El Poder Ejecutivo se enredó en la solución que dará a la venta de ropa usada a nueve días de que termine el plazo para la comercialización.
Desde el jueves de la semana pasada y hasta ayer, cuatro autoridades del Gobierno no lograron explicar qué pasará con la prendería usada a partir del 1 de marzo, fecha en que por el Decreto Supremo 28761, se prohibirá su expendio en el mercado.
El ministro de Producción y Microempresa, Javier Hurtado, no esclareció la situación. Inicialmente, firmó un acuerdo con los dirigentes de la ropa usada para dejar sin efecto el plazo de la comercialización y, después —según los productores nacionales— retrocedió en su posición para no tener problemas con este sector.
La Prensa intentó una veintena de veces comunicarse con la autoridad para conocer la última definición, pero en su oficina informaron que estaba en reuniones y no tenía tiempo.
En un contacto telefónico, el portavoz presidencial, Álex Contreras, se excusó y dijo que el asunto lo daría a conocer el ministro Hurtado después de una reunión con los productores.
El vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, tampoco esclareció la situación. Pidió remitir la consulta a la autoridad del rubro.
La inquietud también fue transmitida al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, después de una conferencia de prensa, pero no respondió al salir.
El Comité de Defensa de la Industria Nacional (Codeina), que comercializa prendas hechas en Bolivia, se reunió ayer con Hurtado por cinco horas.
Al finalizar la cita, el líder de la organización, Porfirio Quispe, dijo que la autoridad remitirá al gabinete ministerial la consulta para establecer qué es lo que se hará en ese caso. Mientras, un día antes los productores marcharon en espera de una respuesta y de por medio hubo gasificación.
Codeina pidió mantener el decreto, pero de por medio está el convenio que Hurtado firmó con los “ropavejeros”.
Desde el jueves de la semana pasada y hasta ayer, cuatro autoridades del Gobierno no lograron explicar qué pasará con la prendería usada a partir del 1 de marzo, fecha en que por el Decreto Supremo 28761, se prohibirá su expendio en el mercado.
El ministro de Producción y Microempresa, Javier Hurtado, no esclareció la situación. Inicialmente, firmó un acuerdo con los dirigentes de la ropa usada para dejar sin efecto el plazo de la comercialización y, después —según los productores nacionales— retrocedió en su posición para no tener problemas con este sector.
La Prensa intentó una veintena de veces comunicarse con la autoridad para conocer la última definición, pero en su oficina informaron que estaba en reuniones y no tenía tiempo.
En un contacto telefónico, el portavoz presidencial, Álex Contreras, se excusó y dijo que el asunto lo daría a conocer el ministro Hurtado después de una reunión con los productores.
El vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, tampoco esclareció la situación. Pidió remitir la consulta a la autoridad del rubro.
La inquietud también fue transmitida al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, después de una conferencia de prensa, pero no respondió al salir.
El Comité de Defensa de la Industria Nacional (Codeina), que comercializa prendas hechas en Bolivia, se reunió ayer con Hurtado por cinco horas.
Al finalizar la cita, el líder de la organización, Porfirio Quispe, dijo que la autoridad remitirá al gabinete ministerial la consulta para establecer qué es lo que se hará en ese caso. Mientras, un día antes los productores marcharon en espera de una respuesta y de por medio hubo gasificación.
Codeina pidió mantener el decreto, pero de por medio está el convenio que Hurtado firmó con los “ropavejeros”.
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