Este martes 7 una decena de superintendencias se extinguirán. Algunas pasarán sus funciones al Ejecutivo. Para expertos en el área, la regulación se politizará, perderá eficiencia y se debilitará. Para ex autoridades, Bolivia da un paso atrás en este ámbito.
Considerada en los años 90 como un ejemplo a nivel mundial, el sistema de regulación boliviano se verá afectado desde este martes 7 de abril por la extinción de una decena de superintendencias, tal y como lo estipula el Decreto 29894.
La norma establece que sus competencias y atribuciones serán asumidas por los ministerios correspondientes o por una nueva entidad a crearse por norma expresa. Para autoridades y ex representantes del sector y para operadores de servicios —que coinciden en que el trabajo de las Súper no fue el adecuado—, este hecho terminará por debilitar la regulación y afectará tanto a los operadores como a los usuarios. Además, convertiría al Estado en juez y parte al ser administrador de empresas y al mismo tiempo regular a la competencia de éstas.
“El cierre (de las Súper) representa volver al pasado, cuando no había una cultura de regulación en el país y era el Gobierno el que manejaba direcciones de telecomunicaciones o de electricidad. No regulaban, sino que hacían lo que les ordenaba el Gobierno. Así, ni el usuario ni el prestador de servicio ni el propio Estado tendrán una protección ni alguien que vele por el cumplimiento de la ley”, señala Claude Bessé, uno de los impulsores en 1994 de la creación de la ley que dio vida al Sistema de Regulación Sectorial (Sirese) y superintendente general en esa época.
“Ahora, con la desaparición del Sirese, será más fácil distorsionar la norma que establecía, entre otros, disposiciones antimonopólicas y de defensa de la competencia. Prácticamente todo ello va a desaparecer. En corto plazo, el mayor perjudicado será el usuario”, agrega el experto en el área.
El ex superintendente de Empresas Rolando Morales considera que la decisión del cierre de las Súper parte de una premisa errónea. “Es un paso hacia atrás. Es verdad que las superintendencias nacieron en el periodo neoliberal, pero nacieron con la idea de regular el libre mercado, para evitar abusos de las empresas y defender los intereses del consumidor y de empresas chicas. Fueron creadas para evitar excesos del neoliberalismo. Hoy se supone que se crearon sólo para apoyar al neoliberalismo. En todos los países del mundo hay entidades que norman y regulan las diferentes actividades económicas. La superintendencia vela, por ejemplo, que no suban los precios del agua. Cerrarla y debilitar la regulación es dar un paso atrás”, señaló la ex autoridad en una entrevista realizada antes de su destitución, este mes.
Para Morales, el ciudadano será afectado hasta que no se monte otro sistema fuerte de regulación.
Coincide en este tema el actual superintendente de Transportes, Wilson Villarroel. “Si no proveemos de mecanismos y procedimientos que hagan eficiente la administración pública y las Súper son absorbidas por la administración central, entonces en ese caso vamos a perder eficiencia. La tarea de control y regulación no será lo que esperamos y se debilitará la tarea regulatoria. Y quien ha de salir perjudicado no será la administración, será el usuario”.
Villarroel apunta a que el trabajo de regulación requiere de personal técnico especializado, trabajadores que fueron formados en las Súper desde los años 90 y que ahora, en el caso de las entidades que serán cerradas, no se conoce si pasarán al Ejecutivo.
Para el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Gabriel Dabdoub, “al pasar las Súper a ser direcciones de los ministerios, lo que sucederá es su politización total y la sustitución de personal calificado por simpatizantes políticos. Las Súper eran una instancia de apelación en la vía administrativa y un interlocutor válido para tratar temas muy especializados y complejos. Temas técnicos en materia tributaria, de telecomunicaciones, electricidad y otros. Con la eliminación de ellas tememos que ya no exista una contraparte adecuada para resolver los problemas”.
Otra de las preocupaciones de las empresas privadas es la actuación del Ejecutivo a favor de las empresas estatales. Apuntan a la última resolución que liberó a la estatal BoA de garantías por el ingreso de sus aviones. “Cuando desaparezca la autonomía de la Súper de Trasportes y pase a ser dependencia de un ministerio que controla a la DGAC y al mismo tiempo a BoA, eso será un desastre. Eso es muy peligroso. El Gobierno será juez y parte”, señaló el presidente de AeroSur, Humberto Roca.
ALGUNOS ACIERTOS de la regulación
Consumidor • El ex superintendente general Claude Bessé destaca como uno de los logros del sistema de regulación la creación de las Oficinas de Atención al Consumidor (Odeco). Sólo en las terminales del país, estas entidades registraron un cuarto de millón de casos desde el año 2006.
Recursos • Las superintendencias, en su gran mayoría, no significan ningún costo al TGN. Se financian a través de las tasas de operación, que eran canceladas por las operadoras o prestadores de servicios. Actualmente se desconoce si dichas tasas se mantendrán bajo la nueva estructura.
Entrevista
“Quien será perjudicado no es la administración, sino el consumidor”
WILSON VILLARROEL, superintendente de Transportes, señala que la regulación sectorial requiere de órganos altamente especializados.
Con cerca de una década de trabajo en el sistema regulatorio nacional, el actual superintendente interino de Transportes, Wilson Villarroel, considera que se podría debilitar la regulación sectorial con el cierre de las Súper. Para evitar ello, sugiere mejorar la eficiencia de la administración pública.
¿Fue negativo o positivo el trabajo de las superintendencias?
El modelo en sí mismo, más allá de las connotaciones de si fue positivo o negativo, o si era la expresión más cruda del neoliberalismo, no terminó de establecerse. En especial hablo del Sistema Regulatorio Sectorial (Sirese), que debió acompañarse de dos normas: la ley de la competencia, para establecer las reglas de juego en la que iban a ingresar todos aquellos que participaban en un determinado mercado de servicios, y la ley del consumidor, que tenía que sentar las bases institucionales para que desde el mismo Estado se promueva la organización de asociaciones de consumidores.
Los ministerios absorberán varias de las superintendencias...
En el caso de las superintendencias del Sirese, no parece ser tan sencilla esta solución. Se plantea actualmente un gran debate al interior del Poder Ejecutivo sobre el destino que se les dará.
En este caso son tres grandes grupos de problemas. La regulación en su sentido técnico, ¿quién la va a realizar? El tema financiero y presupuestario, ¿quién estará a cargo del nuevo órgano y qué pasará con la tasas de regulación? Y, finalmente, el orden de especialidad del personal y el conformar todo el entramado jurídico que requiere la regulación del mercado, tarea que supone intervención estatal de carácter administrativo.
¿No será juez y parte?
Ese es un debate relativo. No olvidemos que las superintendencias son también parte del Estado. Pero están bajo un régimen de autonomía de gestión. Nada impide a que finalmente estas tareas retornen a la matriz, al Poder Ejecutivo. Aunque reconozco que no parece que esta sea una opción deseable.
Si bien hace 20 años no habían órganos de regulación y el Estado era juez y parte, eso hoy en día dada la creciente complejización de las actividades en las sociedades, hacen necesarios órganos altamente especializados y que en su caso puedan tener equidistancia con lo que es el epicentro de la actividad política, el poder central y lo que es la prestación de servicios públicos por parte de operadores.
Si no proveemos de mecanismos y procedimientos que hagan eficiente la administración pública, y las superintendencias son absorbidas por ella, entonces en ese caso vamos a perder eficiencia. La tarea de control y regulación no será lo que esperamos y se debilitará la tarea regulatoria. Y quien será perjudicado no será la administración, sera el consumidor.
¿Qué motivó el cierre de las superintendencias?
Es una decisión política, al igual que el establecer órganos con singularidades autárquicas fue una decisión política. Fue una decisión política, lo dijeron los ministros. En el Plan Nacional de Desarrollo que fue el programa de gobierno con el que el Presidente ganó las elecciones, se estableció que las Súper iban a ser extinguidas. Ahora, que solamente esa sea la motivación y no existan otras de carácter técnico para mejorar la eficiencia, a mí me parece que es algo riesgoso.
La regulación sectorial en el país
El sistema boliviano fue un modelo a nivel mundial
En 1994, durante el proceso de capitalización, se inició en Bolivia la regulación sectorial. A través de una ley se creó al Sirese. Sin embargo, el proceso de designación de los superintendentes sectoriales se inició un año después.
“En su momento, el Sistema de Regulación Sectorial fue considerado el mejor sistema regulatorio del mundo. Hubo delegaciones de muchos países de África, de Asia y de América que vinieron al país a empaparse de este sistema. Incluso países como Tanzania copiaron el sistema”, recuerda Claude Bessé, quien trabajó en la elaboración de la ley del Sirese y dirigió la Superintendencia General.
Paradójicamente, según Bessé, fue durante el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada que se inició el debilitamiento del sector regulatorio.
“Creo que el momento en que se empieza a debilitar el sistema de regulación fue cuando se empezó a designar superintendentes interinos. Esto les restó poder porque debían hacer lo que el Gobierno que los eligió, y no (lo que) el Congreso les decía”, asegura.
Cuestionan la legalidad del decreto supremo
El ex superintendente de Empresas Rolando Morales señala que según la nueva CPE la labor de regulación del sector empresarial tiene que ser determinada por ley y no así por decreto, como el que estipula el cierre de superintendencias.
“En consecuencia, si otra entidad (como los ministerios) asume estas funciones, podría ser objetado por los agentes económicos y podrían lograr hacer un planteamiento de denuncia ante el Tribunal Constitucional”. Para la ex autoridad, entrevistada por este medio antes de su destitución, este hecho podría generar un vacío legal y de autoridad en el país.
El presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, Ramiro Monje, señaló que la medida gubernamental es ilegal. “Esta acción es violatoria pues en la anterior y en la actual Constitución se establece una jerarquía normativa; por lo tanto este decreto, inferior a la ley, no puede derogar, abrogar o modificar las mismas, sino mediante ley”, señaló Monje en un comunicado.
Varios proyectos y trámites quedarán truncados
Según el presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, Ramiro Monje, los productores, empresarios, operadores y entidades bajo la regulación de las distintas superintendencias se verán afectados con el cierre de las superintendencias. Monje señaló que se cuentan con trámites y procesos en curso ingresados antes del 7 de abril.
Por su parte, el ex superintendente de Empresas, Rolando Morales, sostuvo que en esta entidad quedará parado un proyecto de adecuación de las normas contables bolivianas a normas de carácter internacional. “Un programa de reforma financiera que nos iba a permitir logros importantes como la uniformidad en la presentación de los estados financieros que permite un control más importante de las empresas”, dijo.
Entre tanto, el ex presidente de la Cámara Forestal de Bolivia Pablo Antelo apuntó a que se pone en riesgo los avances en esta área del país de los últimos 12 años, después de la implementación de la Ley Forestal.
Considerada en los años 90 como un ejemplo a nivel mundial, el sistema de regulación boliviano se verá afectado desde este martes 7 de abril por la extinción de una decena de superintendencias, tal y como lo estipula el Decreto 29894.
La norma establece que sus competencias y atribuciones serán asumidas por los ministerios correspondientes o por una nueva entidad a crearse por norma expresa. Para autoridades y ex representantes del sector y para operadores de servicios —que coinciden en que el trabajo de las Súper no fue el adecuado—, este hecho terminará por debilitar la regulación y afectará tanto a los operadores como a los usuarios. Además, convertiría al Estado en juez y parte al ser administrador de empresas y al mismo tiempo regular a la competencia de éstas.
“El cierre (de las Súper) representa volver al pasado, cuando no había una cultura de regulación en el país y era el Gobierno el que manejaba direcciones de telecomunicaciones o de electricidad. No regulaban, sino que hacían lo que les ordenaba el Gobierno. Así, ni el usuario ni el prestador de servicio ni el propio Estado tendrán una protección ni alguien que vele por el cumplimiento de la ley”, señala Claude Bessé, uno de los impulsores en 1994 de la creación de la ley que dio vida al Sistema de Regulación Sectorial (Sirese) y superintendente general en esa época.
“Ahora, con la desaparición del Sirese, será más fácil distorsionar la norma que establecía, entre otros, disposiciones antimonopólicas y de defensa de la competencia. Prácticamente todo ello va a desaparecer. En corto plazo, el mayor perjudicado será el usuario”, agrega el experto en el área.
El ex superintendente de Empresas Rolando Morales considera que la decisión del cierre de las Súper parte de una premisa errónea. “Es un paso hacia atrás. Es verdad que las superintendencias nacieron en el periodo neoliberal, pero nacieron con la idea de regular el libre mercado, para evitar abusos de las empresas y defender los intereses del consumidor y de empresas chicas. Fueron creadas para evitar excesos del neoliberalismo. Hoy se supone que se crearon sólo para apoyar al neoliberalismo. En todos los países del mundo hay entidades que norman y regulan las diferentes actividades económicas. La superintendencia vela, por ejemplo, que no suban los precios del agua. Cerrarla y debilitar la regulación es dar un paso atrás”, señaló la ex autoridad en una entrevista realizada antes de su destitución, este mes.
Para Morales, el ciudadano será afectado hasta que no se monte otro sistema fuerte de regulación.
Coincide en este tema el actual superintendente de Transportes, Wilson Villarroel. “Si no proveemos de mecanismos y procedimientos que hagan eficiente la administración pública y las Súper son absorbidas por la administración central, entonces en ese caso vamos a perder eficiencia. La tarea de control y regulación no será lo que esperamos y se debilitará la tarea regulatoria. Y quien ha de salir perjudicado no será la administración, será el usuario”.
Villarroel apunta a que el trabajo de regulación requiere de personal técnico especializado, trabajadores que fueron formados en las Súper desde los años 90 y que ahora, en el caso de las entidades que serán cerradas, no se conoce si pasarán al Ejecutivo.
Para el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Gabriel Dabdoub, “al pasar las Súper a ser direcciones de los ministerios, lo que sucederá es su politización total y la sustitución de personal calificado por simpatizantes políticos. Las Súper eran una instancia de apelación en la vía administrativa y un interlocutor válido para tratar temas muy especializados y complejos. Temas técnicos en materia tributaria, de telecomunicaciones, electricidad y otros. Con la eliminación de ellas tememos que ya no exista una contraparte adecuada para resolver los problemas”.
Otra de las preocupaciones de las empresas privadas es la actuación del Ejecutivo a favor de las empresas estatales. Apuntan a la última resolución que liberó a la estatal BoA de garantías por el ingreso de sus aviones. “Cuando desaparezca la autonomía de la Súper de Trasportes y pase a ser dependencia de un ministerio que controla a la DGAC y al mismo tiempo a BoA, eso será un desastre. Eso es muy peligroso. El Gobierno será juez y parte”, señaló el presidente de AeroSur, Humberto Roca.
ALGUNOS ACIERTOS de la regulación
Consumidor • El ex superintendente general Claude Bessé destaca como uno de los logros del sistema de regulación la creación de las Oficinas de Atención al Consumidor (Odeco). Sólo en las terminales del país, estas entidades registraron un cuarto de millón de casos desde el año 2006.
Recursos • Las superintendencias, en su gran mayoría, no significan ningún costo al TGN. Se financian a través de las tasas de operación, que eran canceladas por las operadoras o prestadores de servicios. Actualmente se desconoce si dichas tasas se mantendrán bajo la nueva estructura.
Entrevista
“Quien será perjudicado no es la administración, sino el consumidor”
WILSON VILLARROEL, superintendente de Transportes, señala que la regulación sectorial requiere de órganos altamente especializados.
Con cerca de una década de trabajo en el sistema regulatorio nacional, el actual superintendente interino de Transportes, Wilson Villarroel, considera que se podría debilitar la regulación sectorial con el cierre de las Súper. Para evitar ello, sugiere mejorar la eficiencia de la administración pública.
¿Fue negativo o positivo el trabajo de las superintendencias?
El modelo en sí mismo, más allá de las connotaciones de si fue positivo o negativo, o si era la expresión más cruda del neoliberalismo, no terminó de establecerse. En especial hablo del Sistema Regulatorio Sectorial (Sirese), que debió acompañarse de dos normas: la ley de la competencia, para establecer las reglas de juego en la que iban a ingresar todos aquellos que participaban en un determinado mercado de servicios, y la ley del consumidor, que tenía que sentar las bases institucionales para que desde el mismo Estado se promueva la organización de asociaciones de consumidores.
Los ministerios absorberán varias de las superintendencias...
En el caso de las superintendencias del Sirese, no parece ser tan sencilla esta solución. Se plantea actualmente un gran debate al interior del Poder Ejecutivo sobre el destino que se les dará.
En este caso son tres grandes grupos de problemas. La regulación en su sentido técnico, ¿quién la va a realizar? El tema financiero y presupuestario, ¿quién estará a cargo del nuevo órgano y qué pasará con la tasas de regulación? Y, finalmente, el orden de especialidad del personal y el conformar todo el entramado jurídico que requiere la regulación del mercado, tarea que supone intervención estatal de carácter administrativo.
¿No será juez y parte?
Ese es un debate relativo. No olvidemos que las superintendencias son también parte del Estado. Pero están bajo un régimen de autonomía de gestión. Nada impide a que finalmente estas tareas retornen a la matriz, al Poder Ejecutivo. Aunque reconozco que no parece que esta sea una opción deseable.
Si bien hace 20 años no habían órganos de regulación y el Estado era juez y parte, eso hoy en día dada la creciente complejización de las actividades en las sociedades, hacen necesarios órganos altamente especializados y que en su caso puedan tener equidistancia con lo que es el epicentro de la actividad política, el poder central y lo que es la prestación de servicios públicos por parte de operadores.
Si no proveemos de mecanismos y procedimientos que hagan eficiente la administración pública, y las superintendencias son absorbidas por ella, entonces en ese caso vamos a perder eficiencia. La tarea de control y regulación no será lo que esperamos y se debilitará la tarea regulatoria. Y quien será perjudicado no será la administración, sera el consumidor.
¿Qué motivó el cierre de las superintendencias?
Es una decisión política, al igual que el establecer órganos con singularidades autárquicas fue una decisión política. Fue una decisión política, lo dijeron los ministros. En el Plan Nacional de Desarrollo que fue el programa de gobierno con el que el Presidente ganó las elecciones, se estableció que las Súper iban a ser extinguidas. Ahora, que solamente esa sea la motivación y no existan otras de carácter técnico para mejorar la eficiencia, a mí me parece que es algo riesgoso.
La regulación sectorial en el país
El sistema boliviano fue un modelo a nivel mundial
En 1994, durante el proceso de capitalización, se inició en Bolivia la regulación sectorial. A través de una ley se creó al Sirese. Sin embargo, el proceso de designación de los superintendentes sectoriales se inició un año después.
“En su momento, el Sistema de Regulación Sectorial fue considerado el mejor sistema regulatorio del mundo. Hubo delegaciones de muchos países de África, de Asia y de América que vinieron al país a empaparse de este sistema. Incluso países como Tanzania copiaron el sistema”, recuerda Claude Bessé, quien trabajó en la elaboración de la ley del Sirese y dirigió la Superintendencia General.
Paradójicamente, según Bessé, fue durante el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada que se inició el debilitamiento del sector regulatorio.
“Creo que el momento en que se empieza a debilitar el sistema de regulación fue cuando se empezó a designar superintendentes interinos. Esto les restó poder porque debían hacer lo que el Gobierno que los eligió, y no (lo que) el Congreso les decía”, asegura.
Cuestionan la legalidad del decreto supremo
El ex superintendente de Empresas Rolando Morales señala que según la nueva CPE la labor de regulación del sector empresarial tiene que ser determinada por ley y no así por decreto, como el que estipula el cierre de superintendencias.
“En consecuencia, si otra entidad (como los ministerios) asume estas funciones, podría ser objetado por los agentes económicos y podrían lograr hacer un planteamiento de denuncia ante el Tribunal Constitucional”. Para la ex autoridad, entrevistada por este medio antes de su destitución, este hecho podría generar un vacío legal y de autoridad en el país.
El presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, Ramiro Monje, señaló que la medida gubernamental es ilegal. “Esta acción es violatoria pues en la anterior y en la actual Constitución se establece una jerarquía normativa; por lo tanto este decreto, inferior a la ley, no puede derogar, abrogar o modificar las mismas, sino mediante ley”, señaló Monje en un comunicado.
Varios proyectos y trámites quedarán truncados
Según el presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, Ramiro Monje, los productores, empresarios, operadores y entidades bajo la regulación de las distintas superintendencias se verán afectados con el cierre de las superintendencias. Monje señaló que se cuentan con trámites y procesos en curso ingresados antes del 7 de abril.
Por su parte, el ex superintendente de Empresas, Rolando Morales, sostuvo que en esta entidad quedará parado un proyecto de adecuación de las normas contables bolivianas a normas de carácter internacional. “Un programa de reforma financiera que nos iba a permitir logros importantes como la uniformidad en la presentación de los estados financieros que permite un control más importante de las empresas”, dijo.
Entre tanto, el ex presidente de la Cámara Forestal de Bolivia Pablo Antelo apuntó a que se pone en riesgo los avances en esta área del país de los últimos 12 años, después de la implementación de la Ley Forestal.
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