La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI) manifestaron su disconformidad por el incremento salarial que acordaron ayer el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB). Ambas coincidieron en señalar que este incremento generará mayores niveles de desempleo, precariedad laboral e informalidad.
“Este incremento efectivamente pondrá a la empresa privada boliviana, en especial a la industria nacional, en dificultades para asumir esta medida. No estamos de acuerdo, ya que afectará a una gran parte de nuestros asociados, quienes se verán obligados a reducir empleos y, en el peor de los casos, proceder al cierre de empresas”, señaló el presidente del CNI, Horacio Villegas, a través de un comunicado.
Por su parte, la CEPB calificó el aumento como “una práctica que en los últimos años ha distorsionado toda racionalidad en el manejo de la política salarial”, con la cual se va en desmedro de la mediana y pequeña empresa, que se verán muy afectadas por el alza salarial e incursionarán en la informalidad.
“Es necesario entender que los incrementos salariales no son cuestiones aisladas que terminan en sí mismas, debido a que se suman a otros costos laborales que el empresario debe asumir”, señaló el presidente de la CEPB, Ronald Nostas, por medio de otro comunicado.
Según los empresarios privados, las consecuencias del incremental salarial serán evidentes “a corto plazo” y significarán un costo aproximado de $us 319 millones para las empresas del país, efectos de los que serían responsables el Gobierno y la COB.
“Pedimos públicamente una reunión urgente con el Presidente del Estado Plurinacional para analizar la situación del sector y las medidas que se deben adoptar para evitar que el daño sea mayor”, finaliza la nota.
Tanto la CEPB y la CNI lamentaron que no hayan sido invitadas para ser parte de las mesas de trabajo organizados por el ente de los trabajadores y el Gobierno, siendo que “la empresa privada y la industria nacional no pueden dejar de participar en estos diálogos, en los que se comprometen políticas y acciones gubernamentales que afectarán al futuro del sector privado”.
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