Hace cinco años la Corporación Chuy SRL registró su marca, Pollos Chuy, en tres países de Sudamérica, con vista a expandir sus operaciones y hacer conocer el exquisito sabor que se disfruta en sus restaurantes y franquicias en Bolivia. La opción estuvo ‘congelada’ todo este tiempo, pero al parecer se sacará de la nevera antes de lo previsto.
Eduardo Antelo, gerente de la corporación, sostuvo que la razón más poderosa es la actual crisis económica que vive el país y que, antes que la empresa ingrese en números rojos, “se está trabajando” en las alternativas y, una de ellas podría ser Paraguay.
Según Antelo, la actual crisis de combustibles ha completado el círculo de adversidades que confronta la empresa, pues sus vehículos que hacen funcionar la cadena de suministros, tienen que formar filas de hasta 24 horas en los surtidores.
“El tema del combustible nos está encareciendo (los costos) y los insumos no paran de crecer. Justamente estoy sacando mis balances y mis costos se han incrementado una barbaridad, pero eso no lo he cargado a mi producto final, porque el cliente es mucho más sensible y nosotros, al ser una empresa formal, competimos con la informalidad del mercado”, indicó el ejecutivo.
Señaló que esa formalidad implica “vender con factura”, buenas prácticas de manejo (BPM), inversiones en las cadenas de frío o aportes sociales que encarecen el producto hasta un 30%. “Si bien hemos incrementado el precio un 5%, es mínimo en comparación a lo que han subido los costos (de producción)”, dijo Antelo.
Ante ello, el gerente de Chuy detalló que entre las estrategias que se adoptaron para aminorar el impacto de la crisis, está la reducción de costos fijos, optimización de las hojas de ruta para la distribución de las materias primas y bebidas o negociación con proveedores para buscar alternativas de aprovisionamiento.
“Está complicado y, bueno, muchas empresas empiezan a ver afuera. Nosotros tenemos nuestra marca ya registrada en tres países; no la tenemos operando, pero no descartamos empezar operación en algún momento para obtener una fuente alternativa externa que nos permita paliar esa situación que tenemos acá. Estamos analizando Paraguay, que es un mercado más chico que el nuestro, pero lo bueno es que te da seguridad; los temas impositivos son mucho más bajos, todo es mucho más amigable”, ponderó Antelo.
Situación de emergencia
Como la Corporación Chuy, la situación en miles de empresas bolivianas es similar o peor. Desde la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) consideran que las empresas “están en una situación de emergencia” por la falta de combustibles y de divisas para las operaciones normales del país, la cual podría convertirse en una situación de catástrofe si es que no se toman ya las medidas de ajuste necesarias.
Pablo Mendieta, director del Centro Boliviano de Economía (Cebec-Cainco) indicó que el relevamiento interno de las ventas, usando medios cuantitativos y cualitativos, indican que las empresas estarían reduciendo sus niveles de actividad en términos reales; es decir, descontando los efectos de la inflación en el valor de las ventas. “No es posible usar indicadores oficiales puesto que la opacidad en la publicación de la información estadística ha aumentado, dado que los indicadores públicos no se difunden con la oportunidad requerida”, expresó Medieta.
El economista subrayó que las empresas han usado diversas estrategias para enfrentar la crisis, para mantener la producción y empleo y para preservar el valor de los accionistas en función al sector en el cual se encuentran y a la dependencia de flujos externos de divisas.
“En los sectores de bienes durables, principalmente importados, la venta o la actividad habría caído incluso a la mitad, lo cual ha requerido la combinación de las prácticas mencionadas como adecuación de la nómina, una estrategia más dinámica de precios y mayor eficiencia en las operaciones dada la baja capacidad utilizada. Estas prácticas han servido para que las empresas sobrevivan, pero las firmas no podrán permanecer en estas condiciones indefinidamente, lo cual muestra la necesidad de ajuste macroeconómico”, advirtió.
Estancamiento en la construcción
El sector de la construcción viene siendo uno de los más golpeados desde el inicio de la crisis cambiaria de 2023 y actualmente se encuentra en un periodo de “estancamiento”, como lo refleja el Centro de Estudios Económicos y Desarrollo (CEED) de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz).
Según la entidad, esta situación se refleja en el incremento de precios de la mayoría de insumos y materiales, que a su vez se refleja en la inflación. “Algunos indicadores que muestran el estancamiento del sector es la participación que tiene la construcción en el PIB nacional, que desde el año 2021 se mantiene en alrededor del 4% sin lograr un crecimiento”, señaló.
Así también, la proporción de empleados contratados por el sector de la construcción muestra un estancamiento, siendo el 7% del total de empleados en el país, y esta proporción se mantiene desde el año 2021. “Otro indicador que refleja el estancamiento es la cantidad de metros cuadrados que se construyen anualmente, con volúmenes que, desde el año 2021, prácticamente se mantienen en los mismos niveles”, detalló el CEED.
Otro indicador que refleja el estancamiento es la cantidad de metros cuadrados que se construyen anualmente, con volúmenes que desde el año 2021 prácticamente se mantienen en los mismos niveles. En base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el CEED detalló que en 2024 se solicitaron 4.000 permisos para aproximadamente 1,25 millones de metros cuadrados. “Como se puede observar, todo muestra un proceso de estancamiento ya de 3 años, que para el 2025 por la crisis generalizada, es previsible que se profundizará”, agregó.
Para enfrentar la situación, el sector de la construcción ha utilizado una serie de medidas en función del tamaño de cada empresa. Algunas disminuyeron su margen de utilidad, otras flexibilizaron sus costos, mientras otras, tratan de tener más costos variables que fijos. Así también se evita el traslado de precios hacia el consumidor y la “estabilización de sueldos”.
Migración, una salida
El secretario de la Confederación de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Juan Carlos Vargas, aseguró que el sector “no ve un horizonte claro” ante la situación del país y el incremento del precio de las materias primas y los alimentos. Entre las medidas que se están implementando es una relativa subida de precios, principalmente en las áreas de metalmecánica y textiles que han bajado considerablemente sus ventas.
“Hay muchos compañeros que, incluso, ya han cerrado sus unidades productivas, han tenido que emigrar a la Argentina o a Brasil (...) En Chile hay un centenar de compañeros que ya se han ido a trabajar en el campo, en la cosecha. Lamentablemente, estamos en una situación donde cada día que pasa la situación se agrava”, lamentó Vargas.
De acuerdo con el dirigente, desde la gestión 2024 y lo que va de 2025, unas 20.000 unidades productivas han cerrado sus puertas definitivamente, principalmente del rubro textil, específicamente en la confección de prendas de vestir. “Este sector ha sido uno de los más afectados porque dependemos de la importación de las materias primas y, lamentablemente, Bolivia no tiene fábrica de estas materias primas. En cambio, en el sector madera, por lo menos tenemos buenas maderas en Bolivia”, afirmó.
Al mismo tiempo Vargas, pidió al Gobierno “pensar seriamente, si no tiene la capacidad de conducir el país, debería dar un paso al costado, para que otra autoridad genere cierta confianza y que no hayan más familias que se desintegren”.
10 medidas que no solucionan los temas de fondo, más bien cansan
El pasado 12 de marzo, el presidente del Estado, Luis Arce, anunció la implementación de 10 medidas transitorias destinadas a optimizar la distribución de combustibles, fortalecer el control en fronteras y garantizar el funcionamiento de servicios esenciales.
Para la Cainco, las medidas apuntan a reducir aún más los niveles de actividad de las empresas y la movilidad de las personas, lo cual es contraproducente con la contracción de la producción. “Más allá de los precios, según la normativa existente, el Gobierno tiene la obligación de proveer los insumos básicos como combustible. Las autoridades actuales han sido reacias en diversas a tomar medidas más estructurales que corrijan el desequilibrio actual, pese a que el sentido común recomienda un ajuste para restaurar los equilibrios macroeconómico con las políticas sociales orientadas a la población vulnerable”, señaló Pablo Mendieta.
Por su parte, desde la Cadecocruz dichas medidas no implican soluciones de fondo, y en ningún momento resuelven la escasez de combustible. “Las medidas que se deben tomar en la crisis actual tienen que ser de fondo (...) Lamentablemente en el corto plazo no existen medidas que rápidamente eviten la crisis de combustible y de dólares, el Gobierno ha dejado avanzar tanto la crisis que en el corto plazo ninguna medida tendrá un efecto positivo significativo.
Para Eduardo Antelo, ninguna de las medidas dará una solución de fondo. “Yo creo que estos anuncios más bien exacerban un poco, porque ya el ciudadano está cansado; yo no sé si es por inoperancia, si es a propósito, pero creo que más bien esos anuncios a la gente la tienen cansada. Aquí las soluciones, como siempre, van a tener que ser dadas de parte de los privados, y eso lo tiene que entender el gobierno”, expresó.
Para saber
Base empresarial estancada. De acuerdo con datos del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), la base empresarial en el país se mantiene casi inalterable desde 2023, cuando estaban registradas 377.377 empresas, mientras que en 2024 el número subió ligeramente a 387.764.
A enero de 2025, se encuentran registradas en el Seprec 388.794 unidades productivas, siendo el sector Servicios el de mayor número, con 148.808 unidades. Le sigue Comercio, con 134.894 entidades y la construcción, con 51.246 empresas.
Oficialmente, aún no se cuenta con estadísticas actuales de cierre de empresas por parte del Seprec. El registro, que hasta 2022 lo tuvo la privada Fundempresa, en abril de ese año, 3.339 empresas cancelaron sus matrículas durante esa gestión. En 2021, la cifra alcanzó a 5.542 empresas cerradas en todo el país.
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