miércoles, 28 de abril de 2010

Demandas al país superan mil millones de dólares

El Estado boliviano enfrenta tres procesos arbitrales con la italiana Euro Telecom International (ETI), la chilena Non Metallic Minerals y la sociedad germano-peruana Oiltanking GMBH y Graña y Montero. El monto demandado alcanza a $us 1.133 millones.

A estos arbitrajes se suma el iniciado el 12 de abril de este año por la anglo-argentina Pan American Energy (PAE). No se conoce el monto solicitado por el consorcio, cuyas acciones en la Empresa Petrolera Chaco fueron nacionalizadas el 23 de enero del 2009.

De las cuatro demandas iniciadas contra el Estado boliviano, tres están radicadas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, y una ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (Países Bajos).

La primera demanda radicada en el CIADI data de febrero del 2006, cuando la empresa Quiborax —subsidiaria de la chilena Non Metallic Minerals— inició el arbitraje debido a la anulación el 2004 de una concesión minera en el salar de Uyuni (Potosí).

La firma demanda un pago de $us 66 millones como compensación por sus inversiones, informó el 15 de abril a La Razón la ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi.

NOTIFICACIÓN. El 12 de enero del 2010, el consorcio Oiltanking-Grupo Graña y Montero presentaron notificación arbitral en contra del Estado boliviano por la nacionalización de sus acciones en la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB).

Previa a la presentación de la demanda arbitral, el presidente del directorio del Grupo Graña y Montero, José Graña, informó que el Gobierno de Bolivia debía pagar $us 40 millones por la expropiación de los activos que tenía la empresa peruana en la CLHB.

Indicó que ese fue el resultado de un proceso de valuación que encargó Graña y Montero a una auditora independiente sobre el valor de las inversiones que se han realizado en CLHB, donde la empresa peruana tiene como socio a Oiltanking de Alemania.

El problema con Euro Telecom International (ETI) empezó en octubre del 2007, cuando el Gobierno se hizo con una parte de las acciones de Entel, las que pertenecían a los bolivianos y que estaban en el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), administrado por las AFP, y pidió negociar con la transnacional para obtener la mayoría accionaria.

ETI apeló al CIADI para iniciar un arbitraje y Bolivia decidió retirarse de esa entidad. El 13 de octubre del 2009, la compañía interpuso un nuevo arbitraje internacional contra Bolivia ante un comité ad hoc de Naciones Unidas por la nacionalización de sus acciones en Entel.

Tras la suscripción de un nuevo acuerdo, el holding europeo pidió una compensación de 700 millones de euros ($us 934 millones), además del pago de un “interés compuesto” de 10% aplicado sobre el monto de compensación que se establezca en el laudo arbitral.

Se pagó $us 240 MM por Transredes

El 2 de junio del 2008, el Gobierno ordenó por decreto la nacionalización del 50% de las acciones que tenían Ashmore y Shell en la transportadora de hidrocarburos Transredes. A mediados de ese mes, la firma británica AEI inició la demanda de arbitraje ante la Cámara de Comercio de Estocolmo (Suecia) y pidió como compensación la suma de $us 500 millones (MM). Tras un corto período de negociaciones, que concluyó entre septiembre y octubre de ese año, el Gobierno boliviano pagó a cada una de las empresas petroleras $us 120 millones.

PAE presenta cuarto arbitraje contra Bolivia

La empresa anglo-argentina Pan American Energy (PAE) presentó el 12 de este mes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI) una demanda contra Bolivia por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Petrolera Chaco.

La demanda de arbitraje es la cuarta que se presenta desde que Evo Morales asumiera el poder, el 22 de enero del 2006, y la tercera ante el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial.

El CIADI señala en su página web que el proceso de demanda ha sido admitido y que está pendiente la conformación del tribunal que verá el caso.

PAE está conformada por las compañías British Petroleum (BP) y por Bridas. Su casa matriz está en Buenos Aires-Argentina.

A pesar del arbitraje presentado por PAE, la empresa es socia de la hispano-argentina Repsol YPF y de la británica British Gas en el bloque Caipipendi, que comprende los campos Margarita y Huacaya (Tarija).

En declaraciones a un medio local, el director general de Defensa Jurisdiccional y Arbitral, Danny López, dijo que Bolivia no aceptará ninguna notificación del CIADI. “Hasta donde conozco, se trata de solicitud de arbitraje, pero el Estado no ha sido notificado oficialmente”, indicó el funcionario del Ministerio de Defensa Legal del Estado.

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