El Estado pagó el doble del precio real por la maquinaria que la empresa brasileña D’Andrea entregó para el montaje de Papelbol, informó ayer la fiscal Edna Montoya, que investiga las irregularidades en esa empresa estatal.
La maquinaria tiene un valor de seis millones de dólares, pero el Estado pagó 13,2 millones de dólares, explicó.
Dijo que la valoración fue realizada por la compañía Pricewaterhouse Coopers en un peritaje inicial.
Hizo notar que el contrato con D’Andrea por 13,5 millones de dólares se firmó en 2008 y que de ese monto se canceló el 98%, es decir, 13,2 millones de dólares. Esto implica que si la maquinaria entregada por la brasileña vale seis millones de dólares, se pagó 7,2 millones de dólares de sobreprecio.
“Ése es el supuesto sobreprecio; estamos hablando de supuestos, porque estamos en la fase investigativa”, precisó.
A la fecha, dos personas fueron imputadas por estas supuestas irregularidades: el ex viceministro de Mediana y Gran Empresa e Industria Eduardo Peinado Rivero y el ex gerente general de Papelbol Antonio Camberos Bolaños.
Montoya anunció que se prevé imputar a más involucrados y antes de la vacación judicial se tomará las declaraciones del ex gerente comercial de Papelbol, otros ex directores de la empresa y asesores legales. Dentro del proceso de investigación también está pendiente que la Fiscalía se traslade a San Pablo, Brasil, para tomar las declaraciones a Roberto Falascina, representante legal de la empresa D’Andrea.
La fiscal informó que sólo está a la espera de que BoA le facilite dos pasajes, para ella y para el investigador, a fin de que viajen a la vecina nación, pues ya se cumplieron los procedimientos para poder recibir esas declaraciones, según lo establece la Comisión Interamericana de Lucha Contra la Corrupción.
Según Montoya, una de las exigencias es que la querella debe ser traducida, lo que ya fue realizado, así como la citación para que declare.
“Ahora se tiene que esperar que tengamos pasajes para que el investigador asignado al caso y mi persona nos constituyamos en el consulado boliviano de San Pablo para tomarle las declaraciones”, aseguró la fiscal.
Montoya recordó que entre enero y marzo ya se hizo el peritaje y que la última inspección a la planta ubicada en Villa Tunari fue para ver que la nueva empresa Vicstar comience el montaje.
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