Entre muchos aspectos de la nueva Ley de Conciliación y Arbitraje aprobada la noche del miércoles en Senado, la norma señala que las empresas nacionales quedan al margen de una posible resolución de controversias con el Estado, mediante esta vía, dejando expresamente señalado que esta situación será solo para empresas internacionales.
En este aspecto, según Óscar Ortiz, senador de Unidad Demócrata (UD), la Ley es totalmente desfavorable para las empresas nacionales frente a las extranjeras. “Se excluye al sector privado boliviano, en los contratos de obras, bienes y servicios no puedan resolver las controversias mediante un arbitraje, sino mediante un juicio. Esto marca una desfavorabilidad de competencias entre las empresas nacionales y extranjeras”, indicó.
En la misma tónica, Javier Hinojoja, Gerente General de la Cámara Nacional de Comercio, puntualizó que el aspecto preocupante consiste en la relación Estado – empresas nacionales. Puesto que al negar la posibilidad de arbitrar sus diferencias, persiste una situación de indefensión en cuanto al ámbito donde los empresarios privados puedan resolver sus disputas con el Estado.
"Al asegurarles la posibilidad de dirimir sus controversias en el marco de un proceso arbitral, representa una ventaja, previendo incluso la posibilidad de arbitrajes a empresas extranjeras en temas que están limitados a las empresas bolivianas", precisó Hinojosa.
Otros detalles. Según el boletín difundido por la Asamblea Legislativa Plurinacional, el presidente de los senadores, José Alberto Gonzales, manifestó que la nueva norma que fue sancionada es una síntesis en defensa de los intereses del Estado Plurinacional en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y también lograr que las empresas puedan invertir en Bolivia.
“Se viene a complementar una Ley que estaba un poco coja, estoy hablando de la Ley de Inversiones, que solita era interesante y que sin duda es una llamada para la inversión en nuestro país, pero estaba faltando, y así lo hicieron saber muchos potenciales inversionistas de cómo se va a resolver un eventual arbitraje", manifestó El economista Germán Molina, señala que desde ya la norma en el espíritu mismo no garantiza una mayor presencia de inversiones, dado que el país goza de escasa institucionalidad. “Una normativa por sí misma no es suficiente para llevar adelante incentivos hacia una inversión privada nacional y menos extranjera. El clima hacia una mayor inversión no es favorable en este momento”, señaló.
Por su parte Armando Méndez, a tiempo de destacar que es un avance que haya una normativa de esta naturaleza, señaló que los resultados para dinamizar una inversión seria y a largo plazo, tomarán tiempo, dado que el país todavía no muestra un panorama alentador para atraer capitales y menos para generar la inversión privada nacional.
"Si bien esta Ley va a alentar las inversiones, pero la madre del cordero está en la Constitución Política del Estado que restringe la inversión extranjera. Ahí está la contradicción. Esta situación no se toma en cuenta ya que un mundo globalizado como hoy requiere inversión privada", señaló Méndez.
Puntualizaciones
Aspectos que enfatiza la nueva norma
Procedimientos. La Ley en primer momento prevé la figura jurídica de la conciliación, antes de pasar al arbitraje. Lo que significa que si la conciliación no es posible, entonces se pasará al arbitraje; y si el arbitraje tampoco funciona, se podrá pasar a la vía judicial.
Instancia. La ley crea el Régimen Especial de Arbitraje, referido a contratos celebrados por el Estado con empresas privadas sobre los recursos naturales estratégicos de Bolivia.
Garantía. La norma prevé proteger tanto la inversión privada como pública, nacional y foránea, por lo que se reconoce el laudo arbitral extranjero sobre normas de cooperación judicial internacional.
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