La crisis económica de la empresa productora de ácido sulfúrico Samco (Empresa South American Chemical Corporation), confirmó el despido de 35 trabajadores, pero se quedará aún con 25, ya que en Oruro ninguna autoridad de la Prefectura ni de la Alcaldía ofrecen seguridad jurídica ni cumplen las leyes para su traslado a una zona industrial.
Según el representante jurídico de la empresa, Mauricio Hoepfner, las autoridades tanto prefecturales como municipales no cumplen las leyes, porque no les brindan seguridad jurídica para que la planta de ácido sulfúrico se traslade a una zona industrial establecida legalmente y con todas las garantías.
Ya fueron despedidos 35 trabajadores, porque se volvió insostenible la situación económica, porque pese a tener otros rubros en los que están trabajando, éstos no tienen la capacidad económica para mantener a los 60 trabajadores, explicó.
Hoepfner señaló que la Ley 1333 de Medio Ambiente, establece que para que una industria se traslade de donde actualmente trabaja, la autoridad municipal con la anuencia de la autoridad prefectural y una Ley de la República, la ciudad debe tener un Plan de Reordenamiento Territorial.
“Las autoridades municipales no han cumplido hasta la fecha la Ley 1333 de Medio Ambiente, son más de 12 años que se ha emitido la reglamentación del Plan de Reordenamiento Territorial, y la Alcaldía Municipal de Oruro no ha efectuado ningún trabajo relevante ni siquiera para hacer el estudio de prefactibilidad ni factibilidad de ese plan, que delimita claramente las zonas urbanas, zonas industriales, tanto de un parque mediano y uno pesado”, afirmó Hoepfner a tiempo de lamentar que no existe un parque industrial ni en la ciudad, menos en el área rural.
Dijo que las autoridades prefecturales tampoco tienen voluntad para dar una solución al tema, porque pese a haber cumplido con la mayoría de las exigencias técnicas y legales que se les hacía a través de una Resolución Viceministerial, no les brinda el aval para reanudar sus operaciones.
“La empresa va a tener que cerrarse, porque la situación económica ya es insostenible, y lamentablemente la Prefectura ha demostrado una completa falta de respeto, cuando se ha convocado a reuniones a través del Comité Cívico, y faltando media hora para el inicio, las autoridades prefecturales hicieron llegar notas suspendiendo las reuniones, y en la última en la que ya debió darse una solución, directamente no se presentaron”, denunció Hoepfner.
Ayer, el empresario junto a algunos funcionarios de Samco, solicitaron otra vez un diálogo con el prefecto, Alberto Aguilar Calle, pero éste no les dio una respuesta, como en anteriores oportunidades.
“Parece que la autoridad prefectural no tiene interés de solucionar el problema y nos da a pensar que tiene otros intereses para que asume esa determinación y actitud contra la empresa, porque no sabemos cuál la razón valedera para que nos impidan el trabajo”, manifestó.
El responsable de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Prefectura, Gónzaga Ayala indicó que es la Prefectura que debe dar la seguridad jurídica a los industriales, por lo que están analizando la situación para dar solución al tema, que también se volvió social, ya que son 35 personas que no tienen trabajo y por ende 35 familias las que están en conflictos económicos.
Según el representante jurídico de la empresa, Mauricio Hoepfner, las autoridades tanto prefecturales como municipales no cumplen las leyes, porque no les brindan seguridad jurídica para que la planta de ácido sulfúrico se traslade a una zona industrial establecida legalmente y con todas las garantías.
Ya fueron despedidos 35 trabajadores, porque se volvió insostenible la situación económica, porque pese a tener otros rubros en los que están trabajando, éstos no tienen la capacidad económica para mantener a los 60 trabajadores, explicó.
Hoepfner señaló que la Ley 1333 de Medio Ambiente, establece que para que una industria se traslade de donde actualmente trabaja, la autoridad municipal con la anuencia de la autoridad prefectural y una Ley de la República, la ciudad debe tener un Plan de Reordenamiento Territorial.
“Las autoridades municipales no han cumplido hasta la fecha la Ley 1333 de Medio Ambiente, son más de 12 años que se ha emitido la reglamentación del Plan de Reordenamiento Territorial, y la Alcaldía Municipal de Oruro no ha efectuado ningún trabajo relevante ni siquiera para hacer el estudio de prefactibilidad ni factibilidad de ese plan, que delimita claramente las zonas urbanas, zonas industriales, tanto de un parque mediano y uno pesado”, afirmó Hoepfner a tiempo de lamentar que no existe un parque industrial ni en la ciudad, menos en el área rural.
Dijo que las autoridades prefecturales tampoco tienen voluntad para dar una solución al tema, porque pese a haber cumplido con la mayoría de las exigencias técnicas y legales que se les hacía a través de una Resolución Viceministerial, no les brinda el aval para reanudar sus operaciones.
“La empresa va a tener que cerrarse, porque la situación económica ya es insostenible, y lamentablemente la Prefectura ha demostrado una completa falta de respeto, cuando se ha convocado a reuniones a través del Comité Cívico, y faltando media hora para el inicio, las autoridades prefecturales hicieron llegar notas suspendiendo las reuniones, y en la última en la que ya debió darse una solución, directamente no se presentaron”, denunció Hoepfner.
Ayer, el empresario junto a algunos funcionarios de Samco, solicitaron otra vez un diálogo con el prefecto, Alberto Aguilar Calle, pero éste no les dio una respuesta, como en anteriores oportunidades.
“Parece que la autoridad prefectural no tiene interés de solucionar el problema y nos da a pensar que tiene otros intereses para que asume esa determinación y actitud contra la empresa, porque no sabemos cuál la razón valedera para que nos impidan el trabajo”, manifestó.
El responsable de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Prefectura, Gónzaga Ayala indicó que es la Prefectura que debe dar la seguridad jurídica a los industriales, por lo que están analizando la situación para dar solución al tema, que también se volvió social, ya que son 35 personas que no tienen trabajo y por ende 35 familias las que están en conflictos económicos.
se hace daño a la economía, pero de la salud de la gente cuánto se dice? importa?
ResponderBorrarsería interesante que publiques la fecha de los post, sólo para darle el rigor periodístico
saludos