Obras estatales de infraestructura, sobre todo caminera, con una inversión superior a los 2.000 millones de dólares fueron adjudicadas a empresas constructoras extranjeras, según informes de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) y registros del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).
Las empresas proceden de países como China, Corea, España, Argentina, Brasil, Costa Rica y Venezuela.
Algunas conformaron consorcios o sociedades accidentales para participar en las licitaciones internacionales y se adjudicaron obras como la doble vía Huarina-Tiquina, la vía férrea Montero-Bulo Bulo o la vía Santa Bárbara-Caranavi, entre otras
A fines de marzo, el Gobierno y los empresarios de la construcción se reunieron en esta ciudad para comenzar la revisión de normas y trámites para dinamizar al sector y mejorar la inversión pública, en la primera de cuatro reuniones programadas con esos objetivos.
La cifra adjudicada llama la atención de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) porque las condiciones y exigencias de estas licitaciones impiden la participación de constructoras nacionales.
El presidente de Cadecocruz, Guillermo Schrrupp, dijo que los factores que limitan la participación de las constructoras bolivianas en las obras estatales de infraestructura, especialmente de magnitud, son expuestas hace ya “varios años”, sin que se haya logrado atender las necesidades del sector constructor; “mientras tanto se siguen adjudicando contratos a empresas extranjeras”.
Schrrupp recordó que el Ejecutivo cuestionó la falta de capacidad de las empresas estatales para encarar obras de envergadura. Sin embargo, en muchos casos, las obras son ejecutadas por bolivianos porque las empresas extranjeras subcontratan sus empresas a precios menores que los adjudicados.
“Requerimos resultados concretos y en el corto plazo” para dinamizar el sector, señaló.
Trabas identificadas
El presidente de la Cadeco, Franklin Pérez, dijo que varias trabas impiden a las constructoras nacionales adjudicarse grandes obras públicas. Entre las más importantes citó la imposibilidad de reajustar el precio fluctuante de los materiales, la falta de una instancia de conciliación y resolución de controversias y la ejecución de boletas de garantía sin previo análisis.
El vicepresidente, Alvaro García, se comprometió a recabar aspectos técnicos para responder a las demandas del sector.
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