En el mundo de los subsidios también hay problemas por el mal estado de algunos alimentos que conforman los paquetes. Esto involucra especialmente a las fechas de vencimiento. En abril, una beneficiaria de Potosí hizo llegar la primera queja del año, cuando descubrió que la avena que le dotaron en marzo tenía que haber sido consumida antes de enero.
La denuncia fue canalizada por Acción Internacional para la Salud (AIS) y el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor. Martín Carrasco, oficial de Salud de la primera institución, señala que el año pasado se registraron al menos 35 denuncias en el rubro en todo el país, la mayoría por este tema y con la avena como protagonista principal.
Quejas. En estos casos, el sello con la fecha de expiración se camuflaba con un pedazo de nylon en el que estaba un plazo falso. “Los beneficiarios rasparon el plástico y por dentro descubrieron la fecha verdadera, que ya había pasado; así descubrieron el engaño”, comenta Carrasco. El mal manejo y almacenamiento de alimentos, envases rotos y maltratados y roedores caminando en medio de latas, bolsas, cajas y botellas de depósitos, también están entre las irregularidades detectadas.
El oficial de Salud explica que en el eje troncal del país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) son muy raras estas quejas porque hay mayor fiscalización de parte de las autoridades encomendadas por la ley. Sin embargo, recuerda que el hecho que causó más susceptibilidades sucedió hace tres años en la ciudad de La Paz.
La denunciante fue la trabajadora de una distribuidora que entregaba productos para los subsidios prenatal y de lactancia, que evidenció la presencia de lana, heces de ratón y plumas en el interior de un envase que, igualmente, involucraba a la avena. “Tomó fotos y hasta nos trajo una muestra física del producto, pero después nos enteramos que tuvo una serie de problemas y hasta la asignaron a otra área”.
Por esta develación se suspendió a la empresa. “Era una importadora”. Carrasco añade que ésta operó así porque contaba con respaldo de un funcionario del Estado. “Se supone que se hacen licitaciones para que se postulen varias opciones; pero en este caso el trato fue directo entre la firma y el encargado de los subsidios, que priorizaba ciertos alimentos y los que no le convenían, los retiraba o no los incluía”.
Una vez recibida cualquier acusación en el ramo, AIS y el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor se dedican a recabar más pruebas y, tras ello, dan a conocer el hecho ante el Ministerio de Salud y el Instituto nacional de Seguros de Salud (Inases) para que tomen cartas en el asunto.
Miguel Ángel Suárez, director del Inases, responde: “Hemos suspendido a varias empresas por mal manejo de productos, pero han mejorado y demostraron, a través de análisis químicos y de laboratorio, que pueden continuar siendo proveedores”.
Empleadores. Otro filo de las denuncias en el rubro incumbe a empleadores, a pesar de que el Reglamento del Régimen de Asignaciones Familiares determina que entre sus obligaciones está la de depositar mensualmente a la distribuidora un monto equivalente a un salario mínimo nacional por cada trabajador destinado a cubrir la otorgación de los subsidios prenatal y de lactancia a mujeres y niños.
“En mi trabajo no pagaron tres paquetes (de subsidios) y dicen que ya pasó la fecha para hacerlo”, se quejaba una embarazada a María Jiménez, supervisora de Asignaciones Familiares de PIL Andina, en la agencia de esta compañía en la calle Coroico de La Paz. La funcionaria comenta que estos casos son recurrentes, ya que en una semana pueden presentarse hasta 40 de diferente índole contra empleadores que no cumplen con la normativa.
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