Además de Makitesa, otras tres empresas textileras -Millma, Electrofashion y Casa Crisol- enfrentaron problemas debido a que el mercado venezolano no fue una opción para su producción tras la pérdida de las preferencias arancelarias en Estados Unidos en 2009. Debido a esto, al menos 300 obreros se quedaron sin empleo y están impagos desde hace unos tres meses.
Los ex trabajadores, desde entonces, protagonizan marchas por las calles de la ciudad.
Página Siete solicitó una entrevista con alguna autoridad del Ministerio de Trabajo para conocer cómo se está tratando el conflicto, pero no recibió respuesta.
El secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Víctor Quispe, lamentó que el Gobierno no haya dado una solución a los obreros de esas compañías, pese a que planteó hacerse cargo de éstas para reactivarlas.
Los conflictos para esas empresas comenzaron tras el cierre del mercado estadounidense, su producción bajó y dejó de ser rentable para los propietarios. Las compañías vendían su producción a EEUU y luego del fin de las preferencias confiaron en destinarla a Venezuela que no tuvo la misma demanda.
A raíz de esa situación, según Quispe, los dueños comenzaron a incumplir con el pago de salarios y otras obligaciones sociales desconociendo la Ley General del Trabajo y la Constitución Política del Estado.
Precisó que al menos 300 personas fueron despedidas sin recibir su salario desde hace más de tres meses. Incluso se les adeuda los aguinaldos correspondientes al 2011.
Los casos
Quispe explicó que en el caso de Makitesa, la empresa está en quiebra y “uno de sus propietarios (...) huyó del país, dejando en situación de incertidumbre a 105 empleados”.
Para mantener la producción, explicó, los trabajadores de Makitesa, iniciaron las gestiones para hacerse cargo de las fábricas. Para esto plantean acceder a un crédito de al menos 80 mil dólares del Banco de Desarrollo Productivo (BDP).
A cambio se entregaría como garantía el inmueble donde funciona esta empresa textilera, así como la maquinaria y, si fuera el caso, los beneficios sociales de los propios trabajadores.
“El otro dueño, Mauricio Maldonado, tendría que dar luces para que la empresa pase a manos de los trabajadores, pero por el momento no hay eso, a pesar de que las gestiones ya comenzaron hace tres meses”, añadió.
En el caso de Millma, Quispe recordó que uno de sus principales mercados era Estados Unidos, pero dejó de ser rentable y los dueños, que son de nacionalidad estadounidense, decidieron irse del país. Tras los problemas, los empleados acordaron la compra de la empresa, pero se toparon con el problema de que se adeuda a la seguridad social al menos siete millones de bolivianos por concepto de aportes. Son tres meses que los empleados dejaron de percibir sueldos.
Otros 100 trabajadores de Electrofashion también fueron despedidos porque la compañía está en quiebra.
La firma recibía materia prima de la textilera Ametex para procesarla, pero ésta se vio afectada por la pérdida del mercado de Estados Unidos, lo que también les perjudicó.
En el caso de Casa Crisol, de acuerdo con la Confederación de Fabriles, también se da una situación similar a la de las otras factorías, debido a que los trabajadores están en situación de indefensión por los despidos. Al menos 30 obreros están perjudicados porque la empresa enfrenta la falta de mercados.
Otra violación a los derechos laborales
En el Ministerio de Trabajo también cursan otras denuncias contra empresarios que violan los derechos de sus trabajadores, como es el caso de Eximcuero.
El secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Víctor Quispe, explicó que fueron despedidos 25 trabajadores con el argumento de que se cambió la razón social de la empresa.
Sin embargo, consideró que esa acción es ilegal debido a que la nueva empresa no está registrada ni en Fundeempresa ni en ninguna instancia similar. “Esto es una violación directa a los derechos de los trabajadores que por quererse deshacer de una gran cantidad y de más demandas sociales está poniendo en tela de juicio el cambio de razón social”, precisó.
Los trabajadores esperan que las autoridades del Ministerio de Trabajo den solución a estas violaciones y velen por los obreros.
Las empresas, según Quispe, no sólo adeudan sueldos, sino también están impagas obligaciones sociales.
Punto de vista
Bruno rojas, investigador CedlaEl Ministerio de Trabajo debe hacer cumplir la ley, velar por los derechos de los trabajadores que están protegidos por la legislación laboral, esto implica que los inspectores de trabajo no sólo levanten informes de la situación de estas empresas. Por ejemplo, el Gobierno había ratificado el año pasado que hasta el 20 de diciembre todas las empresas debían cumplir con el pago de aguinaldos. El otro tema preocupante es el pago de salarios devengados, el tiempo máximo para que las empresas honren esta obligación es vencido el mes. A esto se debe recordar que en la empresa Makitesa incluso se pagaba salarios mínimos y de hambre, en promedio el ingreso liquido de los trabajadores era de 800 bolivianos, un monto que no alcanza ni siquiera para cubrir el costo de una canasta básica alimentaria, sin contar otros derechos conculcados como la falta de contratos indefinidos.Además se debe señalar que esta empresa como otras del sector textil son maquiladoras y están vinculadas a consorcios que exportan confecciones textiles, antes hacia Estados Unidos bajo las preferencias del ATPDEA y ahora a Venezuela. Este tipo de empresas tienen como característica común la inestabilidad porque su producción depende de la demanda de sus clientes y de los precios que éstos fijen.
Cuando la demanda cae, los que pagan los platos rotos son los trabajadores con despidos, el congelamiento de sus salarios, la postergación en el pago de subsidios como el de natalidad a las mujeres.
Según la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) el Ministerio de Trabajo tiene la atribución de hacer cumplir y defender los derechos de los trabajadores, pero en los hechos éstos se encuentran huérfanos, sin un Estado que los defienda.
El Estado hace poco para hacer cumplir este mandato y la legislación laboral.
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