Acuerdo económico entre Bolivia y Chile: El pacto y sus sombras

Cualquier proceso de integración económica tiene como objetivo principal la libre circulación de bienes y, desde el punto de vista económico, es una de las formas más idóneas para incrementar el nivel de competitividad de las economías y para facilitar la cohesión política de los estados miembros a través del incremento de la cooperación.

La producción nacional puede protegerse aplicando determinadas tarifas o precios sobre el bien importado, mismos que constituyen un obstáculo a las transacciones comerciales pero que están permitidos a nivel de comercio internacional. La apertura de las economías nacionales al exterior mediante las relaciones comerciales tiene consecuencias de orden económico-financiero para los países que forman parte, teniendo como objetivo fundamental liberalizar el comercio y concederse preferencias arancelarias entre los países que lo conforman.

Las relaciones entre Bolivia y Chile se han tornado complejas durante muchos años por la causa marítima boliviana de reivindicar una salida libre y soberana al océano Pacífico. No obstante, pese a ese contexto, en 1993 se firmó un Acuerdo de Complementación Económica denominado ACE Nº 22, que tenía la finalidad de entrelazar las economías mediante el compromiso de ambos países en el logro de objetivos en relación a derechos aduaneros. Sin embargo, las expectativas respecto del fortalecimiento mutuo con una visión de mercados no han superado la realidad actual.

Varias son las dificultades que deben afrontar los bolivianos en Arica, derivando en perjuicios económicos millonarios que se puede ir percibiendo como efecto de los problemas administrativos, tal como en el presente año con el paro que se llevó adelante por parte de los estibadores portuarios, generando colas de 1.000 camiones durante dos o tres días hasta por más de un mes de inactividad. Esta situación no solamente no da lugar al cumplimiento del convenio bilateral con Chille, sino que se incurre en una violación al Tratado de 1904.

No sería cabal el análisis del sector exportador boliviano si no se considera la deficiente infraestructura de transporte, resaltando que más del 80% del mismo se realiza por Chile. De acuerdo a este panorama, no debe sorprendernos los resultados que se alcanzan del acuerdo y que se reflejan tanto en importaciones, exportaciones como en la balanza comercial de ambos países.

En la última década las exportaciones chilenas destinadas a Bolivia han manifestado un incremento promedio del 10%, de acuerdo a información de inteligencia comercial ProChile. Las exportaciones bolivianas con destino a Chile acumularon un total de $us 1.095 millones en tanto que las importaciones sumaron $us 3.605 millones, dejando un saldo negativo de $us 2.510 millones, según cifras oficiales del IBCE para 2016.

Entre los principales productos bolivianos que se benefician con los aranceles pactados en el acuerdo son: la torta de soya, aceite de girasol, palmitos en conserva, cerveza de malta, estaño en bruto sin alear y la semilla de chía, sumando a esta lista un total de 350 productos en promedio en los últimos años. Mientras que Bolivia importó desde Chile 1.646 productos, destacando entre otros: las compras de diésel, preparaciones para la elaboración de bebidas y gasolina.

El desarrollo y crecimiento de las exportaciones bolivianas está limitado por diferentes obstáculos y problemas estructurales no resueltos desde hace décadas; tienen su origen en el ámbito productivo, descansan en el ámbito de gestión y se traducen en dificultades de penetración en el ámbito de mercado.

Este complejo escenario es difícil de resolver a corto plazo, si no se adoptan medidas concretas que estén contenidas en el marco de políticas y estrategias internas a favor de las exportaciones. Sumado a lo anterior, no se tiene un aprovechamiento del acuerdo pactado con Chile por obstáculos que se generan en este país, así como la falta de guía para las empresas potencialmente exportadoras.