Los empresarios del país cuestionaron ayer la pretensión del Gobierno de introducir más de una veintena de artículos en el proyecto de ley de reforma del Código Penal, que en los hechos agravará el “cerco normativo”, al que ha sido sometido el empresariado privado del país en los últimos años.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, rechazó dichas reformas, al considerarlas que buscan aplicar una especie de “sobrerregulación” solo a empresas privadas y no estatales, en un escenario económico de menor dinamismo.
“No debería penalizarse más al sector privado”, manifestó Salinas en un contacto con la prensa e insistió que el proyecto de ley incluye más de 20 artículos, que penalizan en forma “excesiva” al sector privado, cuando existe ya una normativa en aplicación.
CONVOCATORIA
El directivo de la CNC sostuvo que como sector empresarial aguarda la convocatoria de las autoridades legislativas para conocer los resultados de las conversaciones que se realizaron durante el pasado mes, aunque manifestó su temor porque la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto, sin consultar las implicaciones de tales reformas en el desempeño empresarial privado.
RESPUESTAS
“Queremos ver los resultados de las conversaciones y no esperamos que nos digan –como ocurre en estas situaciones– que los ajustes se realizarán en el reglamento”.
“No podemos aceptar esta situación, pese a que estamos a punto de que el plenario considere el proyecto”, señaló Salinas a los medios. En su declaración expuso también que una vez aprobada la norma, pensar en una modificación de sus fundamentos, vía reglamento, sería “un absurdo”.
CEPB
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, refirió que el pasado fin de semana, mediante comunicado, una comisión técnico-jurídica de la CEPB presentó sus observaciones a la Asamblea Legislativa, y que ahora los dirigentes del sector privado se encuentran a la espera de ser convocados a una reunión final, en la que se presenten los cambios acordados o se analicen nuevas propuestas.
“Hay un compromiso de la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, de convocarnos a una reunión, una vez se tenga la redacción final del proyecto, lo que debiera suceder en los próximos días, antes que el tema de las personas jurídicas ingrese a su tratamiento en detalle”, opinó el empresario.
DIÁLOGO
Por otra parte, reiteró su valoración por la apertura al diálogo que han tenido las Presidencias de las Cámaras, frente a las demandas del empresariado; y la buena disposición y el respeto con que se debatieron las observaciones.
“Nosotros habíamos expresado nuestro reclamo por la cantidad de delitos que se pretendía tipificar a las empresas, además de la inclusión de faltas que están en otras normas, las sanciones excesivamente punitivas, entre otros”, afirmó Nostas
Manifestó que los artículos incluidos en el Borrador del Proyecto ponían en riesgo la seguridad jurídica, y su aplicación podía afectar seriamente las fuentes de trabajo, la sostenibilidad y la existencia de las empresas y, sobre todo, podrían generar un desincentivo para la inversión.
“En un primer momento se nos ha explicado que hay la decisión de incluir a las personas jurídicas en el Código Penal, debido a que la doctrina jurídica internacional ya asume esta tendencia, a partir de la aparición de delitos como la trata y tráfico, legitimación de ganancias ilícitas, narcotráfico, terrorismo y otros”, adelantó el empresario.
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