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domingo, 2 de enero de 2011

El ayllu y el negocio occidental se unen en la empresa comunitaria

Uno de los estudios para dar sostenibilidad a la producción de la quinua corresponde a la construcción de un modelo de empresa comunitaria, combinando los conceptos de la corporativa occidental y la original del ayllu, subrayó Rosmary Jaldín Quintanilla, del Programa de Investigación Ambiental del PIEB.

El trabajo se realizó con la Asociación de Productores del ayllu Quillacas (Aproquillacas). Los investigadores caracterizaron la racionalidad de la empresa capitalista moderna y la racionalidad del hombre andino, con el propósito de abrir la posibilidad de crear una empresa comunitaria en beneficio del conjunto de agricultores, con identidad cultural y construida de abajo-arriba, detalla.

En este caso, los investigadores proponen trasladar la filosofía o enfoques de vida del pensamiento andino a la construcción de una unidad económica de comercialización de la quinua.

La idea es buscar el beneficio colectivo de los socios, que por extensión llegará al ayllu; promover la propiedad colectiva e igualitaria del capital sobre el trabajo; contar con una administración profesional; imprimir una racionalidad entre la producción y la tierra; obtener beneficios a partir de los esfuerzos y recursos que se invierten; y trabajar sobre la base del saber de los campesinos combinando el conocimiento científico.

Los investigadores han identificado que pueden potenciarse, en la idea de una empresa comunitaria, los paradigmas: pacha industrial, pacha estructural, pacha informático, pacha transnacional y pacha económico.

Socialización. Hace dos semanas, en La Paz, diversos actores estratégicos de la cadena productiva de la quinua conocieron esta propuesta y los otros cinco estudios para la producción sostenible del grano en la región del altiplano intersalar de Oruro y Potosí. Se abrió la posibilidad de iniciar contactos formales con distintas instituciones financiadoras y entidades públicas impulsoras, informó Jaldín.

El Viceministerio de Ciencia y Tecnología propuso una reunión entre los coordinadores de las investigaciones y centros de estudios, con el propósito de reactivar la Plataforma de Innovación en Quinua. Similar invitación planteó la Cámara Nacional de Productores de Quinua y la Cámara de Exportadores de Quinua para avanzar en implementar estos proyectos.

Entidades que apoyan los estudios
Entre las instituciones coauspiciadoras están el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), la Prefectura de Oruro, la Prefectura de Potosí, la Asociación de Municipios de Oruro, la Asociación de Municipios de Potosí, la Universidad Técnica de Oruro (UTO), la Universidad Autónoma Tomás Frías, la Fundación Autapo y el Programa de Fortalecimiento del Complejo Quinua en el Altiplano Sur.

Producción tendrá un seguro
Una de las medidas presentadas por el MAS el 2006 fue la creación de un seguro agrícola para beneficiar a productores y habitantes de áreas rurales. Así también propuso más financiamiento para proyectos de riego. Según anunció el presidente Evo Morales, en el 2011 serán realidad.

El seguro será financiado por un Fondo Agrícola que contará con un capital inicial de 20 millones de dólares. “Los productores agrícolas trabajan cada año y a veces son afectados por sequías e inundaciones en las que pierden toda su producción y capital sin contar con un seguro que les permita resarcir las pérdidas”, dijo.

Hasta marzo espera realizar desembolsos por $us 300 mil a municipios rurales que entreguen proyectos para riego.

lunes, 4 de febrero de 2008

La industrialización empezó con empresas comunitarias

El Gobierno comenzó el proceso de industrialización en Bolivia con la implementación de cuatro empresas comunitarias que operarán en la transformación de leche, frutas y quinua.

Además alista tres industrias para el procesamiento de naranja y la producción de jugo, 10 procesadoras de quinua y la constitución de cuatro compañías mixtas para la transformación de la semilla de papa, carne, madera y producción de lagarto. Así lo confirmaron los ministerios de Producción y Microempresa, y Desarrollo Rural y Agropecuario.

El asesor de la Confederación Agropecuaria del Oriente (CAO), Luis Baldomar, explicó que esas fábricas no afectarán a su sector porque “no serán una competencia”, pero expresó su preocupación por la participación del Estado en acciones productivas. “La historia ha sido penosa anteriormente”.

Los emprendimientos

El Ministerio de Producción y Microempresa informó que una de las empresas comunitarias es la que impulsará la fábrica Ecofrut, ubicada en Tarija.

Ésta procesará frutas para bebidas naturales que comenzará con un financiamiento estatal de dos millones de bolivianos. El presidente Evo Morales adelantó, en su discurso de evaluación de gestión, que este año se entregará la planta.

También está la industria elaboradora de harina de plátano La Operita, ubicada en Beni, cuyo proyecto vale aproximadamente un millón de bolivianos.

El Jefe de Estado adelantó que el Gobierno decidió apostar también por la creación de otras infraestructuras para el procesamiento de leche en Parotani (Cochabamba) y de la castaña, en el oriente del país, lo cual demanda una inversión de otros 6,9 millones.

“No queremos fracasar. Si con nuestra planta de castaña fracasamos, ése va a ser motivo para que los empresarios sigan explotando a los trabajadores. Mi recomendación es manejar bien la empresa comunal”.

En Producción y Microempresa informaron que el Poder Ejecutivo también empuja otra iniciativa de los pobladores de la localidad de Pucarani, ubicada a más de 50 kilómetros de La Paz, quienes se organizaron para constituir una planta industrializadora de leche del altiplano.

Explicaron que ese plan está en plena ejecución y cuenta con respaldo de Venezuela.

La viceministra de Desarrollo Rural, Roxanna Liendo, explicó que la política del Gobierno es transformar la materia prima para obtener valor agregado. “La idea es industrializar los productos naturales que tiene Bolivia. En un proceso de desarrollo productivo, queremos ir más allá de lo que es la producción de materias primas y apoyar en la transformación de los productos agropecuarios y forestales”.

Según otras fuentes, bajo esa dinámica, con productos industrializados, el Estado puede recibir tres veces más de lo que percibe con las materias primas. Liendo afirmó que ésa es una aproximación que se puede dar.

Planes en estudio

El Ministerio de la Presidencia, a través del plan Evo Cumple, también diseña la estrategia para el impulso a tres industrias procesadoras de naranja, ubicadas en el Chapare (Cochabamba), Caranavi (La Paz) y El Torno (Santa Cruz).

En esa oficina aseguraron que el proyecto se encuentra en estudio de prefactibilidad y que tendrá una amplia participación de los productores de cítricos de esas regiones.

El presidente Morales anticipó también que como parte de su política de industrialización, planifica la implementación de 10 centros de procesamiento de quinua. Aún no se definió dónde funcionarán exactamente, pero para eso sostiene reuniones con los dirigentes de las cámaras productoras del sector. “Vamos a seguir implementando más proyectos de industrialización de productos (...). Siento que cuando el Estado no tiene control, cualquiera puede subir los precios. Siento que hay grupos que a veces mejoran su situación económica especulando con los precios y eso no puede seguir”.

Fortalecimiento del agro

El Gobierno también será socio de las comunidades para impulsar cuatro empresas que se desarrollarán en la transformación de la semilla de papa, el procesamiento de la carne, de la madera y de la producción de lagarto. Según el Presupuesto General de la Nación (PGN), el Ejecutivo destinará 2,4 millones de bolivianos para desarrollar los estudios correspondientes para la concreción de esas compañías.

La viceministra Liendo detalló que la idea inicial es atender el consumo interno de alimentos y luego aprovisionar a otros mercados de la región.

En todas esas empresas mixtas, el Estado tendrá mayoría accionaria; sin embargo, Liendo precisó que su participación puede ser superior al 50 por ciento más uno.

En los convenios, el Estado pondrá el capital de arranque de las compañías y las comunidades contribuirán con su mano de obra y la producción agrícola y forestal.

La Viceministra aseguró que aún no se tienen los valores que se desembolsarán en cada caso, ya que están en curso los estudios técnicos respectivos.

La conformación de las empresas mixtas comunitarias está contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), diseñado por el Gobierno como parte del cambio de la matriz productiva que pretende lograr.

La empresa dedicada a la transformación de la semilla de papa funcionará en Cochabamba, el diseño está en análisis.

La industria cárnica se ocupará de la transformación de ese tipo de alimento. “Ahí lo que se está buscando es el faenado, comercialización y procesamiento de carne bovina; es decir, ir más allá de simplemente faenar al animal para que se llegue a nivel de procesamientos de embutidos de carne de vaca”.

La tercera iniciativa es la implementación de una compañía azucarera. El proyecto prevé la instalación de tres ingenios azucareros en Bolivia: en La Paz, Bermejo y Santa Cruz.

El financiamiento para las compañías mixtas

(en bolivianos)

1. Azucarera Boliviana 993.115

2. Boliviana Forestal de productos maderables 401.949

3. Boliviana Forestal de productos no maderables 301.462

4. Boliviana de Carne y de productos cárnicos 528.823

5. Boliviana del Lagarto 228.000

TOTAL 2.453.349

Fuente: Presupuesto General de la Nación (PGN)

domingo, 27 de enero de 2008

Las empresas comunitarias serán reconocidas a través de una ley




El 10 de enero, la Superintendencia de Empresas presentó el proyecto al Congreso. A través de la norma, se quiere incorporar a estos emprendimientos a la economía nacional. En las organizaciones productivas hay voces a favor y en contra de la iniciativa.
Una de las aspiraciones de la Superintendencia de Empresas es promover el desarrollo de los emprendimientos en sus diferentes escalas, pero en igualdad de oportunidades para hacer negocios. Con este objetivo, el primer paso que se ha dado fue la elaboración de un proyecto de ley para reconocer a las empresas comunitarias.

El proyecto de ley fue presentado al Congreso el 10 de enero. El primer artículo del documento señala que la norma tiene por objeto “reconocer la naturaleza ancestral de las Empresas Comunitarias, incorporándolas al ámbito de la economía nacional, a través de la formalización ágil y expedita, así como el fomento en su constitución y el incentivo en el ámbito tributario, administrativo y de comercialización”.

De acuerdo con la explicación de motivos incluida en el documento que se presentó al Congreso para el tratamiento de la norma, hasta el 31 de agosto había 31.166 empresas registradas en la Fundación para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa). Sin embargo, en base a la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), a diciembre del 2005, existían 1,1 millones de empresas informales en el país.

“Entonces, el porcentaje de empresa formales que son beneficiarias de las políticas públicas alcanza cerca del 3% del conjunto de unidades económicas que fueron declaradas como existentes”, señala el proyecto de ley.

Rolando Morales, superintendente de Empresas, explica que esto quiere decir que sólo ese 3% goza de todos los derechos de los agentes económicos, entre ellos, el derecho de firmar contratos en nombre de la empresa, la apertura de una cuenta en un banco, la posibilidad de ser sujeto de crédito y la facultad de exportar.

La autoridad indica que se ha montado una estructura legal y procedimental que excluye a grandes sectores de la población, particularmente a las empresas comunitarias. “Son empresas que ya funcionan hace mucho tiempo, pero no gozan de todos los derechos de los agentes económicos”.

Esto —señala— se debe a que el concepto de empresa comunitaria no está contemplado en el Código de Comercio, que sólo reconoce a las compañías estructuradas sobre la base de aportes de capital. “Mientras que estas empresas comunitarias están organizadas con aportes de trabajo”.

No obstante, el que este tipo de empresas no haya sido tomado en cuenta por las normas no fue impedimento para que campesinos e indígenas se organicen para producir y vender. Domingo Cuentas, arquiri apumallku (el segundo al mando) del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (Conamaq), explica que actualmente, en algunas comunidades se han organizado en microempresas.

Otros optaron por producir en forma individual, acopiar la producción y ofrecerla al público a través de comercializadoras u organizaciones no gubernamentales (ONG) que apoyan a los productores en esta labor.

El Súper de Empresas acota que otros se han inscrito como sociedades sin fines de lucro, una figura que también limita en cuanto a los derechos económicos.

Sin embargo, en algunas regiones como en Oruro, las comunidades tuvieron la iniciativa de conformar empresas de acuerdo a sus usos y costumbres.

Así surgió la idea de realizar el proyecto de ley y, para ello, se llevó adelante un encuentro nacional en el que participaron representantes del Ejecutivo y Legislativo, la Prefectura de Oruro —que fue una de las promotoras de la iniciativa—, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (Conamaq), la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia (CIOEC) y la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), además de algunas ONG.

El proyecto de ley define qué es una empresa comunitaria, cuáles son sus principios, valores, características y fines. También establece qué actividades están permitidas a este tipo de emprendimientos. Uno de los aspectos que resalta en la propuesta es que los excedentes que logre la empresa, sean en dinero o en especie, integrarán un Fondo Comunitario.

El documento propone que estos recursos sean reinvertidos en el crecimiento de la empresa y en la mejora de las condiciones de vida de toda la comunidad. También plantea que el control y la supervisión de las empresas comunitarias estará a cargo de la entidad reguladora estatal, en este caso, de la Superintendencia de Empresas.

Rolando Morales señala que la norma permitirá la formalización de estas iniciativas de manera sencilla. Indica que también se trabaja en un proyecto para las micro y pequeñas empresas (mypes).

Algunos detalles del proyecto de ley

Concepto
La empresa comunitaria es una organización de elementos materiales e inmateriales para la producción o venta de bienes o servicios, basada en la economía familiar, la unidad territorial, la aplicación de principios y valores comunitarios. Reconoce a las autoridades originarias y su estructura organizativa. La creación de estas empresas puede darse en el ámbito urbano y rural, en distintas escalas, siempre que cumpla con los principios y valores ancestrales.

Características
Estas empresas se caracterizan por su identidad territorial y orgánica, por la reinversión de sus ingresos en el proceso productivo y por la redistribución equitativa de sus excedentes. Aplica la complementariedad en lo económico, social, espiritual y natural. Genera excedentes para cubrir las necesidades de la comunidad y combina el trabajo familiar con el comunitario a través de los sistemas ancestrales productivos. El vivir bien es su máxima aspiración.

Actividades permitidas
Entre las actividades que podrán realizar estos emprendimientos están la producción, transformación y venta de productos agrícolas, ganaderos, piscícolas, forestales, con la condición de que se cuide el medio ambiente y se realice un manejo ecológico y sostenible. Está permitida la producción artesanal y la prestación de servicios comunitarios como el turismo, infraestructura, formación y capacitación relacionados con los sistemas productivos.