Los empresarios privados del país en reiteradas oportunidades exigieron condiciones mejores para invertir, y a pesar de la Ley de Inversiones, que aún no cuenta con una reglamentación, también piden seguridad jurídica, mientras tanto la pública lleva la delantera y la privada en promedio registra 2.500 millones de dólares anuales.
De acuerdo a información oficial, la inversión pública se elevó de 629 millones de dólaresen 2005 a 4.458 millones en 2018, en cambio la inversión privada pasó de 586 millones a 2.791 millones, aspecto que se refleja también en los montos promedio.
En la última década los ingresos tributarios han incrementado notoriamente "aún sin que las tasas impositivas del Sistema Tributario Boliviano hayan sido modificadas", aspecto que va en línea con el aumento de los ingresos de la población, quienes cumplen con su obligación tributaria.
El aumento en el ingreso de las y los bolivianos ha posibilitado que la demanda de bienes y servicios a las empresas públicas y privadas se incremente, y junto a la estabilidad macroeconómica, ha coadyuvado con el incremento de las ventas del sector empresarial, quienes generaron mayores utilidades, que ascienden aún más con la serie de disposiciones que presenta el actual régimen tributario boliviano, como los beneficios o deducciones que se les facilita para el pago de los impuestos, especialmente para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el mecanismos del Débito y Crédito, el Impuesto sobre las Utilidades de Empresa (IUE) al que se han introducido una serie de deducciones para la determinación de la utilidad neta, el Impuesto a las Transacciones (IT) al que se acredita con el pago del IUE, entre otros, señala el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Sin embargo, informe de organismos internacionales, como el Banco Mundial, observó el sistema impositivo del país, que se encuentra entre los que no impulsan el desarrollo de las empresas de la región.
Los empresarios también indicaron que el Gobierno debería hacer un sacrificio para modificar el sistema impositivo para que la inversión y la actividad económica se dinamicen.
Las empresas públicas rigen bajo las mismas condiciones que las privadas, con la diferencia de que los entes públicos transfieren al Estado un porcentaje de sus utilidades que son destinados a solventar los gastos en programas sociales como son el pago del Bono Juancito Pinto, el Bono Juana Azurduy y otros para beneficio de la población en general.
Empero, el analista económico José Gabriel Espinoza, en una oportunidad, dijo que las empresas públicas se desarrollan gracias a las privadas. Un ejemplo claro es la compra de botellas de la empresa estatal de vidrio.
En el caso de Cartonbol, también, ya que provee al sector privado. Además observó que las públicas puedan operar con varios beneficios, a comparación de las privadas, que desde el inicio deben cumplir con sus obligaciones crediticias y tributarias.
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