Aunque entre enero y mayo de este año, la inscripción de nuevas empresas creció en 175 por ciento con relación al mismo periodo de 2012, según el Registro de Comercio, Bolivia está en el puesto 155 entre 185 economías en la clasificación global de la “Facilidad de hacer negocios”, según el informe “Doing Business 2013”, elaborado por el Banco Mundial.
El informe, realizado conjuntamente con la International Finance Corporation con datos al 1 de junio de 2012, señala que los retos para comenzar un negocio incluyen los trámites que los emprendedores requieren cumplir, el tiempo promedio que toman y el costo mínimo requerido como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.
Así, en Bolivia se deben cumplir 15 procedimientos para tener un negocio formal; frente a los nueve requeridos en el resto de América Latina y los cinco exigidos en los países desarrollados. En cuanto al tiempo promedio que demandan los trámites, en Bolivia son 50 días, en el resto de América Latina son 53 y en los países desarrollados son 12 días. El costo para constituir un negocio formal, que incluye tarifas oficiales y honorarios por servicios legales o profesionales, es del 74,1 por ciento del PIB per cápita en Bolivia; frente al 33,7 por ciento en el resto de América Latina y el 4,5 por ciento en los países desarrollados.
El presidente de la Cámara Departamental de Industrias (CDI), Federico Díez de Medina; el gerente de la Cámara Departamental de Comercio, José Rivera, y el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, coinciden en que iniciar y mantener un negocio dentro de la formalidad es caro, engorroso y moroso.
El jurista y docente, Ciro Añez, suma a la lista de trabas la creación de nuevas normas que, a la par que endurecen la fiscalización contra las empresas formales, contradictoriamente llegan a beneficiar al sector informal.
Tanto Díez de Medina como Rivera resaltan que la formalidad tiene beneficios innegables como la credibilidad, el acceso a créditos, la protección a la inversión, la protección al empleo (a través de las prestaciones sociales), la protección a la infraestructura y las garantías que se generan con el pago de impuestos. Beneficios que no son sólo para las empresas, sino también para el mercado.
Sin embargo, lo que Rodríguez llama “tramitología” para la formalización de un emprendimiento lleva mucho tiempo y dinero.
“Hay países, como Canadá, donde el procedimiento se puede realizar en un par de horas; pero en Bolivia es un vía crucis ser formal y legal”, señala.
Díez de Medina añade que la formalización puede llevar hasta tres meses y que es costosa. Hace notar que incluso después de formalizarse, el mantener una empresa dentro de la legalidad sigue siendo difícil y costoso, pues la actualización anual, por ejemplo en el Registro de Comercio, cuesta 455 bolivianos sin contar el costo en tiempo y dinero que demanda cumplir con otros requisitos como el balance original y estado de resultados, la presentación de una publicación de prensa si la empresa cambió de dirección o la copia del certificado de Registro Obligatorio de Empleadores emitida por el Ministerio de Trabajo si la empresa cuenta con personal dependiente.
Rivera sostiene que la burocracia en torno a la formalidad empresarial es “brutal”, sobre todo en trámites municipales como la obtención de patentes. “Hay trámites parados un año, en algunos casos por problemas con el uso de suelo, en otros por falta de documentación. (…) Hay un excesivo celo y, en muchos casos, se complican los procedimientos sin una razón justificada”, sostiene.
Añade que la excesiva burocracia y la complejidad de los trámites hace necesario contratar personal especializado que se encargue del procedimiento, lo que en una empresa de mediano tamaño puede presupuestarse; pero resulta un gran impedimento para una empresa pequeña con limitados recursos.
Rivera también señala a la informalidad como otro de los problemas, pues mientras las empresas formales deben cumplir obligaciones sociales e impositivas costosas, las informales ejercen competencia desleal, crean inseguridad en el mercado y producen “una serie de informalidades” conexas.
El panorama se agrava con los desincentivos a los negocios formales, como los que señala Rodríguez en el rubro textil, donde dice que existe presión tributaria, numerosas obligaciones y excesiva rigidez en la legislación laboral en contradicción con la “permisividad” y escaso control a actividades como la venta de ropa usada o el contrabando. Otros rubros tienen problemas similares.
Según Díez de Medina, se proyecta una imagen de negatividad respecto al sector formal que se halla bajo permanente fiscalización por parte de la Aduana, la administración tributaria y otras instituciones del Estado, y no se ofertan otros beneficios y alicientes para pertenecer al sector formal.
El resultado, señala, es una desincentivación que alimenta a la economía informal, que en el país se aproxima al 70 por ciento de los emprendimientos. La economía informal no tributa, agrava la explotación laboral y tampoco puede ser fiscalizada, con la agravante adicional de que se induce a un deterioro de la demanda interna formal en directo perjuicio de las empresas que cumplen con los requisitos legales del sector formal.
Los entrevistados coinciden en que el Gobierno debería mostrar un apoyo decidido al sector formal y un primer paso sería simplificar y desburocratizar los trámites. Además, ven preciso implementar una campaña educativa sobre las ventajas de la formalidad y crear las condiciones e incentivos para que el sector informal se incorpore progresivamente.
Campaña
• La Cámara Departamental de Comercio (CDC) lleva adelante un programa de capacitación empresarial para emprendedores informales que incluye herramientas sobre ventas, mercadeo o administración y también busca sensibilizarlos sobre la importancia de tener un negocio formal.
• El gerente de la CDC, José Rivera, explica que los emprendedores son contactados a través de la Feria Navideña que la CDC organiza anualmente en el campo ferial de Alalay y reciben conferencias de apoyo sobre cómo mejorar sus ventas, la presentación de sus stands y también apoyo en contabilidad o elaboración de presupuesto.
• Rivera señala que unos 400 a 500 emprendedores son capacitados anualmente con recursos de la CDC, de los que 24 a 26 por ciento opta por incorporarse al sistema formal.
VEN FLEXIBILIZACIÓN DE ALGUNAS NORMAS
Contradicciones en la lucha contra la informalidad
Las características de algunas nuevas normas en torno al contrabando y la tributación, escasa persecusión penal, excesivas barreras burocráticas y permisividad con actividades informales son algunas de las contradicciones en la búsqueda del crecimiento de la formalidad, según el jurista y docente, Ciro Añez, y el presidente de la Cámara Departamental de Industrias, Federico Díez de Medina.
Añez cita la Ley Financial 2009 en la que, para que el contrabando sea considerado un delito, se aumentó el valor de los tributos omitidos por la mercadería contrabandeada. Es decir, antes se consideraba contrabando si el tributo omitido por la mercadería ilegal era de 10.000 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV); pero con la Ley Financial 2009 ese monto subió a igual o mayor de 200.000 UFV, dando a los contrabandistas mayor margen para operar, en detrimento de la producción nacional y la inversión.
Otro ejemplo de normas contradictorias, según Añez, es la Ley de Articulación, Desarrollo y Seguridad en Fronteras (Ley Nº 100 de 4 de abril del 2011). Explica que el artículo 20 de dicha ley nuevamente modifica el delito de contrabando y establece que el valor de medición de los tributos omitidos de la mercadería objeto del delito ya no será 200.000 UFV y lo disminuye a 50.000.
“Esto quiere decir que aquel barómetro de 200.000 UFV cumplió una finalidad temporal de dos años, constituyendo un punto de inflexión, como una especie de amnistía sui géneris”, beneficiando al contrabando, señala.
Añade que, si bien esa ley redujo el monto omitido en impuestos para que una mercadería sea considerada contrabando, la tendencia clara es que no va a retornar a su valor inicial más bajo de 10.000 UFV.
“Muestra de ello es que la Ley Financial 2013, tal como ocurrió en el año 2009, nuevamente subió el valor a 200.000 UFV para que el contrabando sea considerado delito. En otras palabras, si una mercadería es decomisada y tiene un valor menor a 200.000 UFV, no será considerado delito, sino simplemente contravención”.
Para Añez, no existe una muestra clara de lucha contra la informalidad, tanto en la normativa como en la persecución penal.
Por su parte, Díez de Medina considera que la estructura burocrática de los trámites es una barrera contra la formalidad que "acobarda" al emprendedor.
Por otra parte, se proyecta una imagen de negatividad respecto al sector formal que se halla bajo permanente fiscalización por parte de la Aduana, la administración tributaria y otras instituciones del Estado, y no se ofertan otros beneficios y alicientes para pertenecer al sector formal.
El resultado, señala, es una desincentivación que alimenta a la economía informal, que en el país se aproxima al 70 por ciento de los emprendimientos.
OPINIÓN
Rodrigo Paniagua. Director Ejecutivo Consejo Departamental de Competitividad
La formalización es lenta y no hay incentivos
Muchos estudios sobre el crecimiento y desarrollo de las micro y pequeñas empresas en Latinoamérica han coincidido en que deben generarse incentivos para que las unidades productivas puedan formalizarse, siguiendo las regulaciones de cada país, entre otros temas.
Sin embargo, los avances son lentos y, según el comentario de algunos empresarios cochabambinos, incluso se actúa en forma contraria a lo esperado, porque cada vez sería más difícil ser generador de empleos y de valor agregado desde las pequeñas unidades económicas.
En el contexto local, las manufacturas presentan aproximadamente un quinto de la producción cochabambina y, según Fundempresa, se ha registrado un crecimiento en el número de nuevas empresas en los últimos años; no obstante, las instituciones reguladoras (como Ministerio de Trabajo, Caja de Salud, Fondo de Pensiones) no tienen similar crecimiento en sus nuevos registros.
A pesar de tener nuevas empresas, la tasa de cierre de éstas también es creciente en el caso de las micro y pequeñas empresas, que cierran operaciones en aproximadamente tres años.
La formalidad tiene dos impactos en los empresarios. Uno es negativo por la alta burocracia, la lentitud y diversas multas y sanciones que imponen las entidades reguladoras desde que una empresa comienza a formalizar sus registros, además de que se castiga al nacional y no se combate adecuadamente al contrabando. El segundo es positivo porque algunas regulaciones exigen controles de calidad que hacen más competitivas a las empresas.
Muchas empresas tramitan sólo parte de los documentos necesarios para formalizarse y dejan otros para después, sobre todo los relacionados con las obligaciones laborales con los empleados.
Para evitar esto, debiera desburocratizarse y facilitarse el trámite necesario para la formalidad empresarial para el fomento y crecimiento de las empresas.
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