Los industriales rechazaron ayer el Decreto Supremo 2822, que en uno de sus puntos prohíbe al sector privado cerrar empresas o despedir trabajadores apelando al caso de Enatex, y anunciaron la presentación de un recurso de inconstitucionalidad a través de la Cámara Nacional de Industrias.
El presidente de la Cámara Departamental de Industria, Alejandro Antonio Fernández Vargas, aseguró que la norma no tiene sustento legal y vulnera principios establecidos en el Código de Comercio, que establece cuáles son las condiciones para que una empresa cierre. Las mismas están relacionadas con la situación financiera que atraviesa cada industria, la existencia de mercados y su capacidad económica para seguir produciendo. El Código prevé la disolución, liquidación e inclusive quiebra de la empresa. “Se trata de un derecho adquirido que tenemos en la actual normativa y un decreto supremo no puede vulnerarlo”. Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Fernando Cáceres, observó el Decreto Supremo 2823, que establece que el cierre de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Textiles (Enatex) no se aplicará bajo ninguna justificación en otras empresas privadas, y explicó que va en contra del Código de Comercio. Es discriminatorio y un decreto no puede ir en contra de una ley como el Código de Comercio, señaló a ABI, en La Paz.
Sobre la inamovilidad laboral Fernández subrayó que esa disposición está en la Ley General del Trabajo.
Los industriales también informaron que participan en mesas de trabajo con el Gobierno sobre Inversión Privada e Incentivo. Se abordaron factores para incrementar la productividad del sector como la tecnología, la innovación, la investigación, la cualificación de mano de obra, normas y calidad, inversión y estabilidad económica. Asistirán a la mesa de Política Tributaria donde tocarán el crédito fiscal y financiamiento, entre otros temas relacionados.
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