SOBOCE calcula en unos $us 6 millones las utilidades que le han sido retenidas en FANCESA, a esto debe sumarse un 6% de interés que sigue sumando mes tras mes, al margen del costo del tercio accionario de la fábrica chuquisaqueña. Así resumió ayer, Samuel Doria Medina, el informe que brindará al grupo mexicano Cementos Chihuahua, inversionistas de SOBOCE, a propósito de la reversión de acciones a favor de la Gobernación de Chuquisaca desde hace ya nueve meses y que hasta la fecha aún no se honra.
Denunciando que los empresarios nacionales son tratados peor que las transnacionales petroleras, Doria Medina reveló ayer que en su próximo viaje a Texas-Estados Unidos -para el cual obtuvo permiso legal por estar arraigado- deberá informar a los inversionistas mexicanos que en Bolivia no se están cumpliendo las leyes, porque la expropiación de las acciones de SOBOCE en FANCESA se hizo sin pago previo y mediante una ley, como dicta la Constitución Política del Estado.
El entrevistado recordó que el Decreto 616 del 1º de septiembre de 2010 establecía un plazo de 180 días (hasta febrero) para el pago de la indemnización, pero no se cumplió a la fecha. Acotó que no se pagaron las utilidades de las gestiones 2009 y parte de 2010, las cuales ascienden a unos $us 6 millones además del interés generado. “Se acumula varios millones de dólares y cuando hay una declaración de dividendos que no se cumple, hay responsabilidad de las personas que no están cumpliendo; en su momento tendrán que responder ante la justicia y además el Código Civil establece que hay un interés del 6%; los que no están pagando tendrán que rendir cuentas porque están generando estos gastos adicionales para FANCESA”, dijo.
¿Qué hará SOBOCE le preguntaron los periodistas? “Se han cometido arbitrariedades a lo largo de nuestra historia que no son permanentes, que no son eternas, y los que cometen arbitrariedades al final tiene que rendir cuentas con la justicia”, respondió.
El industrial criticó los cambios que se realizan, por ejemplo, en CONCRETEC donde se contrató a 14 personas allegadas al ex director Carlos Ortega cuya denuncia pública fue justificada con que “eran parientes lejanos”. A su juicio, el precio de mercado de esta empresa subsidiaria es de $us 50 millones, $us 46 millones más que cuando fue comprada en 2002.
Al respecto, la Gobernación, que como accionista detenta la Presidencia de FANCESA, explicó en varias oportunidades que todavía no se conoce el valor real de la cementera para proceder a la cancelación y aclaró que las cifras que se manejan son especulaciones. En la Gobernación también se aguarda la evolución de los juicios interpuestos contra SOBOCE cuyos resultados también incidirían en el cálculo final de liquidación.
Algunas organizaciones oficialistas se pronunciaron a favor de que no se pague a SOBOCE por el tercio accionario que poseía hasta el 1º de septiembre de 2010, justificando un presunto “daño económico” causado a FANCESA.
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