Sanciones: El proyecto de Ley de Pensiones incluye cinco años de cárcel para quienes incumplan con el pago de aportes laborales.
El viceministro de Pensiones, Mario Guillén, informó que la Gestora Pública que será creada con la próxima Ley de Pensiones será la encargada de iniciar los procesos penales en contra de los empleadores, gerentes generales y representantes legales que estén vinculados con el delito de retención de aportes laborales.
Guillén explicó que con el proyecto de ley que es debatido se prevé que los trabajadores no realizarán el proceso judicial porque no cuentan con recursos para pagar un abogado.
La Gestora se querellará con los empleadores y cómplices por la retención de los aportes transcurrido un mes de espera, es decir que si el aporte laboral es de junio y no es transferido durante julio, el 1 de agosto se iniciará el juicio en contra de los infractores.
“Cuando te descuentan y no aportan es que en realidad te están robando tu dinero porque eso es parte de tu sueldo; entonces, ahí el (empleador) tendrá que consensuar o conciliar con el trabajador en la medida en que ellos puedan aportar”, explicó a ANF.
La autoridad argumentó que con la nueva norma los empresarios o empleadores que retengan los aportes de los trabajadores para su jubilación serán sancionados con cárcel, previo proceso penal que iniciará la Gestora Pública.
Afirmó que la propuesta de sanciones que prepara el Gobierno en el proyecto podría considerar una pena de cinco años. “Estamos todavía evaluando (la pena). Queremos que sea más de cinco años porque lo que deseamos es que, si el empleador se apropió de estos aportes, pueda entrar a la cárcel”, aseveró.
Guillén explicó que se establecerán dos tipos de procesos. El primero es el civil, destinado a la recuperación de los aportes laborales, y el segundo, el penal, por la retención ilegal de los aportes de los trabajadores.
“Los empresarios que descuenten a los trabajadores y no aporten por ellos al sistema (de pensiones) estarán penados por cárcel y se ha establecido un delito previsional que se llama el aporte indebido de los aportes de los trabajadores”, argumentó el funcionario.
La fuente manifestó que la tipificación específica del delito que se anota en el proyecto de Ley de Pensiones se debe a que muchos jueces, en la actualidad, no dan curso a procesos legales por la retención de aportes con el argumento de que no existe una caracterización jurídica.
En el sector “público se ha establecido el cobro de las entidades públicas donde antes de transferirles los recursos para sueldos ya se descuenta y se aporta” a las cuentas de los trabajadores, resaltó.
Para destacar
Juicios. La Gestora Pública demandara mediante juicio el cumplimiento de las transferencias de aportes laborales.
Proceso. Por la vía civil se buscará recuperar el dinero defraudado y un juicio penal impondrá la privación de libertad.
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