La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y los presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados se reunirán a partir del martes próximo, para comenzar un trabajo técnico destinado a revisar las más de 30 sanciones que establece el proyecto de ley del Código de Sistema Penal que afecta al sector privado.
“Hemos podido entablar un diálogo con los presidentes de ambas Cámaras, en el que se trató algunas observaciones al Código Penal. Por el acuerdo adoptado, las preocupaciones de nuestro sector fueron recibidas y se decidió establecer una comisión que va a trabajar el día martes (1 de septiembre) , para entrar en lo profundo y detalle de cada punto observado”, dijo Ronald Nostas, presidente de los empresarios del país.
Del mismo modo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, afirmó que en la primera reunión para tratar este tema la principal coincidencia es indagar más sobre los puntos que les preocupan a los privados, en el Código del Sistema Penal.
“Hemos acordado sentar una mesa de trabajo técnica que se va a instalar desde el próximo martes (1 de septiembre) y creemos que tememos un espíritu común de comprender las preocupaciones del sector empresarial”, dijo.
Según Nostas, existen al menos 31 tipos penales en el nuevo Código de Sistema Penal, que sancionan y afectan al sector privado. Dijo que cuando se cometen delitos donde se ven involucradas las empresas, corresponde sancionar solo a las personas que decidieron, ejecutaron o permitieron tales acciones, si forman parte o actúan por cuenta de la entidad, pero no involucrar a la personalidad de las empresas.
Detalló que se recibió aclaraciones de parte de ambos presidentes, tanto de Senadores como de Diputados, lo que motivó a que el proceso de diálogo continúe.
“El sector empresarial tiene claro de que se opone a cualquier acción que consideremos nosotros que violenta nuestros derechos constitucionales. El presidente Evo Morales ha reiterado ayer, sino me equivoco, que los derechos constituciones del sector privado están garantizados y eso nos da la tranquilidad de que este proceso de diálogo pueda llegar a buen término”, dijo Nostas.
La reunión se llevó a cabo ayer en las instalaciones de la Asamblea Legislativa, donde los representantes del sector privado sostuvieron un diálogo de al menos tres horas con los presidentes de ambas cámaras del Legislativo.
NORMA
En el proyecto de ley del Código del Sistema Penal, el artículo 77, relativo al “Incumplimiento de Sanción”, establece que si la persona jurídica incumple, total o parcialmente, las sanciones impuestas, la juez o el juez en función de ejecución penal podrá, en audiencia citada al efecto, sustituirla por una sanción más grave, incluyendo la pérdida de la personalidad jurídica de su empresa.
“El sector empresarial se opone a cualquier acción que violenta nuestros derechos constitucionales, el presidente Evo Morales reiteró que nuestros derechos están garantizados, pero estas disposiciones ponen en incertidumbre a los empresarios”, indicó Nostas.
DISCREPANCIAS DE EMPRESARIOS
Los empresarios de otras regiones del país expresaron su preocupación sobre las nuevas sanciones a los que serían sometidos.
Javier Bellot, presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), sostuvo que el artículo 77 del nuevo Código Penal va en contra de la Constitución Política del Estado (CPE), por lo que el sector privado se declaró en estado de emergencia.
“Estamos altamente preocupados por el proyecto de ley de modificación del Código Penal. Se está insertando una nueva figura, en la que se incorpora a las personas jurídicas como sujetos de penalización, esto significa primero la pérdida de la personalidad jurídica y, obviamente, la confiscación” indicó.
Según los empresarios, el 87 por ciento de la contribución al Sistema de Impuestos Nacionales (SIN) corresponde a las empresas jurídicas. En caso de aplicarse esta nueva norma, se estaría sancionando a la empresa y no a la persona que cometió el delito o la irregularidad.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, indicó que estas sanciones son para aquellas personas que a nombre de empresas privadas cometen ilícitos, los responsables de estos hechos salen del país y no son investigados.
“La norma está con miras hacia aquellas personas que forman empresas y cometen ilícitos a nombre de ellas”, enfatizó.
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