Cainco prevé alza de precios por gravamen a botellas pet

Los costos de retención por la comercialización de bebidas en botellas pet “se cargará” en algún momento “al bolsillo del consumidor”, advirtió ayer el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Luis Barbery.

La reacción de la Cainco es a propósito del proyecto de Ley Promoción para la Reducción de Contaminación por Uso de Botellas Plásticas No Retornables, que fija tres rangos de retención por cada botella que sea comercializada por las embotelladoras. La norma fue aprobada en la Cámara Baja y pasó al Senado para su revisión. Se estima que la norma sea sancionada en las primeras sesiones de la Asamblea.

“Los precios se van ajustando conforme a la inflación y los costos se van elevando, y en algún momento, hay que ser realista, va a ser inevitable (que) esos costos se trasladen al bolsillo del ciudadano, (aunque) no debería tener ese impacto”, expuso Barbery.

Impacto. El empresario cruceño sostuvo que esta determinación, que no fue consensuada con su sector, “es un impacto fuerte a la economía de los industriales”. Advirtió que “aunque la ley dice que no se podrá incrementar los precios”, la retención “es un cargo fuerte para el sector industrial”.

Indicó que en la evaluación que se hizo en el sector de las empresas que comercializan estos productos, sólo por las retenciones que se efectuarán, “el fisco llegaría a recaudar por lo menos $us 7 millones al año” por las miles de toneladas que circulan en el mercado. El miércoles, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Mario Yaffar, calificó la retención como “un impuesto más” para el sector empresarial. El presidente de la Cainco también expresó que esta medida “es una carga, es una tasa, es un impuesto más”.

La diputada proyectista de esta norma, Betty Tejada (MAS), aclaró que “el monto retenido no representará un incremento en el precio de venta de los productos al consumidor”, tal como se menciona en el proyecto de ley. Barbery recordó que este tema tampoco es nuevo, se sabe que se ejecuta con éxito en Ecuador, pero se dan incentivos para reducir esos pagos que se deben contemplar en el proyecto de ley.

La normativa, en su artículo 6, establece que en caso de que el interesado evidencie un incremento en el uso de botellas plásticas no retornables recicladas, “se reducirá el monto de la retención conforme a reglamento”.

Barbery dijo estar de acuerdo con todos los objetivos de la norma como el cuidado del medio ambiente y la reducción de la contaminación, junto a la generación de empleo para los recolectores de este tipo de material.

Sin embargo, el empresario subrayó que existe el riesgo que si la medida va a significar un cargo para las empresas, éstas pueden optar por otro tipo de envases que pueden ser “más contaminantes”. “La preservación del medio ambiente no va a quedar en duda porque es algo que todos buscamos, pero cuidado que el efecto resulte un boomerang”, previno el empresario de Santa Cruz.

La futura ley precisa que el 96% de la recaudación se destinará para los recolectores de botellas plásticas no retornables y el 4% a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (Aemp) para el cumplimiento de actividades de recaudación, control y fiscalización del pago de las retenciones establecidas.

Barbery manifestó que en el tema de reciclaje hay toda una cadena productiva y que si se eliminan las botellas pet mucha gente podría quedar sin un medio de vida. Por ello, pidió a la Asamblea Legislativa un mayor análisis debido a los efectos que podría provocar una medida de este tipo.

Objeto del proyecto de ley 579

Reciclaje

Promover el reciclaje de botellas plásticas no retornables en el Complejo Productivo de Bebidas, para reducir la contaminación hacia los componentes de la Madre Tierra y mejorar los términos de intercambio entre los actores involucrados.

Ámbito

Su aplicación será en todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que forman parte del Complejo Productivo de Bebidas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, dice la ley.