“Con el devenir del tiempo y el apoyo de las ONG y el Gobierno, empezaron a recibir capacitación y equipamiento y muchas ya tenían la estructura y la apariencia de una empresa. Ahora, manejan toda la cadena productiva, desde la producción primaria, pasando por el acopio y la transformación, hasta la comercialización”.
Chuquisaca tiene una superficie de 5.152.481 hectáreas, de las que el 54 por ciento es considerado como “sin potencial productivo, es decir, solo para forestación”. Esto significa que los agricultores, por aspectos de cambio climático o por necesidad de dinero, tuvieron que generar estrategias para salir adelante. “Esta es, básicamente, la asociatividad: empezar a conformar grupos con fines comunes”, explica el coordinador nacional del Convenio AECID 10-CO1-043, de Ayuda en Acción, Juan Carlos Aguayo.
El presente es un reportaje que da continuidad al que se publicó el martes pasado en CAPITALES, bajo el titular: “Chuquisaca es el segundo departamento más vulnerable a la inseguridad alimentaria”, uno de los aspectos que se toman en cuenta a la hora de pensar y reflexionar sobre la proyección del potencial productivo de la región, de cara al futuro.
La empresa rural
Ayuda en Acción investigó para ver cuál era el estado de situación de las asociaciones de productores (conocidas comúnmente como OECAs), que tienen un tiempo de vida superior a los cinco e incluso diez años. Este fue el resultado, según Aguayo, quien forma parte del activo Grupo de Desarrollo Rural (G DRU): “Nacieron con una transformación de materia prima prácticamente nula: solo era acopiar materia prima; con una base asociativa grande, de 100, 200 personas; y para tener beneficios comunes, como recibir una máquina para moler el maíz o harina”.
Dice que “estaban conformes con eso, pero con el devenir del tiempo y el apoyo de las ONG y el Gobierno, empezaron a recibir capacitación y equipamiento y, muchas ya tenían la estructura y la apariencia de una empresa. Ahora, manejan toda la cadena productiva, desde la producción primaria, pasando por el acopio y la transformación, hasta la comercialización”.
Así, se identificó el “grado de madurez asociativa” mediante un punto de equilibrio: el momento en que una asociación contrata a un administrador y le paga un sueldo con recursos generados íntegramente por ella misma, es decir, ya no dependiendo ni del Gobierno ni de una ONG. Esa asociación, de esa manera, deja de ser tal y pasa a constituirse en una empresa rural.
“Este es el punto de una autosostenibilidad”, remarca Aguayo, “empiezan a tener un administrador, a contratar personal de planta como operarios, y empiezan a generar mano de obra temporal”. Luego, menciona las empresas rurales ya identificadas:
Acción de Productores de la Cuenca del Río Milanés (APROCMI), en el municipio de Sopachuy; la Asociación de Productores Agropecuarios de Alcalá (APA); la Asociación de Productores Agropecuarios y Forestales de Ají y Maní (APAFAM) en El Villar; la Asociación de Productores de San Pedro de Tarvita (APASTA); la Asociación de Mujeres Productoras de Miel de Muyupampa (AMPLOM); APROMAJI, de Muyupampa, y la propia ASOVITA. Entre otras que “están empezando a transitar de la figura clásica de responsable de comercialización a administrador”.
Peritos y normativa
La Oficina Técnica de Cooperación AECID, Ayuda en Acción y la Universidad San Francisco Xavier organizaron un curso de Formación de Peritos en Administración de Organizaciones Económicas Campesinas y Agronegocios. “Vimos que la remuneración salarial de un administrador de estas pequeñas plantas aún no es atractivo para profesionales de la ciudad; entonces, hemos capacitado a los actuales administradores y socios, proyectándoles para que asuman (esa función)”, explica Aguayo.
Por otra parte, la Universidad, a través de la carrera de Administración Agropecuaria Rural de Monteagudo, ha visto un interesante espacio para que sus egresados puedan hacer sus prácticas laborales en estas asociaciones. “Actualmente, 12 alumnos están haciendo su pasantía en 10 asociaciones”, complementa el especialista.
El paso de asociaciones a empresas rurales implica también regirse al Código de Comercio, es decir emitir facturas, declarar impuestos, etc. Algunas, comenta Aguayo, recibieron multas como castigo por no estar acostumbradas al nuevo ritmo legal. Con los nuevos peritos, se acabaron estos problemas al estar al día con sus declaraciones.
Con esto, el productor asociado ya no cae en la informalidad, sino que se ajusta a la formalidad de la economía.
Un problema legal
Una de las grandes preocupaciones, tanto de las asociaciones como de las ONG, es que todas han nacido como organizaciones sin fines de lucro. Pero, por la dinámica que hay adquirido, descontando gastos operativos, de funcionamiento y otros, “generan un neto que está empezando a crecer”, explica el representante de Ayuda en Acción.
Eso lleva a la base asociativa a demandar beneficios, produciéndose un conflicto porque la forma jurídica actual impide concretar transferencias de recursos a los socios.
La misma barrera se da con las Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs) y las Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOMs), reconocidas por la Ley 338, porque nacen como organizaciones sin fines de lucro. “Pero por las compras estatales a las que van a acceder, van a empezar igualito a generar ganancias”, alerta Aguayo.
El proyecto “Seguridad alimentaria y desarrollo económico local en Bolivia y Ecuador 2010-2015”, que lidera Ayuda en Acción, planteó al respecto una propuesta de generar unidades de negocio, que se constituyan como empresas, como entes de generación de lucro y que su base sea la de la asociación.
De ahí en más, sí se podría hablar de socios y de una distribución equitativa de los beneficios de la asociación.
“Es el momento de pensar en que ya han pasado de una etapa de infancia asociativa y ahora están en una etapa de madurez productiva. Y el contexto ya nos permite ver que están empezando a generar ingresos, están contratando personal, etc.; por lo tanto, consideramos que se avizora un escenario en el cual se deben generar estrategias de sostenibilidad y el despegue de estas asociaciones con una visión más empresarial”, sentencia Aguayo.
PRODUCTOS ESTRATÉGICOS…
Los productos considerados estratégicos con los que está trabajando Ayuda en Acción y sus socios (Fundación PASOS, Fundación Intercultural Nor-Sud, Proagro y CEMSE, además de instancias gubernamentales, CIOEC y la Universidad), son el maní, el ají, el amaranto, el maíz y la miel.
* El interés por la producción de la miel no deja de asombrar. “Este es un rubro interesantísimo que, tanto a nivel departamental como nacional, está tomando mucha relevancia”, destaca el ingeniero Juan Carlos Aguayo.
* La formalidad de la economía se beneficia con el tránsito de la asociación de productores a la empresa rural, de acuerdo con la explicación ofrecida a CAPITALES por el coordinador nacional del Convenio AECID 10-CO1-043, de Ayuda en Acción.
* Con relación a la calidad de los productos, todos los mercados —ya no solamente los internacionales, sino también los nacionales e incluso los locales— son, hoy en día, altamente exigentes. Esto obliga a cumplir, sin excepciones, con los estándares de calidad.
* También los procedimientos administrativos tienden a complejizar, lo mismo que los registros de comercialización. Incluso a nivel departamental se pide ya la “trazabilidad” (forma de garantía que permite al comprador identificar qué asociación y qué productor elaboró tal o cual producto).
* Aguayo advierte el riesgo de que algunas asociaciones no quieran ingresar al proceso de formalización de su negocio, si es que se las tipifica como “entes empresariales” y, por esto, comienzan a perder licitaciones del desayuno escolar. Por eso, pide el apoyo del Gobierno
70.000 BOLIVIANOS
Es el presupuesto municipal más reducido que se maneja en el área rural para la compra de alimentos destinados a los estudiantes en edad escolar.
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