El gobierno del presidente Evo Morales tiene la obligación de lograr ante el Congreso de Estados Unidos la ampliación del Acuerdo de Promoción Comercial Andino y Erradicación de Drogas (ATPDEA por sus siglas en inglés), por ser una medida imprescindible para las exportaciones no tradicionales del país.
El criterio es del gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, quien dijo que a pesar de ser una solución transitoria, se trata de una demanda irrenunciable para el sector exportador.
La Ley de Preferencias Arancelarias y Erradicación de Droga (ATPDEA, por su sigla en inglés) para las exportaciones bolivianas estará vigente hasta el próximo 28 de febrero de este año. Hasta el momento, las negociaciones entre el Poder Ejecutivo boliviano y los congresistas estadounidenses no alcanzaron resultados alentadores.
“Si Bolivia manda buenas señales a los Estados Unidos puede ser objeto de extensión de las preferencias”, afirmó Rodríguez y agregó que este es un tema urgente por solucionar ya que si se pierde este beneficio para las exportaciones, va a quedar cesante mucha mano de obra.
En caso de que no se logre ampliar la Ley de Preferencias Arancelarias, el Gobierno tiene listo un decreto para cubrir el pago de aranceles que sería financiado por el Estado.
“Ese decreto sólo es un préstamo a los exportadores para que paguen los aranceles que saldrá de los mismos impuestos que el Estado les debe por los Cedeim, por lo tanto no resuelve el problema”.
Si es que el Ejecutivo no logra ampliar este beneficio arancelario, más de 80 mil empleos en las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba, se verán afectados, asimismo se perderán alrededor de 1.000 millones de dólares en exportaciones hacia mercados consolidados en Estados Unidos.
A pesar de las millonarias inversiones anunciadas por Petróleos de Brasil (Petrobras) en el campo de los hidrocarburos, estas están en relación con las riquezas extractivas y no así con el sector no tradicional que no tiene beneficio directo de estas inversiones.
“El sector de la manufactura sí son generadoras de empleo, lo que no se percibe tanto en el sector tradicional, y precisamente donde más se genera empleo no vemos nuevas inversiones”, afirmó.
En ese marco, nuevamente surge el pedido de que es necesaria la seguridad jurídica, económica, política y social en el país para lograr nuevas inversiones para el incremento de la producción nacional y por consiguiente las exportaciones.
Promesas y buenas intenciones
En tanto, el Poder Ejecutivo reiteró una vez más que mediante la Cancillería y la Embajada de Bolivia en Estados Unidos se están realizando las gestiones necesarias para logra la ampliación de la Ley de Preferencias Arancelarias.
Lo que busca el Poder Ejecutivo es que lograr la ampliación del ATPDEA no sólo por unos meses, sino por lo menos por unos dos años y en el transcurso de ese tiempo trabajar para lograr un acuerdo definitivo para beneficio de las exportaciones bolivianas.
Hasta el momento el Poder Ejecutivo hizo dos planteamientos para afianzar las relaciones comerciales con Estados Unidos. El primero fue la solicitud de un acuerdo de “comercio justo” con ese país.
También se ha planteado una agenda comercial netamente arancelaria en la que se benefician tanto Bolivia como Estados Unidos.
De la misma manera, el Gobierno está analizando la posibilidad de abrir otros mercados alternativos para exportar productos nacionales.
“Estamos trabajando simultáneamente en la apertura de nuevos mercados de forma real del Mercosur, particularmente Brasil, continuamos trabajando también en el proceso de la consolidación de mercados del Mercosur y de la Comunidad Andina de Naciones”, afirmó el viceministro de Relaciones Económicas y Comercio Exterior, Pablo Guzmán.
En ese marco, se está realizando la exploración de mercados para lo cual se han enviado distintas misiones de investigación de marketing a China, Venezuela Brasil y Chile.
“Queremos establecer cuáles son los requerimientos y las condiciones necesarias para poder incrementar nuestras exportaciones a esos países”.
El criterio es del gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, quien dijo que a pesar de ser una solución transitoria, se trata de una demanda irrenunciable para el sector exportador.
La Ley de Preferencias Arancelarias y Erradicación de Droga (ATPDEA, por su sigla en inglés) para las exportaciones bolivianas estará vigente hasta el próximo 28 de febrero de este año. Hasta el momento, las negociaciones entre el Poder Ejecutivo boliviano y los congresistas estadounidenses no alcanzaron resultados alentadores.
“Si Bolivia manda buenas señales a los Estados Unidos puede ser objeto de extensión de las preferencias”, afirmó Rodríguez y agregó que este es un tema urgente por solucionar ya que si se pierde este beneficio para las exportaciones, va a quedar cesante mucha mano de obra.
En caso de que no se logre ampliar la Ley de Preferencias Arancelarias, el Gobierno tiene listo un decreto para cubrir el pago de aranceles que sería financiado por el Estado.
“Ese decreto sólo es un préstamo a los exportadores para que paguen los aranceles que saldrá de los mismos impuestos que el Estado les debe por los Cedeim, por lo tanto no resuelve el problema”.
Si es que el Ejecutivo no logra ampliar este beneficio arancelario, más de 80 mil empleos en las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba, se verán afectados, asimismo se perderán alrededor de 1.000 millones de dólares en exportaciones hacia mercados consolidados en Estados Unidos.
A pesar de las millonarias inversiones anunciadas por Petróleos de Brasil (Petrobras) en el campo de los hidrocarburos, estas están en relación con las riquezas extractivas y no así con el sector no tradicional que no tiene beneficio directo de estas inversiones.
“El sector de la manufactura sí son generadoras de empleo, lo que no se percibe tanto en el sector tradicional, y precisamente donde más se genera empleo no vemos nuevas inversiones”, afirmó.
En ese marco, nuevamente surge el pedido de que es necesaria la seguridad jurídica, económica, política y social en el país para lograr nuevas inversiones para el incremento de la producción nacional y por consiguiente las exportaciones.
Promesas y buenas intenciones
En tanto, el Poder Ejecutivo reiteró una vez más que mediante la Cancillería y la Embajada de Bolivia en Estados Unidos se están realizando las gestiones necesarias para logra la ampliación de la Ley de Preferencias Arancelarias.
Lo que busca el Poder Ejecutivo es que lograr la ampliación del ATPDEA no sólo por unos meses, sino por lo menos por unos dos años y en el transcurso de ese tiempo trabajar para lograr un acuerdo definitivo para beneficio de las exportaciones bolivianas.
Hasta el momento el Poder Ejecutivo hizo dos planteamientos para afianzar las relaciones comerciales con Estados Unidos. El primero fue la solicitud de un acuerdo de “comercio justo” con ese país.
También se ha planteado una agenda comercial netamente arancelaria en la que se benefician tanto Bolivia como Estados Unidos.
De la misma manera, el Gobierno está analizando la posibilidad de abrir otros mercados alternativos para exportar productos nacionales.
“Estamos trabajando simultáneamente en la apertura de nuevos mercados de forma real del Mercosur, particularmente Brasil, continuamos trabajando también en el proceso de la consolidación de mercados del Mercosur y de la Comunidad Andina de Naciones”, afirmó el viceministro de Relaciones Económicas y Comercio Exterior, Pablo Guzmán.
En ese marco, se está realizando la exploración de mercados para lo cual se han enviado distintas misiones de investigación de marketing a China, Venezuela Brasil y Chile.
“Queremos establecer cuáles son los requerimientos y las condiciones necesarias para poder incrementar nuestras exportaciones a esos países”.
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