Seis de las nueve empresas privadas que se acogieron al llamado Hospital de Empresas cuando se encontraban a punto de declararse en quiebra, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, serán investigadas porque realizaron un mal aprovechamiento de esta asistencia.
De acuerdo con el director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, Óscar Cámara, este proceso contemplará la ejecución de una auditoría externa a la asistencia que el Estado dio a las empresas Bolivian Oil Services SRL, Bebidas SA, Gundlach ICSA, Santa Mónica Cotton Trading Company SA, Yotaú All Suites Hotel SA y a la Sociedad Agrícola Ganadera Industrial de Cinti SA.
Según Cámara, estas empresas se acogieron al denominado Hospital de Empresas, bajo la Ley 2495 de Reestructuración Voluntaria, para desahogar algunos créditos, obtuvieron quitas y condonaciones sustanciales, pero pese a ello no lograron mejorar sus estados financieros.
“No ha dado resultado, esa política del Hospital de Empresas ha sido una pérdida de tiempo, un gasto de dinero inútil y por tanto no se ha salvado, como se pretendía, a las empresa”, opinó Cámara.
La AEMP realizó un trabajo de seguimiento y análisis sobre el “Estado de situación del proceso de reestructuración voluntaria de empresas”, puesto en vigencia por la Ley 2495, que tuvo la intención de brindar apoyo estructural del Estado para compañías con situación financiera crítica.
El informe final señala que sólo tres de las nueve empresas realizaron un buen aprovechamiento del apoyo que les ofreció el Estado, estas son la Hidroeléctrica Boliviana SA, América Textil SA y Texturizadora Boliviana SA.
En ese contexto, el informe de la AEMP sugiere definir la conveniencia de seguir adelante con este programa respecto a nuevas solicitudes, ya que al presente, por disposición contenida en el artículo único del Decreto Supremo Nº 29192, han quedado suspendidas de forma temporal toda las solicitudes nuevas de empresas que deseen acogerse a este beneficio, en tanto se tenga un resultado definitivo del programa en su conjunto.
Arrancó con $us 50 millones
Las empresas que tenían procesos judiciales, administrativos y arbitrales, de contenido patrimonial, es decir, serios problemas para continuar trabajando, podían acogerse a la Ley 2495 de Reestructuración Voluntaria y su decreto reglamentario, en consecuencia, recibir dinero y facilidades para seguir desarrollado su actividad.
Para ello, la Corporación Andina de Fomento (CAF) desembolsó recursos por un monto de 50 millones de dólares para la estructuración del Fondo de Fortalecimiento de Empresas (FFE), citó Bolpress.com
El Ejecutivo estableció, a través del decreto supremo de creación del FFE, que las unidades productivas dispongan de un tope de 2,5 millones de dólares para su proceso de reestructuración. Con esta medida, la Nacional Financiera Boliviana quedó plenamente habilitada para establecer la estructura y los reglamentos para el acceso de las empresas en proceso de reestructuración a los créditos del Fondo.
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