La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) presentó una queja formal al Gobierno por lo que considera “acoso tributario” y la aplicación de multas económicas de manera retroactiva por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) con la aplicación de un reglamento que contraviene la legislación vigente y la Constitución Política del Estado (CPE).
Página Siete informó la semana anterior que con el reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales, aprobado por resolución administrativa de la AEMP en agosto de 2011 y publicado en febrero de 2012, al menos tres empresas paceñas fueron sancionadas en algunos casos con fuertes multas económicas de manera retroactiva.
Ayer, el presidente de la CEPB, Daniel Sánchez, aseguró que “hemos presentado nuestras quejas al ministro de la Presidencia (Juan Quintana) y, a través de él, al presidente (Evo Morales) y vicepresidente (Álvaro García), para explicarle que con ese tipo de actitudes lo único que se está haciendo es desalentar a las empresas legalmente constituidas, que son las que están registradas en Impuestos, en la Renta, en las Cajas, pagan las AFP y son a las que están presionando de todo lado y no se está ampliando la base tributaria, más bien lo que se está haciendo es exprimir a los que están formales en el país”.
Para Sánchez, es evidente que “hay muchas empresas que han sufrido acoso tributario en los últimos tiempos, hubo muchas quejas sobre la excesiva presión fiscal que tenía Impuestos Nacionales que esperemos mejore con el nuevo presidente (Erick Ariñez) que ha sido recién posesionado”.
Consultado sobre el número de empresas sancionadas, Sánchez respondió que “hay varias empresas que han presentado sus quejas en su momento”.
Según el abogado Rodrigo Monrroy, la aplicación retroactiva de cualquier norma contraviene lo establecido por los artículos 123 y 116 de la Constitución, que establecen, respectivamente, que “la ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo'” y que “cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible”.
La compañía Editora Luna Llena, empresa editora de Página Siete, fue fiscalizada por la AEMP, pagó una multa económica y la impugnó ante la instancia jerárquica superior, según la ley. Contra Soboce, que es liderada por Samuel Doria Medina, la multa fue de 51,6 millones de bolivianos. Entonces, la Cooperativa Boliviana de Cemento también advirtió que la sanción de 1,2 millones de dólares dictada por la AEMP impactará negativamente en la producción de cemento y contra la nueva planta en Irpa Irpa.
Sobre el tema, ni el director de la AEMP, Germán Taboada, ni la ministra de Desarrollo Productivo, María Teresa Morales -que supervisa a esa entidad- respondieron a cuestionarios enviados por Página Siete.
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