercancía que existe aún en el país y establecerá el tiempo necesario para concluir su comercialización.
Con esta medida, también se abre la posibilidad de abrir las importaciones, según Mamani.
Al respecto, Hurtado expresó que “si vencido ese plazo (de venta) y agotadas sus exigencias todavía necesitamos resolver los problemas laborales de la gente, tendremos que estudiar medidas concretas, probablemente exportaciones (sic.) limitadas o algo así”.
De acuerdo con el estudio Importación de Ropa Usada en Bolivia, realizado por Gonzalo vidaurre con el apoyo del IBCE y la Cámara Nacional de Industrias (CNI), sólo el 7 por ciento de la ropa usada es importada legalmente, mientras que el 93 por ciento restante es contrabando, alcanzando un volumen estimado de más de ocho mil toneladas anuales, por un valor de 40 millones de dólares.
Las cifras del sector
250 mil comerciantes de prendas a medio uso
Según la Comisión Nacional de Defensa de Ropa y Prendería a Medio Uso, el registro de sus afiliados llega a cerca de 250 mil en todo el país. Sin embargo, no existe un dato exacto porque no fueron censados.
3.533 vendedores reconvertidos
De acuerdo con los datos que maneja el Viceministerio de Micro y Pequeña Empresa, hasta enero se inscribieron 5.048 vendedores, de los cuales el 70 por ciento accedió a créditos.
7.668 fardos de ropa usada decomisados
Ésta es la cifra que la Unidad de Control Operativo de la Aduana Nacional alcanzó en 2007. A partir de abril de ese año estaba prohibido el ingreso de este tipo de mercancía al país.
Las normas
En mayo de 2005 se puso en marcha una estrategia de lucha contra el contrabando.
El plazo fijado para la comercialización venció el 17 de mayo de ese año.
Ante el incumplimiento, el Gobierno actual emitió el Decreto Supremo 28761.
La nueva norma se aprobó el 21 de junio de 2006 y fijó nuevos plazos.
La importación de ropa usada quedó prohibida a partir del 21 de abril de 2007.
La comercialización concluirá el 1 de marzo de 2008 indefectiblemente.
Quedó prohibida la importación y venta de ropa vieja, íntima, de cama y tocador.
Esta misma norma establece el Programa de Reconversión Productiva.
Se dio prioridad al acceso al crédito y las tecnologías para los comerciantes.
El Vendo Boliviano era otro proyecto de incentivo para la reconversión.
Se debían abrir mercados de exportación para las iniciativas comerciales.
A través de una entrevista en la red Patria Nueva, Hurtado dijo que “hemos quedado tanto con el sector de la producción como con el comercial de ropa a medio uso en que la suspensión que había a partir del 1 de marzo queda suspendida. Vamos a tramitar la derogación de incisos sobre esa ley”.
Explicó que en la madrugada del domingo se llegó a un acuerdo de tres puntos con la Comisión Nacional de Defensa de Ropa y Prendería a Medio Uso y con la Cámara de Importadores del mismo rubro, en el que no se fija una nueva fecha límite, sino que se trabajará en una estrategia para el sector.
El representante de la comisión de vendedores, Wálter Mamani, dijo que hasta el 1 de marzo el Gobierno debe derogar el inciso b del artículo 3 del Decreto Supremo 28761, que establece el plazo final para la comercialización.
La norma que promulgó el Gobierno en junio de 2006 fijó el límite para la importación de prendería usada el 21 de abril de 2007 y para la comercialización el 1 de marzo de 2008. Además se incluyó el proyecto de reconversión productiva para apoyar a las familias que trabajan en estas dos actividades.
El presidente de la CEPB, Roberto Mustafá, declaró que de proceder esta decisión, el Gobierno estaría actuando de una forma contradictoria al proponer primero que la gran empresa sea el motor de la economía y la locomotora que jale a la mediana, pequeña y microempresa y a la vez fomentar la informalidad.
Agregó que espera que no sea una política de postergación de la economía y privilegio de la política para evitar generar conflictos sociales.
El sector de la ropa usada, que tiene 250 mil afiliados, anunció hace una semana que el 18 de febrero realizará una marcha nacional y con ella iniciará las movilizaciones para evitar el cumplimiento de la prohibición de la venta.
Ante la decisión del Gobierno, el presidente del IBCE, Ernesto Antelo, expresó su preocupación por el impacto en el empleo del sector textil y de confección, principalmente de las pequeñas y microempresas. Afirmó que sería lamentable que la decisión se confirme.
El acuerdo logrado ayer establece en el segundo punto la conformación de un comité mixto de técnicos para elaborar una nueva estrategia de empleo industrial y comercial que permita pasar a los comerciantes al sector productivo.
En mayo de 2007, el Ministerio de Producción y Microempresa lanzó en el Palacio de Gobierno el Programa de Reconversión Productiva y Comercial, a través del cual se entregaba créditos productivos a los comerciantes para la adquisición de maquinaria que les permitiera iniciar un negocio.
En el área comercial se apoyaba a los comerciantes para que pasen de la venta de ropa usada al comercio de otra mercancía.
La insuficiencia del programa fue reconocida por Hurtado, ya que no se lograron cumplir los objetivos planteados.
El Gobierno dispuso de 10 millones de dólares de fideicomiso para otorgar los créditos a los comercializadores.
En enero de este año, el viceministro de la Pequeña y Mediana Empresa, Ramiro Uchani, informó que sólo 3.533 vendedores de ropa usada accedieron a los créditos habilitados, lo que representa el 1,4 por ciento de los 250 mil que registra la Comisión Nacional.
Por este resultado, Mamani dijo que el plan para industrializar al sector empezaba de nuevo.
El último punto del convenio señala que la Cámara de Importadores de Ropa Usada, junto al Ministerio del área, realizará un conteo de la mercancía que existe aún en el país y establecerá el tiempo necesario para concluir su comercialización.
Con esta medida, también se abre la posibilidad de abrir las importaciones, según Mamani.
Al respecto, Hurtado expresó que “si vencido ese plazo (de venta) y agotadas sus exigencias todavía necesitamos resolver los problemas laborales de la gente, tendremos que estudiar medidas concretas, probablemente exportaciones (sic.) limitadas o algo así”.
De acuerdo con el estudio Importación de Ropa Usada en Bolivia, realizado por Gonzalo vidaurre con el apoyo del IBCE y la Cámara Nacional de Industrias (CNI), sólo el 7 por ciento de la ropa usada es importada legalmente, mientras que el 93 por ciento restante es contrabando, alcanzando un volumen estimado de más de ocho mil toneladas anuales, por un valor de 40 millones de dólares.
Las cifras del sector
250 mil comerciantes de prendas a medio uso
Según la Comisión Nacional de Defensa de Ropa y Prendería a Medio Uso, el registro de sus afiliados llega a cerca de 250 mil en todo el país. Sin embargo, no existe un dato exacto porque no fueron censados.
3.533 vendedores reconvertidos
De acuerdo con los datos que maneja el Viceministerio de Micro y Pequeña Empresa, hasta enero se inscribieron 5.048 vendedores, de los cuales el 70 por ciento accedió a créditos.
7.668 fardos de ropa usada decomisados
Ésta es la cifra que la Unidad de Control Operativo de la Aduana Nacional alcanzó en 2007. A partir de abril de ese año estaba prohibido el ingreso de este tipo de mercancía al país.
Las normas
En mayo de 2005 se puso en marcha una estrategia de lucha contra el contrabando.
El plazo fijado para la comercialización venció el 17 de mayo de ese año.
Ante el incumplimiento, el Gobierno actual emitió el Decreto Supremo 28761.
La nueva norma se aprobó el 21 de junio de 2006 y fijó nuevos plazos.
La importación de ropa usada quedó prohibida a partir del 21 de abril de 2007.
La comercialización concluirá el 1 de marzo de 2008 indefectiblemente.
Quedó prohibida la importación y venta de ropa vieja, íntima, de cama y tocador.
Esta misma norma establece el Programa de Reconversión Productiva.
Se dio prioridad al acceso al crédito y las tecnologías para los comerciantes.
El Vendo Boliviano era otro proyecto de incentivo para la reconversión.
Se debían abrir mercados de exportación para las iniciativas comerciales.
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