Los trabajadores fabriles de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) se declararon en emergencia luego de que la justicia congelara las cuentas de la cementera y por la susceptibilidad que existe en sus filas por una posible nacionalización de las empresas que conforman el grupo.
Crispín Gómez, secretario de conflictos del sindicato de trabajadores de Soboce, informó que están preocupados por la actual situación de la empresa y las acciones judiciales.
“Se ha intervenido nuestra fuente de trabajo haciendo una anotación preventiva en Viacha y pretendiendo congelar las acciones de Soboce que afecta a todos los trabajadores en las regionales de Bolivia”.
La mañana de ayer, todos los representantes de las diferentes regionales del país (Emisa, Viacha, Redimix , El Puente, Warnes, Redimix Santa Cruz) se reunieron para sacar un voto resolutivo indicando “que los trabajadores hemos determinado asumir acciones en caso de que nuestras fuentes de trabajo sean afectadas, intervenidas o pretendan nacionalizarlas”.
Los trabajadores esperan el 1 de mayo cuando el Gobierno anuncie un paquete de leyes, entre otras a las que acostumbra en esta fecha, como ocurrió en años pasados cuando se nacionalizó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), La Fundición de Vinto, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) entre otras.
Por esta razón, los trabajadores se declararán en vigilia y si es necesario protagonizarán marchas de protesta hasta que las autoridades les digan “que se respeta todo lo que es Soboce y garantice la estabilidad laboral a quienes quieren invertir en el país”, dijo el dirigente.
“Se comenta mucho del primero de mayo si hay alguna novedad paralizaremos el trabajo, hay mucho comentario y estamos susceptibles En todo el país trabajan 1.600 trabajadores”, acotó Gómez, a la Agencia de Noticias Fides.
NACIONALIZACIÓN MINAS
El Gobierno anunció anteriormente la nacionalización de cuatro minas, sin embargo, esta intención fue desechada luego que trabajadores de las minas Bolívar, Porco Colquiri y San Vicente defendieran sus fuentes de trabajo y a los empresarios.
En este sentido, las minas en mención no serán revertidas este 1 de mayo, pero el Estado tendrá “control total”, para esto se negocia la migración de las actuales modalidades a contratos de riesgo compartido o asociación.
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