Rosalía Quiroz, la dirigente de la comunidad indígena yuracaré Puerto Gretel, que queda entre los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, denunció que los colonizadores del Sindicato Manantial Primera del municipio cochabambino de Entre Ríos comenzaron a talar árboles y depredar el hábitat de esa zona.
En una entrevista con la red ERBOL, denunció que los indígenas, en su intento de desalojar a los colonos de sus tierras, fueron agredidos físicamente por los avasalladores que, portando machetes y palos, aseguraron ser los nuevos dueños.
Aseguran que cuentan con el permiso de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) para talar árboles.
"A 50 metros de la orilla del río (Ichilo) están haciendo un chaqueo bien feo, son nuestros bosques, donde tenemos árboles grandes, troncas grandes, ni nosotros hemos chaqueado para que ellos lo dejen pampa nuestros plátanos, nuestras mandarinas, nuestras papayas lo han cortado, son unos malos, son unos perversos”, precisó.
Entre sollozos, Quiroz pidió ayuda a las autoridades de Gobierno y a la población, ya que dijo que volverán a ingresar a la zona en conflicto para hacer respetar su territorio, a costa de perder sus vidas.
Derechos humanos
La extracción de recursos naturales, obras de infraestructura y el turismo ponen en riesgo a las comunidades indígenas que viven aisladas en las zonas más remotas de Sudamérica, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundido el pasado martes, reportó AFP.
Las incursiones en los territorios indígenas "se dan en su mayoría en el contexto de extracción de recursos naturales”, indicó la comisión.
Según la CIDH, las actividades de extracción "representan quizás la mayor amenaza al pleno goce de los derechos humanos” de esos pueblos, que viven en aislamiento voluntario o con esporádico contacto con el mundo exterior. La comisión recogió casos de tala legal o ilegal de madera en Perú, Brasil y Ecuador, extracción de hidrocarburos en Bolivia, minería ilegal en Venezuela o ganadería y agricultura de soya en Paraguay.
Pero también está la construcción de carreteras o proyectos de centrales hidroeléctricas en territorios protegidos. La extracción de maderas con alto valor comercial, como el cedro, la caoba o el palo santo y la exploración y explotación de hidrocarburos representan dos de las principales amenazas a estos pueblos.
De acuerdo con la CIDH , se ha recibido información de que en Bolivia existirían indicios de presencia de indígenas yucararés aislados o en contacto inicial en el área de influencia de la proyectada carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, que atravesaría el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (la obra está hoy parada).
Datos aportados por el Estado señalan que el pueblo "yucararé se encontraría en el área del río Chapare, el cual se ubica cerca de la localidad de Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba”.
Informe de CIDH
Análisis Según el informe de la CIDH, en Bolivia se identificaron estos pueblos indígenas: los Araona, Ayoreo, Baure, Cavinefio, Chacobo, Esse Ejja, Guarasug’we, Machineri, More, Mosetene, M’bya Yuki, Pacahuara, Tapiete, Toromona, Chimanes, Sirionó, Uru Chipaya, Uru Iruito, Uru del lago Poopo, Uru Murato, Yaminahua, Yora, Yuracaré y Yuqui (Yuki).
Peligro La CIDH advierte que si no se logra asegurar la protección de los pueblos contra las incursiones, "enfrentamos el riesgo de ser testigos de la desaparición completa de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario” en América.
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