El Estado ha pagado la suma de 19,4 millones de dólares por las acciones de las empresas que tenían inversiones en compañías bolivianas o que fueron “nacionalizadas”, según informó ayer el procurador del Estado, Hugo Montero, durante una entrevista con Página Siete, en su despacho en la ciudad de El Alto.
El 1 de mayo de 2010, el Gobierno revirtió el total de las acciones de la británica Rurelec PLC en Guaracachi; de The Bolivian Generating Group-BGG (de Panamerican) en Valle Hermoso; de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (ELFEC); y de GDF Suez y Carlson Dividend Facility (CDF) en Corani.
La Procuraduría General del Estado (PGE), desde el inicio de sus actividades, atendió 15 casos, de los cuales dos se resolvieron por la vía de los acuerdos sobre la base de las evaluaciones que se realizaron para las compensaciones a las empresas afectadas con esta medida. Además, dos procesos están en suspenso.
En el caso de Corani, el Estado alcanzó acuerdos, sin llegar al arbitraje internacional; con GDF Suez y CDF pagó 18,42 millones de dólares al primero y 240 mil dólares al segundo.
Además, esto -según el procurador Montero- le significó al Estado un ahorro entre tres y cuatro millones de dólares que hubiera tenido que erogar en caso de llegar al arbitraje.
En el caso de la planta de Karachipampa, la empresa fue entregada en febrero de 2008 a la canadiense Atlas que se comprometía a invertir 85 millones de dólares, pero en 2010 el Gobierno ejecutó la boleta de garantía por 850 mil dólares por incumplimiento de contrato.
Atlas, en ese tiempo, había anunciado el inicio de una controversia contra el Estado boliviano con el pedido de una suma de dos millones de dólares, pero después de un acuerdo logrado con esa entidad se le canceló la suma de 750 mil dólares.
“En cada caso, el ahorro para el Estado boliviano fue entre tres y cuatro millones de dólares por los costos que representa un arbitraje internacional. Más o menos se estima y se gasta ese dinero en un escenario internacional. Ése es otro monto que no ha salido de las arcas de nuestro Tesoro General de la Nación, lo que consideramos un ahorro para el Estado, son arreglos muy positivos”, sostuvo ayer el procurador general del Estado.
¿Qué otros casos o denuncias está manejando la Procuraduría General del Estado?
Los de Quiborax (la chilena Química e Industrial del Borax que presentó una demanda por un valor de 40 millones de dólares después de que sus concesiones mineras en el salar de Uyuni fueran anuladas en 2004) y Guaracachi están activos. Los casos de arbitraje suspendidos son PAE y E&P (que participaban como operadores en el Bloque Caipipendi, que alberga los megacampos de Margarita y Huacaya), porque hay proceso de acercamiento para buscar soluciones sin llegar a un arbitraje.
En los dos casos que están activos, estamos haciendo la tramitación, resolviendo los planteamientos que se están produciendo en el procedimiento común ordinario. Los otros dos casos están suspendidos porque hemos conversado con las empresas demandantes para darnos un plazo y buscar acuerdos justos sin proseguir el proceso arbitral que es perjudicial para el Estado y para la empresa.
Hay otros seis casos que están siendo llevados a cabo por las unidades jurídicas de cada empresa, pero con la supervisión y seguimiento de la PGE, con el fin de que se cumplan los decretos y normas correspondientes.
¿De qué empresas se trata?
Los casos que están en esa etapa son de la Jindal, que no ha llegado la notificación de la demanda anunciada por esa empresa por la ejecución de las boletas de garantía. (En el caso de) Fancesa, cuyos accionistas extranjeros anunciaron controversias en el ámbito internacional y la Empresa de Luz y Fuerza de Cochabamba, ELFEC, (cuyas acciones fueron revertidas en mayo de 2010 a la Empresa Nacional de Electricidad).
En los arbitrajes, ¿la defensa del Estado está a cargo de abogados nacionales o se recurre a profesionales extranjeros?
De momento se recurre también a consorcios internacionales puesto que en algunos escenarios se necesita acreditar abogados en barras de mecanismos internacionales. Este año vamos a sacar una convocatoria para que algunos consorcios apoyen el trabajo que está desarrollando la Procuraduría en el escenario internacional.
Hay que aclarar que ahora son copatrocinios que se hacen con la Procuraduría, que estará al mando de la defensa legal y con el apoyo de consorcios internacionales. En el pasado remoto se acostumbraba contratar consorcios para que asuman la defensa enteramente.
Con el trabajo a mediano plazo de la Escuela de Abogados del Estado, el crecimiento y fortalecimiento de la Procuraduría General vamos a ir prescindiendo cada vez más de la contratación de asesoramiento externo.
Entonces, ésa es la perspectiva y el aporte que tiene que dar la Escuela de Abogados del Estado, que ya está en funcionamiento.
Dato Hugo Raúl Montero Lara nació el 28 de enero de 1961, en Cochabamba. Es abogado, titulado en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. Realizó un posgrado en derecho procesal penal y otros diplomados. Fue viceministro de Lucha Contra la Corrupción, viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales.
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