El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) realiza un proceso de fiscalización a 6 mil empresas en el país para saber si aportaron al antiguo sistema de reparto y así se pueda dar curso a los trámites de jubilación pendientes.
Anteriormente autoridades nacionales del Senasir y personas que realizaban el trámite de jubilación identificaron dificultades en el proceso y una demora de al menos dos años. Los datos en los documentos, la informalidad de las empresas, el pertenecer a determinados sectores, el margen de error y también el riesgo de las estafas, son los problemas comunes.
El director general ejecutivo del Senasir, Edwin Mercado, aclaró varios aspectos. Manifestó que existen alrededor de 6 mil empresas, entre privadas y públicas, que han actuado como “agentes de retención” entre 1982 y abril de 1997, cuando se aprobó la Ley 1732 que también fue derogada y ahora está vigente la 065.
“Están sujetas a fiscalización para demostrar que sí han aportado al antiguo sistema y se pueda dar curso a los trámites de jubilación a través de compensaciones de cotizaciones o en algunos residuos que quedan del sistema de reparto”, dijo agregando que aún hay instituciuoones que no han cancelado los beneficios.
Las personas pueden tramitar jubilaciones, los varones a partir de los 55 años y las mujeres a los 50.
PROBLEMAS En los trámites de jubilación se presentan una serie de dificultades. El magisterio está incorporado en el denominado sector “CAS” de la sigla de Calificación de Años de Servicio. En este grupo se incluyen a los que fueron trabajadores de la administración pública central y descentralizada, Magisterio Fiscal, Policía, Poder Judicial, toda la administración pública, que además de los requisitos básicos deben presentar la CAS para el procedimiento de jubilación. Éste es uno de los grupos que mayor dificultad presenta para obtener todos los requisitos.
Cuando se trata de los trámites en el sistema automático el procedimiento es sencillo y rápido, pero por el “margen de error” pueden haber datos imprecisos como los años de servicio por la carencia de documentación de alguna gestión en el sistema. Hay una base de datos y, según explica Mercado, se puede verificar fechas de acceso y desvinculación.
“En muchos casos hubo períodos cesantes, hay bajas o hay errores en la matrícula que es alfanumérica”, aclara agregando que al contrastar con los documentos de identidad se da la inconsistencia. También hay problemas cuando, por ejemplo, la persona tiene dos o tres nombres y en los documentos aparece sólo uno.
Los datos en fechas de nacimiento pueden tener errores porque los libros del Registro Civil han sido vaciados a mano. La concesión de beneficios para derechohabientes puede verse perjudicada si hubo divorcios y no se transcribió la nulidad de la partida.
Por otro lado, la falta de documentos, tras la nacionalización, para los trabajadores de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) perjudica trámites.
“En muchos casos se está recurriendo a la Caja Petrolera de Salud pero tampoco tiene información completa”, dice la autoridad reconociendo estas debilidades.
UN FAMILIAR Cuando la persona está incapacitada de asistir al punto de pago puede cobrar un familiar previo consentimiento del rentista. Deben presentar las fotocopias de la cédula de identidad y una trabajadora social verifica la situación y en este caso no es necesario el certificado.
CONTROL Los mecanismos de control son cada vez mayores debido a que hubo casos, 30 entre 2008 y 2010, de suplantación de personas que ya fallecieron. Durante las primeras semanas la otorgación de poderes nacionales y extranjeros es “caótico” y el control se aumenta. Se dan casos de vulneración y engaño en los que las autoridades del Senasir acuden, incluso, a procesos coactivos sociales.
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