El Gobierno afirma que está trabajando en un plan estratégico para incentivar la producción nacional.
De las más de ocho mil toneladas de ropa usada que se internaron al país tras el decreto que prohibe su importación –21 de abril de 2007–, la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) sólo logró decomisar el 4.5 por ciento de esta mercadería.
El informe brindado por la entidad aduanera y publicado por el Comité de Defensa de la Industria Nacional (Codeina) revela que a pesar de las normas que impiden la importación de ese artículo el mismo ingresa al país en las mismas cantidades que cuando era legal su internación.
El reclamo parte del presidente de la entidad, Porfirio Quispe, quien pide de una vez medidas efectivas para frenar el contrabando de ropa usada y su imparable venta en todo el país, ya que este hecho conlleva un gran perjuicio a la industria nacional que se ve seriamente afectada.
Tomando en cuenta que transcurrieron un año y cinco meses que el Gobierno emitió el decreto que prohibe la importación de ropa usada y más de seis meses que se amplió la venta a pesar de la anterior norma, la actividad en torno a este producto ilícito no ha disminuido en nada, afirmó Quispe.
La petición de informe que le hizo Codeina a la Aduana Nacional revela que más de 350 mil kilos de ropa usada o 350 toneladas equivalente a siete mil fardos han sido confiscados desde la fecha de prohibición de importación de ropa a medio uso a Bolivia hasta agosto pasado.
Seis son los puntos aduaneros en todo el país donde se ha incautado la cantidad de ropa usada citado por el informe de la ANB.
Es así, que en Oruro se decomisaron más de 169 toneladas de ropa usada; en La Paz más de 66 toneladas; Cochabamba más de 61 toneladas; Santa Cruz más de 47 toneladas, Sucre 15 toneladas y en Tarija se decomisaron casi dos toneladas de prendas a medio uso de contrabando.
“Pese a los esfuerzos de la Aduana se ha logrado incautar sólo el 4.5 por ciento del cien por ciento que ingresa como contrabando al país”, afirmó Quispe.
Esos datos provienen de un estudio de la Cámara Nacional de Industrias y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) que afirman que si bien ingresaban más de ocho mil toneladas por año, de esa cantidad sólo se lograron incautar 350 toneladas que equivale al 4.3 por ciento, y más de siete mil toneladas continúan comercializándose como contrabando.
De esa mercadería que ingresó de manera legal, antes que sea emitido el decreto que prohibe su importación, aún queda un stock importante que se encuentra almacenado en lugares estratégicos del territorio nacional esperando fechas “claves” para sacar al mercado interno.
Reunión
En ese contexto, Codeina solicitó de forma escrita a la ANB realizar una reunión conjunta entre la entidad, Codeina, la CNI, el IBCE y todo el sector productivo para decidir cuál es el destino que va a tener la mercadería que fue decomisada por la Aduana.
Codeina planteará en la reunión que esa ropa decomisada de contrabando sea reciclada y no donarla a grupos de escasos recursos mediante las Organizaciones No Gubernamentales.
Reconversión
De la misma manera, los pequeños productores observan que el plan de reconversión productiva que lanzó en abril del año pasado el Ministerio de Producción y Microempresa, no avanzó en lo absoluto.
Es más, desde la última ampliación para vender esta ropa que fue a principios de abril de este año, hasta el momento no se ha realizado ninguna reunión con los sectores interesados para llevar adelante esta reconversión.
Para el Presidente de Codeina esa es una invitación directa a los representantes de los ropavejeros, a que cuando se esté por cumplir el plazo en abril de 2009, otra vez se convoquen a medidas de presión para que el Gobierno vuelva a ampliar la venta de ropa usada y si es posible su libre importación.
Gobierno
Al respecto, la ministra interina de Producción y Microempresa, Graciela Toro, afirmó que el Gobierno por el momento está en la elaboración de una política adecuada para los pequeños productores de manufactura, además se tiene planeado conformar una corporación de recursos destinados a mejorar la producción del país.
“También estamos trabajando desde este Ministerio en lograr la ampliación del ATDEA (Ley de Preferencias Arancelarias) para lograr importantes exportaciones en función de lograr mejores beneficios”, manifestó Toro.
El movimiento económico de este negocio supera los 40 millones de dólares anuales y aparte de la pérdida de tributos por la internación ilegal que podrían superar tranquilamente los diez millones de dólares, lo que afecta a la población es la pérdida de fuentes de empleo. Entre el 2000 y el 2005 Bolivia perdió 56.000 fuentes de empleo sólo en el sector textil, y 107.000 empleos si se considera toda la cadena productiva.
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